Este otro muro no es tan visible como la polémica barrera de seguridad que Israel construye entre su territorio y Cisjordania, pero es real: separa a unos palestinos de otros, y parece que nunca se va a derribar.
El nombre del muro es Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel, y prohíbe a ciudadanos israelíes (fundamentalmente de origen palestino) casados con palestinos de los territorios ocupados vivir con sus cónyuges en Israel.
Así, miles de palestinos ven negado su derecho fundamental a vivir como una familia por una ley israelí que debe ser revisada a finales de este mes, protestó este martes la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional en un nuevo informe, titulado Desgarradas: Familias divididas por políticas discriminatorias.
Es muy difícil estimar el número de afectados, porque muchos de los solicitantes (de residencia en Israel) no obtienen una respuesta, y otros directamente no presentan la solicitud por miedo a que sus cónyuges sean expulsados de Israel, dijo a IPS la autora del informe, Donatella Rovera. Pero hablamos de miles de personas, agregó.
Cerca de un millón de israelíes en una población total de seis millones son de origen palestino.
Esta ley discrimina explícitamente a los palestinos de los territorios ocupados, e implícitamente a los palestinos ciudadanos de Israel que se casan con aquéllos. Esta norma es claramente discriminatoria, afirmó Rovera.
En los hechos, la ley implica que miles de palestinos que viven en los territorios ocupados no pueden reunirse con sus cónyuges residentes en Israel.
Tras 14 años de matrimonio, mi esposo y padre de mis hijos no tiene derecho a dormir en nuestra casa, no tiene derecho a dar a sus hijas un beso de buenas noches, a estar allí si se ponen enfermas por la noche… ¿Qué lógica tiene obligar a las familias a pasar por ese infierno un día tras otro, año tras año?, preguntó Terry Bullata, directora de escuela de Jerusalén, de 38 años, citada en el informe de Amnistía.
En el Ministerio del Interior me dijeron que o me divorciaba o me iba a vivir a Cisjordania. Pero yo amo a mi esposo y él me ama a mí, y no queremos divorciarnos, y yo no quiero llevar a mis hijos a vivir a Cisjordania, en medio de una guerra y una situación de inseguridad, dice Salwa Abu Jaber, ayudante de guardería de Umm al-Ghanam, en el norte de Israel, también citada en el informe.
La ley fue aprobada a fines de julio de 2003, pero antes de esto, el Ministerio del Interior había implementado políticas discriminatorias que funcionaban como una ley. La ley sólo fue el sello de aprobación parlamentario, dijo Rovera.
El ejército israelí también ha suspendido desde finales del año 2000 los procedimientos de unificación familiar para los residentes palestinos de los Territorios Ocupados casados con ciudadanos o residentes de otros países.
Mientras, el parlamento israelí se dispone a extender la vigencia de la ley. Cualquier cambio hubiera requerido la creación de un comité de revisión, pero no se ha creado ningún comité. Funcionarios del Ministerio del Interior de Israel señalaron que la ley será extendida, dijo Rovera.
Sin embargo, debemos presionar igualmente al parlamento para que no renueve la ley. En estos tiempos, esas normas abiertamente racistas son inaceptables, agregó.
Según Amnistía, la Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel institucionaliza la discriminación racial en contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Sin el derecho a la unificación familiar, miles de ciudadanos palestinos de Israel y residentes de Jerusalén tienen que vivir ilegalmente con sus cónyuges, temiendo a diario la expulsión, o sacar a toda su familia del país, lamentó la organización.
El gobierno de Ariel Sharon justifica la prohibición de la unificación familiar por razones de seguridad y alegando que la ley tiene como finalidad reducir la amenaza potencial de ataques a Israel por parte de palestinos.
Sin embargo, ministros y autoridades israelíes señalan en forma reiterada que el porcentaje de ciudadanos palestinos de Israel constituye una amenaza demográfica y una amenaza a la naturaleza judía del Estado. Esto sugiere que la ley forma parte de una larga política dirigida a restringir el número de palestinos a los que se permite vivir en Israel y Jerusalén Oriental, opinó la organización de derechos humanos.
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que deroguen la Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel, reanuden el procesamiento de las solicitudes de unificación de acuerdo con el principio de no discriminación, procesen las miles de solicitudes atrasadas y reexaminen las solicitudes denegadas antes de la suspensión del procedimiento.
También les solicita que expliquen a todos los solicitantes cuya solicitud sea denegada los motivos de tal denegación, para que puedan impugnar la decisión.
