Romper la lógica tradicional del Estado, que trata a la mujer como un apéndice familiar, es la ambición que mueve a la secretaria especial de Políticas para las Mujeres, Nilcea Freire, a conducir una conferencia nacional en Brasilia desde este jueves hasta el sábado.
Es la primera vez que el gobierno brasileño convoca un proceso de consulta de esta amplitud para diseñar políticas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, dijo a IPS la secretaria, que tiene rango de ministra.
Desde enero, más de 100.000 mujeres participaron en reuniones en 2.000 municipios y en los 27 estados del país, aprobando cerca de 3.000 propuestas y eligiendo a las 2.000 delegadas que las representarán en la conferencia nacional.
De todo ese proceso deben salir las directrices que servirán de base al primer Plan Nacional de Políticas para las Mujeres.
Lo que se pretende es superar el asistencialismo que ve a la mujer sólo como madre o esposa y convertirla en sujeto de derecho en las políticas de todas las áreas que generen condiciones para una verdadera igualdad, sostuvo.
Ampliar la autonomía, especialmente en lo económico, es clave, opinó. Por ello se requiere que las mujeres tengan igual acceso al crédito, a la propiedad y al trabajo, con remuneraciones equitativas, como dice la ley.
El crédito para las mujeres debe seguir criterios diferenciados, porque ellas no tienen condiciones para ofrecer garantías de pago, como las propiedades, en general monopolizadas por los hombres, destacó Freire.
En Brasil, apenas ahora los asentamientos de familias campesinas en el marco de la reforma agraria conceden a las mujeres títulos de propiedad y financiamientos específicos.
La población trabajadora femenina sigue ganando, en promedio, 35 por ciento menos que lo masculina.
Hay que hacer cumplir la ley, que promete equidad pero es defraudada mediante muchos artificios, impidiendo la igualdad de oportunidades, sostuvo la ministra.
Según un estudio citado por Freire, en las 500 mayores empresas brasileñas las mujeres ocupan apenas nueve por ciento de los cargos de dirección. Esta situación subalterna y la menor remuneración persisten pese a la mayor escolaridad femenina.
La autonomía económica y la reducción de la pobreza son condiciones básicas para que las mujeres puedan enfrentar otros problemas, como la violencia doméstica, las discriminaciones y otras cuestiones que serán discutidas en la conferencia.
Las 3.000 propuestas aprobadas en las reuniones plenarias municipales y estaduales fueron consolidadas en cinco ejes temáticos: el combate de la pobreza, y el de la violencia, el bienestar de las mujeres, el acceso al poder, y la cultura o conocimiento para la igualdad, explicó Freire.
El movimiento femenino, que dos años atrás organizó su propia conferencia nacional, sin el gobierno, participa ahora de la iniciativa oficial, con gran esperanza en que se materialicen los cambios prometidos, afirmó a IPS la asesora parlamentaria del Centro Feminista de Estudios y Asesoría (Cfemea), Eliana Magalhaes Graça.
Además de políticas públicas que amplíen la presencia femenina en las instancias del poder político, combatan las desigualdades y aseguren derechos sexuales y reproductivos, queremos que el Estado tenga condiciones efectivas para ejecutarlas, dijo.
El presupuesto gubernamental también debe estar abierto a la participación, a la interferencia y al control de los movimientos sociales, para asegurar que las políticas sean concretadas, explicó la activista.
El gobierno del ex líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva es más participativo que los anteriores, reconoció. Se crearon varios consejos y se promovieron conferencias nacionales sobre distintos temas, como ambiente, derechos humanos y seguridad alimentaria.
Pero falta asegurar recursos para la ejecución, por lo cual es fundamental un presupuesto también participativo, que ya se practica en muchos municipios, especialmente en los gobernados por el Partido de los Trabajadores (PT) fundado por Lula.
Pero esto no ocurre en el gobierno central, observó Graça.
Esa participación exige también mayor transparencia en la información sobre las cuentas públicas, acotó.
Otro reclamo de las mujeres es que todas las políticas sean evaluadas y aplicadas con una perspectiva de género. Es necesario conocer si los programas sociales están mejorando de hecho las condiciones de las mujeres, que son la mayoría de los pobres y cuya situación repercute en toda la familia.
Las mujeres ya son jefas de 26 por ciento de las familias del país, y en las regiones metropolitanas esa proporción sube a más de un tercio, según estadísticas oficiales.
En 87 por ciento de los casos, las mujeres responden solas por la familia, mientras 90 por ciento de los hombres asumen la jefatura con ayuda de sus compañeras, destacó Graça.
Políticas de generación de empleo, más capacitación y remuneración para las mujeres, además de una reforma de las leyes laborales que mejore su situación, son condiciones que Maria Betania Avila, coordinadora de la organización feminista SOS Cuerpo, considera esenciales para la igualdad.
Esta conferencia será un momento importante para el avance de las luchas femeninas, opinó.
