Unos 4,4 millones de bolivianos están habilitados para decidir el próximo domingo en las urnas la crucial política sobre los hidrocarburos de su país, especialmente rico en reservas de gas natural pero uno de los más pobres de América Latina.
En medio de amenazas de boicot y llamados a anular el voto, este plebiscito también respaldado por propios y ajenos al gobierno y por organizaciones sociales y humanitarias es considerado un capítulo preliminar de la Asamblea Constituyente convocada para 2005 con el enunciado de refundar Bolivia.
A través de una boleta con cinco preguntas, la ciudadanía se expresará por Sí o por No a la continuidad de la ley de hidrocarburos promulgada en 1996 en la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, que atrajo inversiones externas por 3.000 millones de dólares a la par de que despertaba una fuerte corriente en favor de la nacionalización de los ricos campos gasíferos.
Cada una de las cinco preguntas es explicativa, sigue una coherencia temática y busca respaldo para recuperar el control del petróleo y el gas extraído (en boca de pozo), otorgar protagonismo a la hoy debilitada firma estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y para usar el gas como recurso estratégico en una eventual negociación de una salida al océano por Chile.
En busca de sustento a sus planes de energía, el presidente Carlos Mesa sabrá en la noche del domingo si la mayoría de los ciudadanos está de acuerdo, por ejemplo, con la exportación de gas tras cubrir la demanda interna de hogares e industria y con el aumento de 18 hasta 50 por ciento de impuestos sobre el valor producido por las compañías petroleras.
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Mesa impulsa la votación por el Sí en las cinco casillas para guardar coherencia en el proyecto sustituto de ley de hidrocarburos que enviará al Congreso luego de conocerse los resultados del referéndum, con las preguntas contabilizadas por separado y que según la Corte Nacional Electoral se conocerán el mismo domingo 18.
Aunque la consulta constitucional es de carácter vinculante, los analistas políticos entienden que cada una de las preguntas pueden tener interpretaciones diferentes en el Congreso, que tiene la misión de traducir los resultados en una legislación en materia de administración de los recursos hidrocarburíferos del país.
No tengo miedo a la Asamblea ni al referéndum, ni a las autonomías, porque este es el tiempo del cambio estructural del país, expresó Mesa días atrás ante empresarios de la central ciudad de Santa Cruz de la Sierra, a quienes les resulta indiferente el referéndum pero guardan energías para la constituyente de refundación de Bolivia del año próximo.
A pocos días del plebiscito, cuyo único antecedente en la historia de Bolivia fue el realizado en 1931 sobre la autonomía de la universidad pública como asunto central, el ambiente social aparece caldeado con una declaración de huelga por 72 horas en la ciudad de El Alto, lindante de La Paz, que fue el epicentro de la revuelta popular de octubre.
La llamada guerra del gas, impulsada por organizaciones de campesinos, de trabajadores desempleados y de comerciantes, dejó unos 70 muertos a manos de la represión policial y militar, echó por tierra el plan de exportación de ese combustible a América del Norte por puertos de Chile y culminó con la renuncia de Sánchez de Lozada a su segunda presidencia, iniciada en 2002.
Aunque el plebiscito sobre el gas fue una de las banderas de la lucha social de casi un mes, que finalizó al asumir el gobierno el 17 de octubre el hasta ese momento vicepresidente Mesa, hoy los líderes alteños llaman a boicotear la consulta por entender que las preguntas no interpretan cabalmente su planteo de una política radical de nacionalización de las 78 concesiones petroleras.
Mientras, en las zonas rurales los dirigentes más radicalizados anuncian la destrucción e incineración de urnas y otras acciones para impedir el voto, acciones considerdas delito y que merecen sanción, dijo a IPS el ex vicepresidente Luis Ossio Sanjinés (1989-1993).
Las protestas en El Alto no extrañan pues es uno de los lugares con menor cobertura de servicios públicos de Bolivia, pese a ser vecino de La Paz, y la pobreza alcanza a 71 por ciento de sus habitantes, lo que ayuda a elevar a 51 por ciento el promedio de ese indicador para los nueve millones de boliviano, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Por el contrario, el central departamento de Santa Cruz posee apenas nueve por ciento de pobreza, según ese mismo instituto.
El ingreso anual por persona en Bolivia está estimado en 870 dólares, mientras un estudio del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) sostiene que el número de desempleados en todo el país ascenderá a 360.000 a fines de este año.
Las petroleras nos traen pobreza y miseria. Ellos viven sus campamentos como reyes y nosotros como mendigos, dijo uno de los 60 manifestantes que el martes llegaron a La Paz tras recorrer unos 1.500 kilómetros a pie, desde la meridional zona del Chaco, donde la firma brasileña Petrobras explota el campo de San Alberto, con 11,94 trillones de pies cúbicos de volumen de gas.
Las reservas certificadas probadas y probables de gas natural de Bolivia, en control de 12 empresas petroleras transnacionales, llegan a 54 trillones de pies cúbicos y significa la segunda más importante de América del Sur después de Venezuela.
Con sombreros de cuero de ala ancha, rompieron su silencio al trepar desde el llano hasta los 3.800 metros sobre el nivel de La Paz, la ciudad sede del gobierno, y reclamaron la anulación del contrato con Petrobras, a la que acusan de expropiarles sin compensación de 500 hectáreas de tierras de cultivo y por contaminar sus ríos.
En tanto, la consulta aún es motivo de polémica en materia de alcance constitucional. En términos doctrinarios, el llamado a una consulta para aplicar una política es un plebiscito, según Ossio Sanjinés. Sin embargo aclara que la figura de referéndum se emplea cuando es necesaria una decisión arbitral entre dos posiciones, en este caso el Sí o el No para cambiar de política en el sector hidrocarburífero.
Por su parte, el constitucionalista y ex parlamentario Benjamín Miguel dijo a IPS que es irrelevante el empleo de plebiscito o referéndum, pero prefiere adecuarse al segundo caso cuya legislación le otorga validez solamente cuando más de 50 por ciento de las personas acude a las urnas.
Mientras la ley del referéndum establece que el voto es voluntario, el Tribunal Constitucional dispuso la obligatoriedad del sufragio.
Para el analista Alvaro García Línera, el plebiscito y referéndum se fusionaron porque se somete a consideración de la gente un tema particular, pero, simultáneamente, este acto se asemeja a una evaluación del comportamiento gubernamental en relación del tema hidrocarburífero.
El referéndum otorgará legitimidad numérica a un presidente (Mesa) sin bancada parlamentaria propia y con movimientos sociales dispersos, explicó a IPS.
Según Carlos Villegas, analista del CEDLA, la consulta no implicará cambios sustanciales en el sector energético. Asegura que los 78 contratos de empresas privadas con el estado boliviano para la explotación de hidrocarburos permanecerán sin cambios y afirma que los resultados del domingo serán aplicados a futuros contratos.
El coordinador oficial del referéndum, Ricardo Paz Ballivián, descarta una nacionalización por la vía de la confiscación de activos de las petroleras, pero promete la revisión de los contratos que otorgan a las petroleras el control sobre las reservas de gas natural.
En cuanto a las expectativas de participación ciudadana, el gobierno hace una campaña para una masiva presencia mientras los partidos políticos adoptan posiciones diversas.
En las zonas productoras de la hoja de coca y algunas poblaciones rurales, el Movimiento al Socialismo (MAS) respalda la consulta y, consecuentemente, se opone al boicot planteado por otros campesinos, indicó a IPS su dirigente y segundo vicepresidente de la cámara de diputados, Dionicio Núñez.
El MAS, liderado por Evo Morales, instruyó apoyar con el Sí la anulación de la actual ley de hidrocarburos, la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y la refundación de YPFB.
En las casillas correspondientes al uso del gas natural como recurso estratégico para obtener una salida soberana al océano Pacífico y la exportación del energético, el MAS votará por No, porque interpreta que ambas se orientan sólo a respaldar la política energética de Mesa y a fortalecer la permanencia en Bolivia de las transnacionales para las exportaciones.
La abstención y destrucción de urnas son promovidas por el Movimiento Indígena Pachakuti, encabezado por Felipe Quispe, mientras que el opositor Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) llama a votar por el Sí en las cinco casillas.
Pero el debate político recién comenzará al día siguiente del plebiscito cuando las diferentes corrientes hagan su interpretación de los resultados para redactar la nueva legislación, sostuvo García Linera.
Por ello se prevé un acercamiento a Mesa del MIR y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (al que pertenecía Sánchez de Lozada), con el fin de equilibrar un desplazamiento a la izquierda del MAS, que pugnará por la mayor presencia de la petrolera estatal y por la recuperación de los hidrocarburos para el Estado.
El fortalecimiento de YPFB puede adquirir diferentes dimensiones. Villegas recuerda que el primer proyecto de legislación energética de Mesa apuntaba sobre futuros contratos y dejaba inalterables los actuales. Por ello se concluye que el gobierno aplicará los cambios en materia tributaria y administración de contratos con los nuevos inversionistas.
Empero, la tarea que podría comprometer a la unidad nacional es la Asamblea Constituyente por la demanda oriental de una autonomía política y económica.
Aunque sin éxito, el movimiento cívico oriental impulsado por empresarios y propietarios de grandes extensiones de tierra, intenta sumar a otras regiones del norte y sur del país para promover cambios sustanciales en la Asamblea que se realizará el próximo año.
