El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se dispone a poner en vigencia una ley que permitirá a la Fuerza Aérea abatir aviones que ocupen sin autorización el espacio aéreo del país, lo que muchos consideran inconstitucional por introducir la pena de muerte.
La ley fue aprobada por el Congreso en marzo de 1998, pero su aplicación depende de un decreto de reglamentación que recién ahora fue concluido por los ministerios de Defensa y Justicia. El objetivo es reprimir vuelos clandestinos que sirven al narcotráfico y otras actividades criminales o violatorias de la soberanía nacional.
El diputado Fernando Gabeira, sin partido, dijo a IPS que cuestionará la norma ante la Corte Suprema apenas se firme el decreto, porque la Constitución no acepta la pena de muerte, pero esta ley la establece ”por vía infraconstitucional”, y permite incluso, ”matar a tripulación y pasajeros que a veces nada tienen que ver con un crimen”.
En la Amazonia, el avión es un medio de transporte necesario y muchos viajan ”de favor”, argumentó.
Las compañías aéreas también temen a la ley, porque muchos de sus aviones sólo disponen de equipos técnicos precarios y podrían ser abatidos simplemente por incapacidad de identificarse, según Gabeira.
La nueva legislación fue aprobada con amplia mayoría en el Congreso, admitió el diputado, que atribuyo eso a una ”visión equivocada” capaz de implantar ”un clima de guerra” en la Amazonia que ”no interesa a nadie”.
Hay, en su opinión, alternativas para reprimir los vuelos ilegales, como el uso de balas conteniendo tintas indelebles para ”marcar las aeronaves”.
La opción por abatir aviones ”es drástica, pero necesaria”, sostuvo por su parte Volnei Garrafa, presidente de la Sociedad Brasileña de Bioética, aclarando que se trata de su ”opinión personal” y no la de esa institución.
Brasil tiene que ”defender sus fronteras” frecuentemente violadas, en especial en la Amazonia, y además se trata de ”proteger la sociedad” con una medida ”en beneficio de mucha gente”, afirmó. Si ello introduce la pena de muerte es tema para un ”interesante debate” de la sociedad, añadió.
Es una ley que ”esperamos no tener que usar nunca”, arguyó el ministro de Defensa, José Viegas Filho, quien destacó que la intención es reservar los disparos contra aviones en vuelo para casos en que se hayan producido nueve intentos de comunicación sin respuesta satisfactoria.
Antes se comprobará si se trata de avión sin identificación o con identificación falsa, y si entró en el espacio aéreo brasileño sin aviso previo ni plan de vuelo autorizado. Además se hará comunicación por radio y disparos de advertencia.
Pese a los cuidados y los argumentos favorables, el gobierno brasileño, tanto el actual como el anterior, presidido por Fernando Henrique Cardoso, demoró seis años en poner en práctica esta ley, y esa demora se atribuye a presiones estadounidenses, negadas por el ministro Viegas.
Es necesario que la aplicación de la ley brasileña esté de acuerdo con ”los requerimientos legales de Estados Unidos”, ya que de lo contrario Washington suspenderá la asistencia a la represión contra el narcotráfico, dijo el mes pasado el portavoz del Departamento de Estado, (Ministerio de relaciones Exteriores) estadounidense, Richard Boucher.
Washington incentivó en el pasado el abatimiento de aviones del narcotráfico, práctica aprobada en Colombia y Perú con ayuda estadounidense.
Pero la medida se hizo cuestionable para Estados Unidos desde 2001, cuando la Fuerza Aérea Peruana derribó por error un pequeño avión, matando a una misionera estadounidense y su hija de pocos meses.
Brasil dispone de recursos propios para identificar aviones clandestinos en su territorio, especialmente por contar con el Sistema de Vigilancia de la Amazonia (Sivam), un conjunto de radares, aviones y centros de información y comunicación informatizados, en operación desde el año pasado.
Pero gran parte de los equipos del Sivam, cuyos datos son deseados también por algunos vecinos amazónicos, incluyendo a Colombia y Perú, fueron suministrados por Estados Unidos, en una licitación internacional en los años 90, controvertida por supuesto favoritismo en beneficio de empresas estadounidenses.
Tal situación alimenta sospechas de que Washington podría condicionar el suministro de nuevos equipos al Sivam o la cooperación necesaria al sistema. Esta sería una de las formas de presión ejercida en relación con el abatimiento de aviones, según Gabeira.
