Diez años después del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), aumenta la frustración de familiares de las víctimas y dirigentes de la colectividad judía ante una investigación fallida.
El gobierno encabezado por el presidente Néstor Kirchner dispuso para este domingo una jornada de "duelo nacional" con banderas a media asta en homenaje a las víctimas de aquella "irracional agresión", que ocurrió el 18 de julio de 1994.
Para el Poder Ejecutivo, el atentado contra la AMIA, con un saldo de 85 muertos y 300 heridos, fue el "más sangriento de la historia argentina".
Los actos de recordación ya comenzaron, y el homenaje principal se realizará este domingo, convocado por la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), en el lugar del atentado y con asistencia prometida de Kirchner y otras autoridades.
El clima que rodea al homenaje es de vergüenza, frustración, desaliento y enojo de los familiares y dirigentes de la comunidad judía por el fracaso de la investigación, sobre todo durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999) cuando se produjo el ataque y, según coinciden en señalar todos, no hubo voluntad de dar con los autores.
El actual presidente de la AMIA, Abraham Kabul, dijo que la falta de esclarecimiento de este atentado pone en evidencia que la justicia argentina "es una vergüenza" y aseguró que el juicio que se lleva adelante contra los argentinos acusados de dar apoyo logísticos a los terroristas "es una estafa".
"El gobierno de Menem no tuvo voluntad de investigar", afirmó.
Del mismo modo se pronunciaron familiares y abogados de las víctimas. "El juicio (a los sospechosos de dar apoyo local al atentado) fue la etapa final de una instrucción delictiva e irregular", acusó Laura Ginsberg, viuda de una víctima e integrante de la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA.
Por su parte Diana Malamud, viuda de otra víctima y dirigente de la organización Memoria Activa, consideró que el juicio "fue la confirmación del encubrimiento".
Malamud dijo a IPS que las esperanzas de hallar la verdad "se diluyen", y que su enojo por el mal manejo de la causa ha llegado a ser mayor que el que le causó el atentado.
Los dirigentes de la comunidad judía internacional también lamentaron la falta de resultados. El presidente del Comité Judío Estadounidense, Robert Goodkind, dijo que la investigación del caso "es una vergüenza para toda la sociedad, y un mensaje al mundo de que Argentina puede ser atacada con impunidad".
El ataque a la AMIA, una institución dedicada desde hacía más de un siglo a brindar asistencia social a judíos y no judíos de Argentina, se produjo poco más de dos años después de un atentado contra la embajada de Israel en Buenos Aires, en el que hubo 25 muertos y que tampoco fue esclarecido.
Durante 10 años de investigaciones, hubo robo de pruebas del juzgado, sobornos de la justicia a uno de los imputados, funcionarios que nunca respondieron a pedidos de informes, solicitudes de captura internacional infructuosas, pistas falsas y testimonios armados, entre otras muchas irregularidades.
Desde el comienzo, la pesquisa quedó dividida en dos partes. Por un lado, la justicia federal indagó sobre posibles conexiones internacionales para dar con los autores intelectuales del ataque, y el juez federal Juan José Galeano pidió la captura de 10 diplomáticos iraníes sospechosos de coordinar el atentado.
Galeano sostenía que el ataque había sido efectuado por miembros del grupo libanés Hizbolá (Partido de Dios), con apoyo financiero iraní a través de la embajada de Irán en Argentina. Pero Teherán rechazó el pedido de detenciones e incluso rompió vinculos comerciales con Buenos Aires.
El juez investigó además la llamada "conexión local", por la cual se detuvo al mecánico Carlos Telleldín, acusado de preparar la camioneta vehículo usado para cargar los explosivos que estallaron frente al edificio, y a cuatro ex policías de la provincia de Buenos Aires, sospechosos de entregar ese vehículo a los autores del atentado.
Telleldín y los cuatro ex policías fueron a juicio oral y después de casi tres años están a punto de escuchar el veredicto final del tribunal.
El juicio tuvo una derivación inesperada cuando Kirchner, tras asumir la presidencia, ordenó relevar del secreto a agentes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para que aportaran a la investigación.
El entonces jefe de la SIDE, Hugo Anzorregui, llegó a responder más de 50 veces "no lo recuerdo" cuando el tribunal lo interrogó, pero sus subordinados sí aportaron datos, y provocaron un escándalo que causó honda conmoción entre los familiares de víctimas, al admitir que Galeano había pagado 400.000 dólares a Telleldín para que involucrara a los ex policías.
Esa confesión representó un duro golpe a la investigación. Galeano y los fiscales que habían intervenido en el caso fueron separados de la pesquisa, y ahora se teme que los únicos acusados queden libres de cargos.
En paralelo a ese proceso criticado por familiares de víctimas y dirigentes de la colectividad judía, las actuales autoridades de la SIDE dieron a conocer una nueva hipótesis, según la cual los diplomáticos iraníes sí estarían involucrados y habría además un sospechoso prófugo, el colombiano Samuel Salmán El Reda, miembro de Hizbolá.
La pesquisa de la SIDE, apoyada por el Ministerio de Justicia, indicó que hubo llamadas telefónicas cruzadas en los días previos al atentado entre Argentina, Brasil, Líbano y un teléfono celular ubicado en la Triple Frontera, zona en que confluyen los límites de Argentina, Brasil y Paraguay.
El informe señala además que tres personas llegaron desde Líbano para perpetrar el atentado, que una de ellas habría muerto dentro de la camioneta empleada para cometerlo, y que las otras dos habrían logrado salir de Argentina.
El Reda, que se mantiene prófugo, habría sido el coordinador de la operación desde el extranjero, sospecha la SIDE.
Según esta nueva hipótesis, Telleldín habría desempeñado un papel secundario: el de preparar el vehículo para llevar la carga de explosivos, pero sin saber cuál sería concretamente su uso.
El nuevo informe no menciona que la camioneta haya sido entregada luego a los ex policías, como se sostenía en la hipótesis llevada a juicio.
En cambio, se destaca el nombre de un argentino de origen sirio, Kanoore Edul, que desde el comienzo de las investigaciones estaba bajo sospecha por haber llamado a Telleldin para comprarle la camioneta. Edul llegó a estar detenido, pero se llegó a la conclusión de que no había pruebas para procesarlo en esta causa. (FIN/IPS/mv/mp/ip/04)
