Políticos y grupos ambientalistas de Estados Unidos rechazaron los esfuerzos del gobierno por debilitar una norma que protege los bosques silvestres de la tala, la construcción de carreteras y otros proyectos de desarrollo.
El gobierno de George W. Bush actúa en interés de la industria forestal y a expensas de los bosques nacionales al tratar de derogar la Norma de Conservación de Areas sin Carreteras, acusaron la senadora Maria Cantwell y los representantes Jay Inslee, Rosa DeLauro, Maurice Hinchey y Earl Blumenauer, en una conferencia de prensa en el Capitolio, sede del Congreso legislativo.
La norma, aprobada en enero de 2001 tras más de dos décadas de debate y tres años de revisión oficial y participación pública, excluye 24 millones de hectáreas de las tierras pasibles de desarrollo. Juntos, esos bosques tienen aproximadamente el tamaño de Gran Bretaña.
Se realizaron 600 reuniones para discutir este asunto, y 96 por ciento de los participantes apoyaron la norma. Ahora, el presidente Bush quiere hacerla pedazos, se quejó Inslee en una entrevista.
Inmediatamente después de asumir la presidencia, en enero de 2001, Bush suspendió la aplicación de la norma. Pero en mayo de 2001, bajo presión del Congreso y el público, su gobierno prometió mantener la norma, con cambios menores.
Pese a su promesa, la administración anunció grandes cambios en la norma en junio de 2003, y no la defendió contra una impugnación de la empresa forestal Boise Cascade, la tribu indígena kootenai y el estado de Idaho, en la corte federal de distrito de ese estado.
La defensa de la norma por el gobierno fue tan mala que el juez citó los propios argumentos de la administración en su sentencia, que impuso un interdicto preliminar.
El gobierno decidió entonces no defender la norma en la Novena Corte Federal de Circuito de Apelaciones, pese a la promesa del fiscal general John Ashcroft de que sí lo haría.
La firma de derecho ambiental Earthjustice, en representación de nueve grupos ecologistas, apeló ante la Novena Corte, que en diciembre de 2002 anuló el interdicto de Idaho.
El gobierno renegó la semana pasada de su compromiso de proteger la Norma de Conservación de Areas sin Carreteras cuando la secretaria de Agricultura, Ann Veneman, anunció una propuesta para anularla.
El plan de las autoridades es sustituir la norma por otra que permita a los gobernadores solicitar la protección o el desarrollo de áreas sin carreteras en sus estados.
El presidente Bush intenta acabar con la norma. Sesenta millones de acres estaban protegidos la semana pasada, pero la nueva política protegerá cero acre. Bush ha eliminado de hecho toda protección de esas zonas contra la tala, lamentó Inslee.
La derogación de la norma abriría la puerta a solucitudes a nivel estadual de empresas forestales, mineras y otras.
En julio de 2003, el gobierno propuso formalmente exceptuar a los bosques nacionales Tongass y Chugach, de Alaska, de la Norma de Conservación de Areas sin Carreteras. La Casa Blanca recibió más de 300.000 cartas de protesta de congresistas, empresarios y ciudadanos comunes, que se oponían al plan.
Pero el 23 de diciembre del año pasado, la administración reafirmó discretamente su decisión de exceptuar los bosques de Alaska de la norma.
La excepción de Tongass abre camino a casi 50 proyectos de explotación forestal, planificados por la industria y la administración Bush, denunció el grupo ambientalista Heritage Forests Campaign (HFC).
Los proyectos incluyen la venta de madera de la isla de Kuiu y la propuesta de construir más caminos en la zona. Esto contradice directamente una enmienda de la Cámara de Representantes al proyecto de asignaciones presupuestales que limita los fondos para caminos forestales en Tongass, dijo a IPS Emily Ferry, organizadora comunitaria del Consejo de Conservación del Sureste de Alaska.
Otras áreas amenazadas por la posible derogación de la norma son el bosque nacional de Siskiyou, en Oregon y California, Sage Creek, en Idaho, y el bosque nacional Chequamegon-Nicolet, en Wisconsin, según el HFC.
Pocos o ningún gobernador invertirá sus limitados recursos o su capital político para pedir al Servicio de Bosques que proteja esas áreas silvestres, porque saben que al final será Mark Rey, un ex cabildero de la industria forestal, quien tomará la decisión en su carácter de subsecretario del Departamento de Agricultura, sostuvo el HFC en un comunicado de prensa.
