– Muchos gobiernos parecen estar logrando avances en la lucha contra el tráfico internacional de personas, según el último informe especial del Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos.
El estudio anual menciona casi 8.000 acusaciones contra sospechosos de tráfico de personas el año pasado y casi 3.000 condenas, entre las que destaca las registradas en Gran Bretaña y en Macedonia.
El informe, que cubre la situación en 140 países, calcula que entre 600.000 y 800.000 personas son objeto de tráfico transfronterizo cada año. Del total, 80 por ciento son mujeres y la mitad, niños y niñas. Setenta por ciento de las mujeres son traficadas para explotación sexual.
Entre dos millones y cuatro millones han sido traficados entre países, según el estudio, ordenado al Departamento de Estado por la Ley de Protección a las Víctimas de Tráfico, sancionada en 2000.
El informe calcula que entre 14.500 y 17.000 personas fueron conducidas ilegalmente a territorio estadounidense, una cantidad significativamente menor a la estimada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un análisis realizado hace cinco años.
El asesor especial del gobierno en materia de tráfico de personas, John Miller, atribuyó la diferencia al uso de nuevas metodologías estadísticas.
Al presentar el informe de 270 páginas, el secretario de Estado (canciller) Colin Powell anunció que algunos países habían mejorado su posición del grado tres —en el que se clasifica a los que no cumplen los criterios mínimos fijados por la ley estadounidense contra el tráfico— al grado dos.
Entre esos países figuran Georgia, Grecia, Kazajstán, Suriname, Turquía y Uzbekistán.
Pero en el informe vigente hay 10 países en el grado tres: Bangladesh, Birmania, Corea del Norte, Cuba, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Guyana, Sierra Leona, Sudán y Venezuela.
Todos esos países pueden ser sometidos a sanciones de Estados Unidos, incluida la pérdida de asistencia y la oposición de Washington a la concesión de créditos en instituciones multilaterales, si no muestran su mejor esfuerzo en los próximos tres meses..
Otros 42 países fueron ubicados en la lista de naciones grado dos en observación, que podrían caer en la clasificación de grado tres el año próximo.
Entre esos países figuran Bolivia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, en América Latina, y Belize, Jamaica y Suriname, en el Caribe.
Los países asiáticos en observación son Filipinas, India, Japón, Kazajstán, Laos, Pakistán, Tailandia, Tayikistán y Vietnam, y los Europeos son Azerbaiyán, Chipre, Estonia, Grecia, Rusia, Serbia y Turquía.
Los 52 países ubicados en el grado dos son aquellos que no cumplen los criterios mínimos marcados por Washington pero hacen esfuerzos significativos por respetarlos. Los que sí los cumplen son los 25 países del grado uno, entre los que Ghana es el único país en desarrollo.
La elaboración anual de este informe fue propuesta por activistas de derechos humanos y miembros de la Derecha Cristiana, grupos ambos que se han manifestado creciente preocupación por la política exterior estadounidense en la última década.
Los dos sectores se muestran particularmente sensibles ante el gran aumento del tráfico sexual en los años 90, cuando el colapso del bloque encabezado por la disuelta Unión Soviética derivó en una pobreza generalizada y en la falta de garantías de seguridad para mujeres y niñas.
Muchas fueron conducidas a Europa occidental, Estados Unidos y Japón, donde han sido sexualmente explotadas.
El presidente George W. Bush convenció al Congreso legislativo de asignar más de 100 millones de dólares al año al combate del tráfico de seres humanos, la mayor parte en operaciones conjuntas con otros países.
El gobierno alentó en países extranjeros el endurecimiento de leyes, el entrenamiento de investigadores y fiscales y la ayuda a agencias de asistencia a mujeres y niñas amenazadas por redes de proxenetas.
En el marco de la ley de 2000, Washington más que duplicó las acusaciones penales contra sospechosos de tráfico de seres humanos desde 2001, en parte gracias a la cláusula que ofrece residencia permanente a las víctimas de abusos severos que cooperen con los fiscales.
Las autoridades estadounidenses también comenzaron a acusar a ciudadanos por delitos de carácter sexual contra niños y niñas cometidos en el extranjero. Una ley de 2003 ya fue invocada para demandar a estadounidenses por violación en Camboya, Filipinas y Rusia.
Miller indicó que varios países no fueron analizados por falta de información. De todos modos, la cantidad de informes nacionales aumentó de 16 en 2003 a 140 este año.
Entre los criterios mínimos establecidos por la ley, figura la prohibición en el país de las formas severas de tráfico de seres humanos, así como la acusación y condena de los involucrados de modo que opere como disuasivo.
El informe de este año incluye una sección de las mejores prácticas internacionales de combate contra el tráfico de seres humanos.
Entre otros programas, menciona uno en Panamá para desalentar el turismo sexual y otro en Colombia para interceptar a posibles víctimas antes de que aborden vuelos internacionales, así como las acciones previstas contra clientes de prostitutas en Suecia y en España.
