Especialistas independientes en derechos humanos pidieron a la ONU el envío urgente de una misión a Iraq, Afganistán y a Guantánamo, el enclave estadounidense en Cuba, para indagar sobre las condiciones humanitarias y legales de las personas detenidas bajo acusación de terrorismo.
El grupo de expertos expresó su deseo de que la delegación en cuestión sea integrada por el relator sobre la independencia de los jueces y de los abogados, el argentino Leandro Despouy, la relatora y presidenta del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, la argelina Leila Zerrougui, y el relator sobre torturas, el holandés Theo van Boven.
La comunicación, que será dirigida al secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), Kofi Annan, y al Consejo de Seguridad de ese foro, demanda que la visita se concierte a la brevedad y que participen en conjunto los tres relatores.
Los expertos manifestaron su preocupación por las graves consecuencias que algunas disposiciones adoptadas en nombre de la lucha contra el terrorismo pueden tener sobre el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
También declararon de manera vigorosa e inequívoca su condena a todas las formas de terrorismo.
Sin embargo, expresaron su determinación individual y colectiva a asegurar que, cada uno dentro de su mandato, las políticas, legislaciones, disposiciones y prácticas adoptadas por los Estados en la lucha contra el terrorismo concuerden con las normas del derecho internacional humanitario.
La gestión de proponer el envío de la delegación es la primera iniciativa vinculada con esos tres escenarios que surge de personalidades y organismos relacionados con la Comisión de Derechos Humanos, el máximo organismo de la ONU en esa materia.
La Comisión, integrada por representantes de 53 Estados, eludió en su sesión de este año, realizada en marzo y abril en su sede de Ginebra, el debate sobre las condiciones de los detenidos en los tres territorios en centros controlados por Estados Unidos o aliados.
Pero ahora, la propuesta fue discutida durante la reunión anual de los relatores especiales, representantes, expertos independientes y presidentes de los grupos de trabajo pertenecientes a los procedimientos especiales de la misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
La sesión, sostenida esta semana en Ginebra, se concentró en el tema de las políticas contra el terrorismo y de sus efectos sobre los derechos humanos y el imperio de la ley.
Los procedimientos especiales son mecanismos para casos especiales en países o de cuestiones temáticas, establecidos por la Comisión para el seguimiento durante el resto del año de los asuntos más inquietantes.
La atención de los procedimientos especiales está a cargo de expertos independientes singulares o de miembros de un grupo de trabajo. En todos los casos, trabajan sin remuneración y sus mandatos se pueden renovar hasta un máximo de seis años.
Por primera vez se han puesto de acuerdo en un tema todos los mecanismos oficiales de la Comisión que suman más de 30.
La solicitud del envío de la misión a Iraq, Afganistán y Guantánamo es legítima porque su objetivo se encuadra en todos los mandatos, dijo uno de los expertos, que pidió reserva de su nombre.
Los especialistas en materia humanitaria pretenden visitar a las personas detenidas o juzgadas por terrorismo o por otras graves violaciones en Iraq, Afganistán y en la base militar estadounidense de la Bahía de Guantánamo, en la isla de Cuba.
Los miembros de la misión deberán establecer, cada uno en los límites de su mandato, que las normas internacionales sean debidamente respetadas con relación a esas personas.
El informe de la misión se presentará ante la próxima sesión anual de la Comisión de Derechos Humanos, que se reunirá en marzo próximo en Ginebra.
La sesión de los expertos independientes, que debe finalizar este fin de semana, discutía también la posibilidad de incluir en la misión al relator especial sobre salud física y mental, el neozelandés Paul Hunt.
Este funcionario se había preocupado a comienzos de mayo por la situación sanitaria de la población civil de Faluya, la central ciudad iraquí donde las fuerzas de la coalición ocupante liderada por Estados Unidos realizan operaciones militares desde abril.
El relator dijo que afirmaciones verosímiles responsabilizaban a las tropas ocupantes de graves violaciones en Faluya del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los despachos dijeron que en esas acciones militares habían muerto 750 civiles, de los cuales un 90 por ciento eran no combatientes. Por la misma época también opinó sobre la situación en Iraq la relatora Zerrougui, quien expresó su grave preocupación por la incertidumbre del estatus legal de muchos detenidos, sometidos actualmente a interrogatorios en ese país.
Zerrougui formuló esa declaración en relación con los informes sobre torturas contra detenidos perpetradas por oficiales militares de Estados Unidos y de Gran Bretaña al servicio de la Autoridad Provisional de la Coalición.
