En un acto sin precedentes, un oficial activo del ejército de Argentina confesó su participación en el fusilamiento de detenidos durante la dictadura y dio detalles considerados fundamentales por abogados de las víctimas, que nunca habían tenido un testimonio de este peso sobre esos crímenes.
Molesto porque la Junta de Calificaciones del Ejército le negó un ascenso, el teniente coronel Guillermo Bruno Laborda no es considerado un ”arrepentido” precisamente, pues entiende que esos delitos fueron en realidad ”actos de servicio” realizados en cumplimiento de ”legítimas órdenes superiores”, cuyo acatamiento era muestra de ”lealtad, obediencia y profesionalismo”.
Luego de 21 años del fin de la dictadura militar de siete años, el jefe del ejército, general Roberto Bendini, dispuso el arresto de Bruno Laborda por no haber dado esa información en 1995 como fuera ordenado entonces y elevó su testimonio a la justicia federal, que este miércoles trasladó el caso a un tribunal de la central provincia de Córdoba, donde se cometieron los delitos.
Bruno Laborda revistó de 1977 a 1979 en el Batallón de Comunicaciones del III Cuerpo de Ejército, con base en Córdoba y que controlaba además otras nueve provincias de la región central y noroeste del país, área donde existieron 59 centros clandestinos de detención, según la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas en base a declaraciones de sobrevivientes.
En diálogo con IPS, la abogada María Elba Martínez, representante de un centenar de familiares de personas detenidas-desaparecidas en Córdoba, consideró que la confesión de Bruno es ”de una importancia fundamental”, porque hasta el momento en ese distrito ”no había fisuras” en el silencio impuesto por los militares en defensa de la represión ilegal.
”El paradigma ideológico” de la estrategia de ”eliminación física” de opositores a la dictadura fue Luciano Benjamín Menéndez, quien fuera jefe del III Cuerpo de Ejército en el período al que se refiere Bruno, recordó Martínez, quien trabaja en el equipo del Servicio Paz y Justicia, la organización humanitaria que preside el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
La letrada comentó que, ”por los fusilamientos en Córdoba, Menéndez tuvo un enfrentamiento con la junta militar que gobernaba entonces el país y por lo cual fue desplazado de ese cargo, así que imagínese cómo sería para que los dictadores le tuvieran que pedir que deje de matar”. Hoy está detenido junto a otros 10 imputados por graves violaciones de los derechos humanos en ese distrito.
También cumple arresto por orden judicial el ex general Antonio Domingo Bussi, quien le sucedió al frente del temible III Cuerpo de Ejército, por cuyos campos de concentración pasaron casi 3.000 prisioneros ilegales, la gran mayoría de los cuales no sobrevivieron.
Las autoridades argentinas que investigaron ya en democracia confirmaron la desaparición de unos 10.000 detenidos durante la dictadura, pero organizaciones de derechos humanos elevan esa cifra 30.000.
Menéndez había recibido en 1989 el indulto del presidente Carlos Menem (1989-1999), al igual que los nueve miembros de las tres juntas militares de la dictadura y otros oficiales de alto rango de la época, todos los cuales cumplían condenas por los crímenes contra la humanidad cometidos de 1976 a 1983.
Empero, en julio de 2003 fue detenido nuevamente junto a otros militares a raíz de nuevas denuncias por delitos cometidos en su jurisdicción que no habían sido juzgados en el juicio de mediados de los años 80, cuando se habían dictaminado las condenas señaladas, alguna de ellas a cadena perpetua.
A Menéndez y los otros procesados se les imputan más de 600 delitos, de los cuales alrededor de 500 no fueron tomados en cuenta en aquel momento y, por tanto, no exentos de ser declarados cosa juzgada y amparados por el indulto, explicó Martínez, que este mismo miércoles viajó de Córdoba a Buenos Aires para pedir y obtener el traslado de la denuncia de Bendini a su provincia.
Según el relato de la abogada, Menéndez confesó en 1985 ante el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas que en su jurisdicción militar procedieron a ”eliminar” a los llamados por ellos ”subversivos”. De hecho es en Córdoba donde radica la mayor fosa común de Argentina con cerca de 130 cadáveres..
En el marco de la causa en la que se investiga a Menéndez, el Equipo Argentino de Antropología Forense logró en 2003 la identificación de cuatro de esos restos en el Cementerio de San Vicente, donde los empleados que declararon ante la justicia recordaron haber visto llegar ambulancias ”con más de 40 cuerpos desnudos”.
Ese equipo de expertos reveló meses atrás que la mayoría de los cuerpos hallados en el cementerio tenían impactos de bala en la cabeza y en el tórax y algunos llevaban las manos y los pies atados. Al menos una de las mujeres identificadas tenía un embarazo de cuatro meses cuando fue ejecutada, precisaron entonces.
Justamente, Bruno Laborda recordó ahora en su testimonio escrito ante la Junta de Calificaciones del Ejército que recordaba a un oficial instructor del Colegio Militar ûde donde egresó en 1976- que les decía a sus alumnos: ”al subversivo hay que matarlo, pero no sólo a él, sino también a sus hijos, para que no puedan propagarse”.
Al año siguiente, en 1977, a Bruno Laborda le tocó ”intervenir activamente en la eliminación física de un guerrillero acusado y condenado” y ”nunca supe por quién”, confesó. Con la presencia de algunos superiores ûidentifica sólo a uno por su apellido- ”dimos muerte al supuesto asesino y terrorista”, añadió en su escrito.
”Más de 30 balazos de FAL sirvieron para destrozar el cuerpo de un hombre que, arrodillado y con los ojos vendados, escuchó con resignación las últimas palabras de nuestro jefe, pidiéndole que encomendara su alma a Dios”, también confiesa en su alegato a los superiores. ”Luego fue arrojado a un pozo y su cadáver fue quemado”, detalló.
No obstante, hubo un caso aún peor que no puede olvidar, testimonia Bruno Laborda, según la transcripción publicada este miércoles por el diario argentino Página 12. Es el caso de una mujer que había dado a luz el día anterior en el Hospital Militar de Córdoba y que fue trasladada hasta el lugar que mencionó como ”el campo de fusilamiento de la Guarnición”…
”La desesperación, el llanto continuo, el hedor propio de la adrenalina que emana de aquellos que presienten su final, sus gritos implorando que si realmente éramos cristianos le juráramos que no la íbamos a matar, fue lo más patético, angustiante y triste que sentí en la vida y que jamás pude olvidar”, asegura el militar.
La abogada Martínez sospecha que se trate de Rita Ales o el de otra mujer de apellido Besio, que parieron en el Hospital Militar de Córdoba en su condición de detenidas de la dictadura y que luego, se sabe, las mataron. ”Pero también puede ser otro caso, porque fueron varios de esas características”, dijo.
”Nuevamente, y a órdenes del jefe de la unidad, el entonces teniente coronel (Enrique Aníbal) Solari, todos los oficiales designados procedimos a fusilar a esta terrorista que, arrodillada y con los ojos vendados, recibió el impacto de más de 20 balazos de distintos calibres. Su sangre, a pesar de la distancia, nos salpicó a todos”, rememoró el militar.
Luego siguió ”el rito” de la quema del cuerpo y ”la sepultura disimulada” de esta detenida, añadió.
En otro tramo de su defensa en busca del ascenso ansiado, Bruno Laborda también menciona a los jefes que lo acompañaron. Fueron cuatro detenidos varones fusilados de a uno, tras lo cual se simuló un enfrentamiento. ”Hasta el día de hoy me parece escuchar los gritos desgarradores de dolor de uno de ellos que pedía desesperadamente 'matenmé, por favor matenmé!'”.
El militar cuenta su experiencia en el convencimiento de que no fue él el único en actuar así, y que cumplió órdenes. Señala además que cuando intentó calmar su conciencia ”un ministro de la fe cristiana” le aseguró que ”abatir a un enemigo de Cristo” no sólo era ”loable” sino que tendría ”una recompensa en el futuro”.
Precisamente, Martínez indica que la jerarquía de la Iglesia Católica de los años 70 fue parte sustancial en la represión ilegal al hacer causa común en la persecución a opositores identificados como ”marxistas”. La abogada denunció este año al obispo Raúl Primatesta, por ser ”parte de la dictadura”.
Martínez denunció entonces que Primatesta conocía el caso de la detención de cinco sacerdotes por poseer ”escritos marxistas” en 1976. Uno de ellos era estadounidense y la mediación de la embajada de su país en Buenos Aires permitió que los liberaran del campo de detenidos conocido como ”La Perla”, el más emblemático del III Cuerpo del Ejército.
Finalmente, Bruno Laborda sostiene que en 1979 las Fuerzas Armadas emitieron las llamadas ”Disposiciones Finales” para con los prisioneros, que consistían en la remoción de los cuerpos enterrados, los compactaban en recipientes y luego esparcieron en ”minúsculos pedazos” en una salina en el límite de la vecina provincia de La Rioja.
