Rodeado de silencio dentro de Colombia, el Plan Patriota comenzó sin embargo a revelarse esta semana como la más ambiciosa y masiva ofensiva militar contra la guerrilla izquierdista. Y en ella participan tropas estadounidenses.
En la operación, que involucra según versiones de prensa a 17.000 soldados y se despliega en un área de unos 260.000 kilómetros en el sur del país, actúan fuerzas móviles y escuadrones especiales de selva entrenados y asesorados por estadounidenses y respaldados por moderna tecnología, también de Estados Unidos.
La zona de la ofensiva es territorio controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), alzadas en armas cuatro décadas atrás.
Según un memorando de la no gubernamental Washington Office on Latin America (WOLA, Oficina sobre América Latina en Washington) el gobierno estadounidense está ofreciendo a Bogotá ”niveles sustancialmente nuevos en ayuda militar”, en respaldo al Plan Patriota.
La operación es exclusivamente bélica, por lo cual ”el Plan Patriota marca la entrada de Estados Unidos a una nueva fase, más intensa, de participación militar en el conflicto armado colombiano”, según el memorando, dirigido el 14 de mayo al Congreso legislativo estadounidense.
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La organización, que efectúa una campaña para que el Congreso no autorice un aumento de la presencia militar en Colombia, afirma que, al contrario del Plan Colombia (también financiado por Washington), el Patriota no pretende ampliar los propósitos antinarcóticos que justificaban la participación estadounidense.
En todo caso, el Plan Patriota revela su ”potencial de escalamiento (del conflicto) más allá de la misión aceptada por el Congreso y más allá del deseo del público estadounidense”, afirma.
A diferencia de su antecesor, el Plan Colombia, éste ”no tiene un componente humanitario”, según Jorge Rojas, director de la colombiana y no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
El ex presidente Andrés Pastrana (1998-2002) gestionó y obtuvo el apoyo militar estadounidense, enmarcado en el Plan Colombia, mientras mantenía diálogos con las FARC en una zona desmilitarizada de 42.000 kilómetros cuadrados en el Caguán, la misma región donde hoy opera el Plan Patriota.
El Plan Colombia, ya fracasado para muchos observadores, buscaba disminuir la oferta de drogas en el mercado estadounidense atacando su producción (la plantación de coca y elaboración de cocaína) lo que al mismo tiempo debía minar los ingresos de la guerrilla.
Los críticos de ambos planes reprochan que hayan sido concebidos y diseñados por Bogotá con los departamentos (ministerios) de Estado y de Defensa y el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos.
Mientras Bogotá eludía referirse a la operación contra las FARC, la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos (Aldhu), con sede en Quito, alertó sobre el impacto del Plan Patriota en Ecuador, que comparte 640 kilómetros de frontera con Colombia.
Aldhu advirtió que puede aumentar el flujo de civiles colombianos que escapan del conflicto hacia ese país, pero también que podría empujar a los traficantes de insumos bélicos y de drogas a instalarse en territorio ecuatoriano.
El Plan Patriota se complementaría con la estadounidense Iniciativa Regional Andina, dirigida a Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá, con el objetivo de blindar militarmente las fronteras con Colombia.
Precisamente esta semana, el jefe del Comando Sur, general James Hill, confirmó lo que las autoridades colombianas evitaban reconocer: el grado y profundidad de la ofensiva contra las FARC.
Hill, que en un año ha mantenido 13 reuniones con militares colombianos y ha visitado seis veces Ecuador, pasó por Bogotá el miércoles desde la base de Larandia, en el meridional departamento del Caquetá, desde donde se coordina el Plan Patriota.
El general elogió la marcha de la ofensiva iniciada, según se revela ahora, en junio de 2003 con el ataque a las zonas campesinas de apoyo a la guerrilla al sur de Bogotá.
Las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos están en fase de conciliar el aumento de la cantidad de efectivos de ese país en Colombia. Actualmente se autoriza un tope de 400 militares y de otros tantos asesores privados contratados por el Departamento de Defensa.
Pero el presidente George W. Bush ha pedido una autorización para elevar a 800 la cantidad de efectivos y a 600 el personal contratado.
El reto que afronta el ejército colombiano es recuperar y mantenerse al menos por un año en vastos territorios históricos de la guerrilla de las FARC, cuyos efectivos se estiman en 18.000. ”Les proveemos de apoyo en términos de soporte, combustible, y hay un gran compromiso en cuanto a asistencia de planeamiento”, precisó Hill.
El general advirtió que la operación será ”larga y difícil”, pero al final se llegará a la victoria, que ”hará desmovilizar (a los guerrilleros) o llegar a la negociación antes de 2006”.
”Pero analistas militares colombianos y estadounidenses reconocen que las FARC no han sufrido grandes pérdidas, que su liderazgo está intacto y que parecen estar dedicadas a una retirada estratégica. No debería haber ilusiones de una campaña militar rápida y decisiva”, añadía el documento de la WOLA.
Hill respaldó el pedido de más tropas estadounidenses, ”todas en apoyo de la participación más profunda de las Fuerzas Armadas colombianas en el Plan Patriota”.
Y agregó que el éxito depende del ”liderazgo continuado” del derechista presidente Alvaro Uribe, de la ”ayuda continua” de Estados Unidos y de que ”el pueblo colombiano sepa que se requiere un sacrificio”.
Mientras tanto, el gobierno inicia negociaciones con otro de los actores armados, las derechistas y paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuyos máximos líderes están acusados de narcotráfico en Estados Unidos y a las que la Organización de las Naciones Unidas considera responsables de la mayor parte de crímenes contra civiles.
”El Plan Patriota es un programa ambicioso que llevará mucho tiempo”, dijo Hill, y agregó que las fuerzas militares colombianas ”están en un plan de combate que nunca han tenido. Les ha ido mejor de lo que yo esperaba, no porque no tengan experiencia, sino porque es complejo”, opinó.
Muy diferente fue la evaluación dada a IPS por un portavoz del Movimiento Bolivariano (MB), brazo civil clandestino de las FARC, para quien, pese a la tecnología estadounidense, ”la resistencia popular sigue siendo imbatible”.
El tope legislativo a la cantidad de asesores está superado, sostuvo la fuente que pidió reserva de identidad, pues hay ”unos dos mil estadounidenses mercenarios. La gente los reconoce por el acento”.
”Se pasean por el pueblo en Cartagena del Chairá (en Caquetá), andan muy protegidos, no entran a la selva pero se mantienen en el borde, muy expuestos”, afirmó el portavoz.
El ejército colombiano ”no ha pasado del primer anillo” guerrillero en la zona del Plan Patriota, aseveró.
Los militares están cometiendo un ”error estratégico por haberse metido a la retaguardia profunda” del adversario, opinó.
Muchos soldados están pidiendo la baja por la fuerte presión de la guerra, y las fuerzas militares registran ”fatiga de tropa”, sostuvo. En cambio, ”ellos (los guerrilleros) no se cansan, porque viven allá”, concluyó.
