Nuevos vientos políticos apuran a cada lado del Río de la Plata investigaciones judiciales congeladas por 28 años sobre los asesinatos en Argentina de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, en el marco del represivo Plan Cóndor.
El dictador uruguayo Juan María Bordaberry (1973-1976) y en especial su canciller, Juan Carlos Blanco, están en la mira de tribunales de Argentina y Uruguay ante nuevas evidencias y datos sobre esos crímenes, surgidos con la desclasificación de documentos de servicios de inteligencia y de otras dependencias argentinas.
Nuevos elementos procedentes de investigaciones judiciales de Argentina y aportados a la causa en Uruguay vinculan a Blanco con la cancelación de los pasaportes de los dos legisladores, que les imposibilitó abandonar Buenos Aires hacia un exilio más seguro, señaló a IPS la abogada patrocinante de la familia Michelini en Uruguay, Hebe Martínez Burlé.
Michelini y Gutiérrez Ruiz, dos brillantes políticos opositores del régimen militar de Uruguay, fueron asesinados el 20 de mayo de 1976, en un operativo de fuerzas de seguridad argentinas y posiblemente uruguayas, en el que además fueron acribillados a balazos Rosario Barredo y William Whitelaw, un matrimonio uruguayo que había militado en el guerrillero Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros.
Ambos países vivían bajo regímenes militares. Argentina desde marzo de ese año, y Uruguay desde junio de 1973.
El propio Michelini señalaba en una carta escrita a principios de mayo de 1976 en Buenos Aires, donde ejercía el periodismo, que el canciller Blanco seguía sus pasos.
Ambos dirigentes, exiliados en la capital argentina, fueron secuestrados de sus casas dos días antes de su muerte, en zonas céntricas de Buenos Aires y ante decenas de testigos, y luego torturados.
Fue uno de los operativos más emblemáticos del Plan Cóndor, la coordinación de regímenes autoritarios del Cono Sur de América en los años 70 y 80 para perseguir, secuestrar, asesinar y desaparecer opositores políticos.
El senador Michelini, uno de los líderes del izquierdista Frente Amplio, y el presidente de la Cámara de Diputados Gutiérrez Ruiz, del sector centrista del Partido Nacional, habían escapado a Argentina como decenas de miles de uruguayos tras el golpe de Estado de 1973, conducido por los militares y Bordaberry, el presidente constitucional.
Martínez Burlé aclaró que la querella en Uruguay apunta exclusivamente a los civiles involucrados en esas muertes, porque los militares y policías envueltos en crímenes contra la humanidad en el periodo dictatorial (1973-1985) gozan de la protección de la ley de la Caducidad Punitiva del Estado, aprobada en 1986 y confirmada en plebiscito en 1989.
Entre los no uniformados acusados por la parte querellante se encuentra quien era entonces ministro de Economía, Alejandro Végh Villegas, y que pudo haber participado de contactos con jerarcas de la dictadura argentina en los que se habría resuelto el destino de Michelini y Gutiérrez Ruiz, añadió.
Esos contactos incluyen una reunión secreta entre Blanco y su par argentino César Guzzeti, en una embarcación en el río Paraná, 12 días antes de la muerte de los cuatro uruguayos, según el testimonio de quien era entonces embajador de Uruguay en Argentina, Gustavo Magariños, ante una comisión investigadora parlamentaria en 1985.
Pero donde hay más espacio para esclarecer esos crímenes es en la justicia argentina, estiman Martínez Burlé y la ex diputada Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz.
Tenemos confianza en la justicia uruguaya, pero en Buenos Aires se avanzó mucho más puesto que el caso está incluido en varias causas y los abogados encargados de llevar adelante las querellas, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), han recogido una enorme cantidad de pruebas, incluso desde antes de recuperarse la democracia en ese país en 1983, dijo Rodríguez a IPS.
Los asesinatos formaron parte del juicio a los jefes de la dictadura militar argentina, que culminó con la condena a cadena perpetua de la mayoría de los imputados, recordó Rodríguez. Aunque el presidente Carlos Menem (1989-1999) los indultó a comienzos de los 90.
El impulso mayor a las investigaciones se dio el año pasado, cuando el gobierno de Néstor Kirchner pidió y logró del Congreso legislativo la anulación de dos leyes que habían alejado de los tribunales a los acusados de violaciones de derechos humanos, descongelando así varios procesos.
En febrero, uno de los hijos de Michelini, el diputado Felipe Michelini, y los abogados de las dos familias en Argentina, pudieron ampliar la querella presentando nuevos pedidos de indagatorias en la causa 14216/03, que abarca las actividades ilegales del Cuerpo I del Ejército.
En ese proceso por privación ilegítima de la libertad especialmente agravada, homicidio y otros crímenes ya fueron sentenciados en primera instancia Carlos Suárez Mason, jefe de ese cuartel militar con jurisdicción en la capital y parte de la central provincia de Buenos Aires, y Jorge Olivera Rovere.
También en esta causa, que tramita el juez Rodolfo Canicoba Corral, se pidió la presencia para indagatoria de Bordaberry, Blanco, Végh Villegas y de los uniformados Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Manuel Cordero, entre otros uruguayos, además del ministro argentino del Interior de la época Eduardo Albano Harguindeguy.
El magistrado ha dado prioridad hasta ahora a los acusados argentinos. El proceso, muy amplio, puede demorar el tratamiento del pedido de las dos familias querellantes de indagar a los uruguayos indicados como partícipes de algún modo en los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, explicó a IPS la abogada Carolina Varsky, del CELS.
Martínez Burlé pedirá en los próximos días a ese tribunal argentino que convoque, como testigo, al ex presidente uruguayo Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) para que señale en que basó su decisión de que la ley de Caducidad comprendiera también a esos crímenes, en uso de una facultad que le daba la misma norma.
El asesinato de los políticos uruguayos es investigado asimismo por otro juez penal argentino, Jore Urso, en el marco de un proceso sobre el Plan Cóndor, y por el cual ya fue solicitada a Uruguay la extradición de Gavazzo y de otros militares.
El pedido fue denegado por el gobierno de Jorge Batlle, que considera el caso comprendido en la ley de Caducidad.
En Uruguay, el ex canciller Blanco es el único procesado en juicios por violaciones de derechos humanos (e incluso debió pasar unos meses tras las rejas), por su responsabilidad en la desaparición y muerte, en 1976, de la maestra y militante izquierdista Elena Quinteros.
En el futuro no creo que haya modificación a la ley de Caducidad, más allá que técnicamente sea posible, porque el plebiscito que la confirmó le dio un valor político muy fuerte como para pretender derogarla, dijo Rodríguez, quien estudia postularse nuevamente al parlamento por el Partido Nacional en las elecciones de octubre.
En cambio, creo que si llega al gobierno (el candidato nacionalista) Jorge Larrañaga o el (izquierdista) Encuentro Progresista sí se va a cumplir a raja tabla el artículo cuarto de esa ley, que obliga a investigar el destino de los desaparecidos, un asunto ignorado por los tres gobiernos que precedieron a Batlle, uno de ellos del Partido Nacional.
Esas investigaciones podrían exponer ante la justicia a civiles responsables o cómplices de crímenes del régimen militar.
Los procesos por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz aún están en etapas iniciales, en Montevideo y Buenos Aires. Pero las familias de ambos no pierden la esperanza de que se haga justicia, 28 años después.
