El mexicano Roberto Torres lamenta no haber podido abrazar a su hijo Osvaldo en los últimos 11 años, y es posible que ya nunca lo haga, si el lunes 18 se ejecuta la condena a muerte contra el segundo en el meridional estado estadounidense de Oklahoma.
Tras agotar todos los recursos legales existentes, la vida de Osvaldo Torres, de 29 años, depende ahora de la voluntad del gobernador de Oklahoma, Brad Henry, del opositor Partido Demócrata, quien puede posponer, anular o mantener la ejecución.
Incluso la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ordenó la suspensión de la ejecución y la revisión del caso, pero no ha sido tomada en cuenta por las autoridades judiciales estadounidenses.
Grupos humanitarios, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Oklahoma, y el presidente mexicano Vicente Fox reclaman que no se materialice la condena.
Mientras, los abogados defensores y familiares de Torres sostienen que el proceso judicial estuvo lleno de irregularidades y que la pena impuesta es desproporcionada.
Sólo si el gobernador no es humano mi hijo morirá, pero aún confiamos en Dios y esperamos que se salve, dijo a IPS Roberto Torres, un inmigrante que al igual que decenas de miles de mexicanos llegó a Estados Unidos con su familia en busca de trabajo y una vida mejor.
Jamás pensé que podría llegar a vivir esto, sobre todo en los últimos días, cuando la vida me pasa como una película de suspenso cuyo final puede ser terrible o feliz, señaló.
Osvaldo Torres lleva 11 años en prisión, acusado de haber ayudado y promovido un doble asesinato en 1993. Fue sentenciado a la pena capital en 1996.
De las 73 personas ejecutadas en Oklahoma desde 1990, cuando se reinstaló la pena de muerte en ese estado, sólo una, además de Torres, no fue hallada culpable de autoría material de asesinato.
Pero en ese caso y según la investigación, el condenado estuvo presente en la escena del crimen e intimidó a las víctimas con una pistola. Nada parecido ocurrió con Torres.
La justicia reconoció que el único autor material de los homicidios de María Yáñez, de 35 años, y de su esposo Francisco Morales, de 38, fue un amigo de Torres, el estadounidense George Ochoa.
Pero la investigación alegó que Torres estaba cerca de la escena del crimen y que lo avaló y planeó.
Todo esto es una injusticia terrible, pero aún esperamos que mi hijo no muera, dijo su padre.
Ambos sentimos muy feo por no habernos abrazado y ni siquiera tocado en estos últimos 11 años. Es algo terrible ver a un hijo y no poder abrazarlo, sentir su calor ni ayudarlo, dijo Torres, obrero de la construcción con escasa educación escolar.
Ojalá el (día) 18 podamos respirar otra vez para entonces buscar la forma de volver a abrazarnos, añadió.
En los años de detención, Osvaldo nunca fue autorizado a mantener contacto directo con sus familiares que lo visitaban.
El viernes, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Oklahoma recomendó al gobernador Henry clemencia para el mexicano, una medida reclamada por la defensa de Torres, el gobierno mexicano, la Coalición Nacional Para la Abolición de la Pena de Muerte y Amnistía Internacional.
Para presionar al gobernador, grupos humanitarios que respaldan a Torres instaron, a través de la red Internet, a los cibernautas a enviar mensajes electrónicos a Henry, recordando la recomendación de la Junta de Perdones y pidiendo que se suspenda la ejecución.
Sin embargo, esto no asegura nada.
En los últimos 14 años, la Junta de Perdones recomendó clemencia en seis casos, de los cuales fueron admitidos sólo dos, y uno de ellos evitó la muerte del mexicano Gerardo Valdez.
Se ha hecho todo lo que se podía por mi hijo y ahora sólo queda la voluntad del gobernador, ojalá Dios lo ilumine, manifestó Roberto Torres.
A fines de marzo, México logró que la Corte Internacional de Justicia dictaminara que Estados Unidos violó los derechos de 51 mexicanos sentenciados a muerte, pues no les garantizó asistencia consular al ser detenidos y procesados.
La Corte ordenó la revisión de todos esos juicios, incluido el de Torres. Pero la fiscalía de Oklahoma ha señalado que no acatará el fallo.
México nos ayudó mucho, debo reconocerlo y no tengo palabras para agradecerle al gobierno de Fox, dijo el padre del condenado.
Según consta en el proceso, el gobierno mexicano sólo fue notificado de la detención y juicio contra Torres en 1996, cuando éste ya había sido sentenciado a muerte.
Según el embajador mexicano en Estados Unidos, Carlos de Icaza, el proceso estuvo plagado de irregularidades y, además, Torres no cometió un crimen que justifique la imposición de la pena capital.
Tenemos la profunda convicción de que la conmutación de la sentencia a muerte del señor Torres está fundamentada tanto en argumentos legales, como en razones humanitarias, sostuvo.
La ejecución del señor Torres no parece ser consistente con los criterios legales de esta nación (Estados Unidos), de ejecutar únicamente a quienes cometen los crímenes más atroces, añadió.
El padre de Torres espera que la pesadilla acabe. Su hijo no fue ningún santo de muchacho, pero jamás mató a nadie como para sufrir tanto, agregó.
La última ejecución de un mexicano en Estados Unidos fue en agosto de 2002 en el meridional estado de Texas, fronterizo de México, la quinta contra ciudadanos mexicanos en ese país desde 1976.
El ejecutado era Javier Suárez, asesino confeso de una agente antinarcóticos.
