Un organismo de la ONU especializado en la lucha contra la tortura pidió a Estados Unidos y a Gran Bretaña que le informen sobre el trato dado a los prisioneros en las cárceles de Iraq bajo control de esas fuerzas militares de ocupación, ante la proliferación de denuncias de abusos.
El Comité contra Tortura expresó que los episodios de las cárceles iraquíes causaron gran preocupación entre los 10 expertos independientes que integran ese cuerpo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).
En cierta medida somos un ente de la comunidad internacional y por tanto es lógico que tomemos una posición, justificó el presidente del Comité, el español Fernando Mariño Menéndez.
Con todas las precauciones, pero a mi juicio es positivo que el Comité adopte una definición, insistió Mariño, profesor de Derecho Internacional Público y de Derecho Europeo de la Universidad Carlos III de Madrid.
El Comité, establecido en 1987, tiene por misión la supervisión del cumplimiento de las disposiciones de la Convención contra La Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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Ese organismo reclama a Estados Unidos que antes del 1 de octubre le presente el segundo informe periódico de su acatamiento a las disposiciones de la convención. Washington se encuentra en mora con el comité porque originalmente ese informe debió ser presentado en 1999, aunque luego el plazo se extendió hasta noviembre de 2001.
Pero ahora, el documento que Estados Unidos tendrá que entregar antes de octubre, deberá contener una información específica sobre los episodios de torturas perpetradas por efectivos militares estadounidenses en cárceles de Iraq.
El mensaje del Comité a Estados Unidos, entregado a la misión de ese país ante los organismos internacionales de Ginebra, llama la atención de Washington en particular sobre el artículo 2.1 (artículo segundo, inciso primero) de la convención.
Esa cláusula determina que cada Estado parte del tratado adoptará medidas efectivas de carácter judicial, administrativo y legislativo para prevenir los actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción..
Aunque desestabilizada por la resistencia interna, una coalición militar liderada por Estados Unidos y Gran Bretaña mantiene prácticamente el control de Iraq desde hace más de un año y ejerce el poder en todas las esferas, en algunos casos a través del gobierno provisional elegido por las mismas fuerzas ocupantes.
En consecuencia, en la comunicación dirigida a Estados Unidos, el Comité puntualiza que el informe debería incluir información puesta al día sobre la situación en los lugares de detención en Iraq hasta el momento de entrega del documento.
El caso de Gran Bretaña es diferente porque ese país ya entregó su informe periódico al Comité. Por tanto, el organismo resolvió dirigir una carta al gobierno de Londres anunciándole que su informe será examinado en la sesión de noviembre venidero.
Sin embargo, las autoridades británicas deberán presentar un agregado a ese documento, conteniendo información de la situación en Iraq y en particular de las alegaciones relativas a los malos tratos y torturas en prisiones bajo el control de las fuerzas armadas de la coalición.
Mariño aceptó que al adoptar esa decisión, el cuerpo actuó bajo presión de organizaciones de la sociedad civil especializadas en derechos humanos.
La presión se nota en el sentido de que el Comité es el único órgano específico sobre la lucha contra la tortura, que no toma posición, explicó el académico español. Hay cierta presión, sí. Pero yo diría que es positiva, no negativa.
Las instituciones que venían solicitando una acción específica del Comité en el caso de las torturas en Iraq eran la Organización Mundial contra la Tortura, la Asociación para la Prevención de lam Tortura, Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas y Human Rights Watch.
O sea que son las principales organizaciones no gubernamentales que se ocupan de combatir la tortura, refirió Mariño.
El experto holandés Teo van Boven, relator especial sobre la tortura designado por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ya expresó su preocupación apenas se conocieron las primeras revelaciones de los abusos cometidos por uniformados estadounidenses en Iraq.
Por su parte, el Alto Comisionado interino de la ONU para los Derechos Humanos, el guyanés Bertrand Ramcharan, ordenó una investigación cuyos resultados deberían conocerse antes del presente mes.
Ramcharan reaccionó este viernes conmocionado ante las noticias de la muerte de 40 civiles que participaban de un casamiento en Iraq, cerca de la frontera con Siria, a causa de un ataque aéreo de las fuerzas de Estados Unidos.
El funcionario subrayó la responsabilidad de las fuerzas ocupantes de asegurar la seguridad y el bienestar de los civiles iraquíes y de abstenerse del uso excesivo de la fuerza y de ataques indiscriminados.
Aún existiendo preocupaciones relacionadas con la seguridad, no puede haber licencia para carnicerías, reflexionó el Alto Comisionado interino.