Los cortes en Argentina de gas natural a la industria, hoy en plena recuperación tras el colapso de 2001, alejan inversiones, ponen en riesgo miles de puestos de trabajo y pueden golpear el crecimiento económico, que el año pasado alcanzó a 8,7 por ciento.
En Santa Fe había 1.500 millones de dólares en inversiones para la industria, de los cuáles 500 (millones) ya se invirtieron, pero la duda que muchos tienen ahora es si conviene desembolsar el resto sin tener asegurado el suministro de gas, explicó a IPS Carlos Garrera, presidente de la Federación de Industrias de esa oriental provincia.
Garrera, quien representa a unas 80.000 firmas, dijo que muchos empresarios prevén suspender personal o reemplazar el gas por combustibles alternativos, que son seis o siete veces más caros. Pero otros ni siquiera tendrán esas posibilidades, pues sus plantas funcionan sólo a gas, y lo único que les quedará para hacer será paralizar la producción, advirtió.
El problema industrial en Santa Fe se repite en casi todo el país. En la última semana, empresas de seis de las provincias con mayor desarrollado del sector apelaron a la justicia para tratar de terminar con los recortes de gas y afrontan conflictos con sus trabajadores, que temen ser despedidos.
Un ejemplo de esa situación es la fábrica de hilados sintéticos Maffisa, ubicada en la oriental provincia de Buenos Aires y la principal productora del país en su rubro con 600 trabajadores. Esa planta produce 167 toneladas diarias los 365 días del año y no puede permitirse ninguna paralización de tareas, dijo a IPS el gerente de recursos humanos de la firma, Ricardo González.
Sin calefacción en las tuberías los productos que utilizamos se cristalizan y para restablecer el proceso necesitamos seis meses, detalló al explicar su preocupación.
La distribuidora Camuzzi Gas Pampeana, una concesionaria italiana que tiene el récord de incumplimientos denunciados por el Ente Regulador Nacional del Gas (Energas), intentó hace una semana interrumpir por completo el suministro de gas a Maffisa, pero los trabajadores se lo impidieron.
Esta empresa textil utiliza 56.000 metros cúbicos diarios de gas y uno de sus tres hornos, el que produce la materia prima, sólo puede funcionar con ese fluido. La distribuidora de gas pretendía cortar por completo el suministro y los trabajadores, apostados en torno a la válvula de acceso del gas a la planta, no permitieron que se concretara la maniobra.
Conseguimos parar el corte y estamos ahora en un compás de espera, pero no se firmó nada y dependemos de la buena voluntad de la distribuidora, dijo González.
El problema, con diferencia de matices, se reiteró en numerosas empresas textiles, alimenticias, petroquímicas, productoras de cemento, cerámicas, ladrillos, de jugos cítricos, en ingenios azucareros, frigoríficos y mineras. En todos los casos, los recortes de gas natural amenazan con paralizar plantas y suspender o despedir al personal.
Existen firmas que ya suspendieron personal temporario, otras que postergaron la producción a la espera de una mayor oferta de gas y están las que esperan conflictos laborales a corto plazo. Los ingenios están usando el bagazo como combustible, lo que traerá un faltante a la industria de papel que lo utiliza como insumo.
La pérdida de producción industrial debido a la crisis energética le costaría al país unos 3.300 millones de dólares, si se llega a cuatro meses con restricciones promedio de 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día, según una proyección realizada por la consultora Freyre y Asociados a pedido de la Unión Industrial Argentina.
El estudio de esa gremial, que ubica en unos 30.000 millones de dólares el producto bruto del sector, propuso para evitar que se afecte el crecimiento cancelar las exportaciones de gas, aumentar tarifas para desalentar el consumo e impulsar el uso de combustibles alternativos. El gobierno ya recibió este informe, cuyos tramos centrales publicó el día 11 el diario local El Cronista.
Aldo Bianchi, representante del Energas, aseguró a IPS que los cortes de suministro a las industrias son perfectamente legales. Existen contratos de provisión de gas que pueden ser ininterrumplibles, pero otros son interrumpibles. Los segundos son hasta 30 por ciento más baratos aunque están sujetos a cortes.
La tercera modalidad contractual es el llamado en firme, que puede habilitar cortes de suministro de gas siempre que el sistema haya agotado la capacidad de corte para empresas con contrato interrumpible.
La mayoría de las empresas operaban con la posibilidad de interrupciones, porque los eventuales cortes se producían solo una semana en julio, cuando se da el pico de demanda por las bajas temperaturas invernales. El problema es que este año los cortes se adelantaron a marzo y se fueron incrementando pese a que aún faltan dos meses para ese momento.
Expertos en energía sostienen que la crisis no responde a la falta de gas, pues, aunque las reservas cayeron, aún hay para una década, sino que es consecuencia del un aumento de la demanda en coincidencia con presiones empresariales para que el gobierno otorgue aumentos de tarifas, hasta que alcancen el valor de exportación, hoy 100 por ciento más alto.
Por su parte, el gobierno de Néstor Kirchner atribuye la crisis energética a la falta de inversiones en producción e infraestructura de distribución de las firmas que en la primera parte de la década del 90 se hicieron cargo de las entonces empresas públicas, con un diseño de desarrollo con prioridad en las ventas externas.
Portavoces de empresas distribuidoras dicen que no es justo que la industria beneficiada con la devaluación de enero de 2002, que llevó la cotización del dólar de un peso argentino por unidad a los actuales 2,90 pesos, pague el gas barato, con tarifas congeladas desde entonces. Es como si se les diera un subsidio, dijo a IPS uno de ellos.
El centro de la problemática es que casi todas las fábricas funcionan a gas natural. Si tuvieran que cambiarse a gas licuado o fuel oil, los costos de las nuevas instalaciones, junto al precio más elevado de esos combustibles, tendrá un impacto negativo en los precios finales de los productos, explicó Garrera.
Pero para Américo García, de la Unión de Usuarios y Consumidores, las sospechas se extienden a todos los sectores.
García afirmó a IPS que algunas industrias, en previsión de un aumento de tarifas del combustible, aumentó su producción en enero y febrero, durante el verano austral, lo cual contribuyó a profundizar la crisis.
No obstante, señaló que hay responsabilidades de parte de productores y distribuidores. Como los datos sobre extracción y reservas los conocemos por las propias empresas, no queda muy claro cuánto gas hay y cuánto se está colocando efectivamente en las cañerías de la red interna, advirtió.
Hasta ahora, el gobierno adoptó distinto tipo de medidas Primero restringió las exportaciones de gas, en particular a Chile, su principal mercado, y promovió el uso racional en los consumos domiciliarios a fin de liberar fluido para la industria que, en 2003 había crecido 16,4 por ciento, el doble de la expansión promedio de toda la actividad económica en ese mismo año.
De esa manera intentó impedir un impacto negativo en la economía que, según el Banco Central, podría perder un punto porcentual del producto interno bruto de este año a causa de la llamada crisis energética. Pero, tras esas medidas de protección, el gobierno terminó aceptando un aumento de tarifas, que en lo inmediato alcanza a los grandes consumidores.
El ministerio de Planificación Federal autorizó incrementos, ya en vigor, para la industria, usinas y expendedores de gas para automóviles, que van de 15 a 40 por ciento. Esos aumentos de precios continuarán este año y el próximo hasta equiparar el valor con los de exportación, como reclamaban productores y distribuidores.
Al mismo tiempo, el gobierno no descartó la posibilidad de apelar directamente a la Corte Suprema de Justicia para que emita un dictamen en contra de los recursos de amparo que están presentando las industrias para evitar los cortes de suministro de ese combustible.
