La crisis del gas natural entre Argentina y Chile transita por una cañería plagada de agujeros, por los cuales no sólo se escapan las responsabilidades, sino que también tiende a esfumarse el vigoroso proceso de integración que ambos países iniciaron en la década del 90.
Más allá de sus implicaciones políticas, económicas y diplomáticas, los problemas derivados del recorte de ventas argentinas de gas a Chile pone en cuestión los modelos de matrices energéticas adoptados por los gobiernos e impuestos por intereses empresariales en América Latina, según líderes ecologistas y parlamentarios de la región.
Una semana antes de esa reunión de expertos y políticos, que finalizó el 30 de abril en Santiago, el gobierno argentino de Néstor Kirchner dispuso una reducción adicional en sus suministros de gas natural a Chile de 950.000 metros cúbicos diarios a los 3,3 millones de metros cúbicos que comenzó a recortar desde el 1 de abril.
Estas medidas, de carácter unilateral, significan para el gobierno chileno de Ricardo Lagos un incumplimiento del protocolo de integración energética y venta de gas firmado con Argentina en 1995, lo cual puede derivar en que Santiago realice una reclamación formal ante la propia Organización Mundial de Comercio (OMC).
El gobierno de Kirchner argumenta que esos protocolos no tuvieron ratificación parlamentaria en su país a causa de que contravenían las prioridades del abastecimiento interno, que entró en crisis en 2003 con el aumento exponencial de la demanda de energía de la mano de la recuperación económica. "La prioridad del suministro de gas la tiene Argentina. Las empresas no pueden firmar contratos de exportación que contradigan las leyes vigentes", dijo el viernes 30 de abril el ministro del Interior argentino, Aníbal Fernández.
"Para Chile los tratados (internacionales) deben cumplirse y éstos tienen prioridad respecto de las leyes comunes", sostenía el mismo día en Santiago Osvaldo Rosales, director de Relaciones Económicas Internacionales de la cancillería.
Buenos Aires insiste en que Santiago debe entenderse directamente con las empresas privadas, a las que acusa de no haber realizado a tiempo las inversiones necesaria para aumentar la producción y honrar así tanto sus compromisos de exportación como la cobertura de la demanda argentina.
Pero Rosales y otros funcionarios de este país refutan que la crisis es responsabilidad de la política económica de Argentina. Con los precios que los chilenos llaman "subsidiados" se ha inducido a la falta de inversión en exploración, explotación y distribución del gas natural, sostienen en Santiago.
En Argentina existe control gubernamental de las tarifas internas del gas natural, al igual que de otros combustibles. Precisamente, las empresas privadas del sector gasífero forcejean desde hace meses con el gobierno de Kirchner en busca de aumentar el precio interno, que en la actualidad es un tercio del que paga Chile, según portavoces locales. El mercado de Chile es destinatario de 70 por ciento de las exportaciones de gas natural argentino, producto que contribuye a 37 por ciento de la generación eléctrica en este país, donde además se convirtió desde fines de los años 90 en el principal combustible doméstico, reemplazando al gas butano.
En la antesala del invierno austral, las autoridades chilenas aseguran que no habrá racionamientos para las cocinas y los sistemas de calefacción en los hogares. "La señora Juanita puede estar tranquila", dijo Luis Sánchez Castellón, secretario de la Comisión Nacional de Energía, utilizando una imagen recurrente para aludir a las amas de casa.
La prioridad en el abastecimiento hogareño implicará una mayor sustitución del gas natural por carbón o petróleo en las centrales térmicas, lo cual eleva los costos de producción de la electricidad, cuyas tarifas al público tendrán este mes un aumento del orden de tres por ciento y podrían subir en el curso de 2004 en 11 por ciento.
Sánchez Castellón es uno de los tantos emisarios chilenos que viajaron a Argentina para reunirse con responsables gubernamentales y ejecutivos de las compañías. También lo hicieron la propia canciller Soledad Alvear, parlamentarios y el líder de los empresarios, Juan Claro, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio.
Alvear tuvo que ir a Buenos Aires luego de que su par argentino, Rafael Bielsa, postergara por dos veces su anunciado viaje a Santiago, que finalmente no se concretó, lo cual molestó al gobierno de Lagos.
La molestia subió de tono el 21 de abril, cuando Kirchner firmó con el presidente de Bolivia, Carlos Mesa, un acuerdo para recibir diariamente en Argentina cuatro millones de metro cúbicos de gas natural, que le permitirán paliar en parte el déficit interno.
Lagos expresó un franco disgusto por el hecho de que su par argentino aceptara en el convenio una cláusula que prohibe expresamente a Argentina revender ese gas a un tercer país, evidentemente destinada a Chile y motivada por la demanda boliviana de una salida soberana al océano Pacífico.
"Ni una molécula de gas para Chile". La consigna levantada en La Paz fue retrucada desde Chile por el alcalde de Santiago y único precandidato presidencial de la oposición de derecha para los comicios de diciembre de 2005, Joaquín Lavín, quien proclamó "ni una gota de mar para Bolivia".
Los desbordes verbales entre los diversos protagonistas ponen más combustible a la hoguera de la crisis del gas, aunque dieron paso a llamados a la cordura.
El ministro de Economía de Chile, Jorge Rodríguez, exhortó a que "no se escale una guerra de declaraciones que no conducen a nada", mientras su homólogo argentino, Roberto Lavagna, pidió no hacer "un drama sobre la situación".
Lavagna y Sánchez Castellón se cuentan entre los optimistas que ven una salida a la crisis con las medidas anunciadas por Kirchner el 27 de abril para estimular el ahorro y penar el exceso de consumo de gas natural, a lo que se suman los compromisos de las empresas de aumentar la producción en la austral cuenca de Neuquén, desde la cual salen los gasoductos hacia Chile.
Claro, el líder de los empresarios chilenos, exhortó en la noche del viernes 30 en Buenos Aires a medidas clásicas de mercado como solución: término de los "subsidios" y desregulación de precios para "normalizar las tarifas y estimular la inversión privada.
En cambio, esa no es la misma visión de la sociedad argentina. Las medidas de premio para el ahorro y castigo al sobreconsumo son rechazadas por asociaciones de consumidores, que entienden es un aumento encubierto de precios, mientras el ciudadano común se queja de que se le quiere hacer pagar por el incumplimiento de las empresas.
Gustavo Callejas, ex secretario de Combustibles de Argentina y miembro del grupo Moreno (Movimiento por la Recuperación de la Energía Orientadora), señaló a IPS la incongruencia de mantener las exportaciones cuando 50 por ciento de la población del país no tiene acceso al gas.
"Si en la retórica (oficial) se culpa a las empresas porque son las responsables, entonces el gobierno (de Kirchner) debe castigarlas a ellas en lugar de castigar a los consumidores", dijo el experto.
Callejas agregó que Argentina no puede pensar en seguir exportando en un escenario donde el horizonte de reservas de gas natural del país se redujo de 40 a nueve años.
El escenario es complejo y se torna más complicado a la luz de los esfuerzos por mantener la reactivación de las economías de la región. El consumo chileno de gas natural del primer trimestre de este año llegó a 20 millones diarios de metros cúbicos, 17 por ciento superior al del año pasado.
En tanto, en Argentina, según un oficio enviado por seis empresas distribuidoras al secretario de Energía, Daniel Cameron, el déficit diario de gas en el invierno, estimado preliminarmente en siete millones de metros cúbicos, podría llegar en realidad a 10 millones.
Y es que el gas natural es una fuente no renovable y su empleo en gran escala ha sido impuesto en nuestros países por intereses empresariales, por constituir un combustible barato y generador de utilidades a corto plazo, señalan ambientalistas en Chile.
La crisis en el Cono Sur "es una consecuencia de las políticas energéticas implementadas por los gobiernos, que dieron lugar a la excesiva dependencia de los combustibles fósiles y las megarrepresas (hidroeléctricas)", señaló la declaración emitida por organizaciones ciudadanas reunidas en Santiago con el Parlamento Latinoamericano el 29 y 30 de abril.
En una declaración simultánea, los parlamentarios plantearon que para 2010 la región debe tener al menos 10 por ciento de su oferta de energía con base en fuentes renovables, entendiendo como tales a la eólica, solar, geotérmica, mareomotriz, biomasa sustentable, biogas, gases de vertederos y pequeñas centrales hidráulicas.
En la actualidad, alrededor de 20 por ciento de la oferta energética de América Latina está cubierta por fuentes renovables, pero el cálculo incluye de manera preponderante a las grandes centrales hidroeléctricas.
* Con aportes de Marcela Valente (Argentina)
