Los empleados públicos brasileños iniciaron este lunes una huelga, con escasa adhesión pero que amplía las demandas sociales a un gobierno con recursos limitados por el ajuste fiscal y nuevamente enfrentado a un brote de inestabilidad financiera.
Cumplieron la medida sindical de 20 a 25 por ciento de los 490.000 funcionarios del gobierno central, admitió a IPS Elano Furtado, uno de los directores de la Confederación Nacional de Trabajadores del Servicio Público Federal, pero aseguró que la paralización de actividades aumentará pronto, ya que el primer dia fue dedicado a asambleas.
El movimiento reclama un aumento de 50,19 por ciento para trabajadores y jubilados del sector, y rechaza la propuesta en la materia del gobierno, que consiste en aumentos de 12,85 a 32,27 por ciento para los empleados en activisas, según los organismos y las calificaciones de los trabajadores, e incrementos de 9,5 a 19,38 por ciento para los jubilados.
Los huelguistas demandan paridad del aumento para los jubilados que construyeron el país y el servicio público, dijo Furtado.
El gobierno puede retirar su oferta, si los sindicatos no la aceptan antes del 21 de mayo, amenazó el ministro de Planificación, Guido Mantega, quien sostuvo que es la mejor posible dentro de las limitaciones presupuestarias, con incrementos superiores a la inflación del año pasado, que fue 9,3 por ciento.
Son amenazas que siempre hacen los gobiernos, comentó Furtado, recordando que los funcionarios reclaman que se les compense la pérdida de poder adquisitivo debida a la inflación desde 1998, ya que no tuvieron aumentos durante los últimos años.
El año pasado no hubo huelga por salarios mejores porque se comprendió que el actual gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva heredó un presupuesto ajustado de su predecesor, pero ahora se acabó la paciencia, afirmó.
Además, lo que ofrece el gobierno no es aumentar el sueldo básico de los funcionarios, sino sus gratificaciones extra salariales, que pueden ser canceladas en cualquier momento y no están protegidas por la garantía constitucional que impide reducir los salarios, destacó Furtado.
Además de la presión de los funcionarios públicos, algunos de los cuales ya están en conflicto desde el mes pasado, como los policías federales, el gobierno enfrenta otras movilizaciones por reclamos variados.
Este lunes de madrugada, cerca de 400 campesinos, disidentes del Movimiento de los Sin Tierra (MST), invadieron la sede del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), donde permanecieron varias horas para reclamar su asentamiento urgente y más créditos para el sector agrícola.
Desde fines de marzo, una ofensiva del MST y de otras organizaciones campesinas produjo la ocupación de más de 100 predios rurales, además de marchas en favor de la reforma agraria y contra la violencia en el campo. Fue lo que sus líderes denominaron el abril rojo.
La reforma agraria, una de las banderas del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), camina lentamente. Lula prometió asentar a 400.000 familias hasta el final de su mandato en 2006, pero su gobierno sólo ha asentado a poco más de 10 por ciento de ese total desde el inicio del año pasado.
Los pueblos indígenas también intensificaron sus demandas desde el mes pasado. Este lunes, más de 20 de sus líderes concurrieron a una audiencia con Lula para pedir mayor protección a sus territorios, reiteradamente invadidos por garimpeiros (mineros informales), agricultores y madereros.
Los conflictos en esas tierras ganaron dramática repercusión después de que 29 garimpeiros fueron muertos el 7 de abril por integrantes de la tribu de los cintas-largas, que vive en el noroccidental estado de Rondonia. Los indígenas los acusaron de invadir su territorio para extraer diamantes ilegalmente.
Otro reclamo es la homologación de la reserva Raposa Sierra del Sol, en el norteño estado de Roraima, cuya demarcación fue aprobada hace seis años, pero depende de una confirmación presidencial siempre postergada.
Lula prometió homologar el establecimiento de esa reserva luego de su elección en octubre de 2002, pero hesita ante presiones de cultivadores de arroz que viven dentro del territorio indígena y tendrán que ser indemnizados y asentados en otras áreas.
Atender esas demandas exige gastos públicos que están limitados por la decisión gubernamental de alcanzar este año un superávit fiscal primario de 4,25 por ciento del producto interno bruto, una meta que supera la establecida en el acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional.
También causó insatisfacción entre los trabajadores y la opinión pública en general el anuncio, en la víspera del 1 de mayo, de que el nuevo valor del salario mínimo nacional sería 260 reales (82,80 dólares hoy), con un aumento de sólo 8,3 por ciento, para no causar desequilibrio fiscal. El salario mínimo es la remuneración de 13 millones de jubilados del sistema público.
Además, y para agravar las dificultades del gobierno, el mercado financiero vuelve a vivir un periodo de inestabilidad, que dificulta la reanudación del crecimiento económico prometida por Lula desde mediados de 2003.
La moneda nacional, el real, sufrió una devaluación de 2,54 por ciento este lunes, acumulando más de siete por ciento en una semana, mientras la Bolsa de Sao Paulo cayó 5,23 por ciento también este lunes, y el riesgo-país volvió a los 800 puntos, después de haber caído a menos de 500 en el inicio del año.
