Militares bolivianos continuaban este sábado acuartelados y en estado de alerta, en rechazo a un fallo del Tribunal Constitucional contra cuatro oficiales acusados de la muerte de dos civiles durante protestas populares de febrero de 2003.
Vestidos con uniformes camuflados, los jefes de las Fuerzas Armadas dispusieron el viernes el acuartelamiento de tropas y acudieron por la noche a la sede del gobierno para entrevistarse con el presidente Carlos Mesa y protestar por el fallo.
Luego de tres horas de reunión, el ministro de la Presidencia, José Galindo, señaló que el gobierno ratificaba su respeto a la Constitución política del Estado ”de principio a fin”. Los jefes castrenses no efectuaron declaraciones, pero mantienen sus tropas en los cuarteles en reclamo de una ”solución”.
El Tribunal Constitucional dejó sin efecto el jueves un fallo de la justicia militar -que en octubre había declarado inocentes a cuatro oficiales por las muertes de la enfermera de la Cruz Roja Ana Colque y del obrero Ronald Collanqui el 13 de febrero de 2003- y ordenó que fueran procesados por la justicia penal ordinaria.
La justicia militar liberó de responsabilidades al teniente coronel Gróver Monroy Aliaga y a los tenientes José Enrique Costas Wanting, Rafael Enrique Mendieta Vera y Yamil Edgar Rocabado Villegas.
Los cuatro son acusados por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) de haber disparado contra Colque mientras ésta acudía a asistir a Collanqui, un auxiliar de mantenimiento herido por los mismos militares, que lo habrían confundido con un francotirador.
La denuncia de la APDHB se basó en imágenes de vídeo grabadas durante la segunda jornada de la llamada ”guerra contra el impuestazo”.
El 12 y 13 de febrero de 2003, una rebelión policial y protestas populares obligaron al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) a dejar sin efecto un impuesto a los salarios.
Tras el amotinamiento policial, las Fuerzas Armadas asumieron el control del orden público, y su intervención dejó 35 muertos y 100 heridos, según datos de organizaciones humanitarias.
El abogado constitucionalista Benjamín Miguel estimó que los efectivos militares que actuaron en febrero de 2003 deben responder ante un tribunal castrense porque sus actos estaban enmarcados en el ejercicio de sus funciones.
Su enjuiciamiento en un tribunal ordinario procedería sólo en el caso de la comisión de un delito al margen de sus funciones específicas. Las Fuerzas Armadas poseen un tribunal militar permanente, aunque para la doctrina jurídica no existen fueros especiales.
La tensión militar se suma al ambiente social convulsionado por anuncios de campesinos de la región occidental de bloqueos de carreteras en demanda de atención gubernamental a problemas sectoriales, y por una huelga general declarada por la Central Obrera Boliviana (COB), acatada de momento por algunos sectores del magisterio.
Desde hace semanas, organizaciones de derechos humanos y la Iglesia Católica vienen alertando sobre el peligro de un golpe de Estado.
Acerca de la presión que ejercieron los comandantes sobre el presidente al visitarlo con uniformes de campaña y ordenar el acuertelamiento de tropas, Miguel la consideró equivocada.
”Está mal que se vistan con traje de campaña, eso es alarmar y amenazar a la opinión pública. No puede haber acuartelamiento”, dijo.
Una fuente gubernamental dijo a IPS que el Poder Ejecutivo y los mandos militares buscan un mecanismo para impugnar al fallo del Tribunal Constitucional. Pero sus pronunciamientos son inapelables.
La Constitución establece la independencia de los tres poderes del Estado, los cuales sólo en situaciones particulares pueden aplicar algún mecanismo de fiscalización mutua.
Según el periódico La Razón, de La Paz, el presidente Mesa adelantó el jueves a los jefes militares un fallo favorable a los acusados por parte del Tribunal Constitucional, en virtud de información procedente de ese organismo que habría recibido mediante un contacto no especificado.
Al conocer la decisión adversa del Tribunal, algunos jefes militares se sintieron engañados por Mesa, añade el diario en su edición de este sábado.
El malestar de las Fuerzas Armadas crea un ambiente institucional crítico y delicado al cual se suman rumores de un golpe de Estado, dijo a IPS la analista política Maria Teresa Zegada.
La actitud de los militares ”no deja de ser una amenaza para el sistema democrático. La tensión entre el gobierno y la Fuerzas Armadas puede agudizar el riesgo de una ruptura del orden institucional”, sostuvo.
Los disturbios de febrero de 2003 fueron el preámbulo de la renuncia de Sánchez de Lozada, en octubre del año pasado, cuando masivas protestas contra su política energética fueron encabezadas por organizaciones sindicales y habitantes de la ciudad de El Alto, cercana a La Paz, contrarios a la venta de gas natural a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos.
El entonces vicepresidente, Carlos Mesa, asumió el mandato por una sucesión constitucional apoyada por el Congreso legislativo.
