Osvaldo Torres tiene la esperanza de no ser ejecutado el 18 de mayo luego que la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, ordenara revisar su caso y el de otros 50 mexicanos sentenciados a la penal capital en Estados Unidos, pero sus carceleros afirman que morirá de todas formas.
”Está muy optimista ahora, él nos da fuerza, él nos dice que no lo matarán”, dijo Roberto Torres, papá de Osvaldo, en entrevista telefónica con IPS desde el meridional estado estadounidense de Oklahoma, donde su hijo guarda prisión.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictaminó a fines de marzo que Estados Unidos violó los derechos de 51 mexicanos, en los respectivos casos que los llevaron a ser sentenciados a muerte, por no garantizarles la posibilidad de asistencia consular al momento de ser detenidos y procesados. Por ese hecho, ordenó que se revisen sus casos.
No obstante, la fiscalía de Oklahoma indicó que no acatará la resolución y que Torres será ejecutado el 18 de mayo como fue previsto, mientras la gobernación del meridional estado de Texas, donde hay 16 mexicanos condenados a muerte, señaló en un comunicado que ”la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción” en su estado.
En la lista de los 51 mexicanos sentenciados a la pena capital en Estados Unidos, Torres es el que será ejecutado primero.
”Los abogados y mi propio hijo nos dicen que tengamos confianza, que es muy posible que se suspenda la ejecución. Pero ya no sabemos qué creer y sólo esperamos en Dios”, expresó Roberto Torres, un mexicano que hace 23 años emigró a Estados Unidos, donde trabaja de obrero de la construcción.
”La vida de mi familia está en crisis desde hace 11 años, cuando detuvieron injustamente a mi hijo y lo encerraron”, señaló.
Osvaldo Torres, hoy de 28 años, fue sentenciado a la pena de muerte en 1993 por el homicidio de María Yáñez, de 35 años, y de su esposo Francisco Morales, de 38, durante un robo a su domicilio.
El gobierno de México no fue notificado de su detención y juicio ni Torres fue informado de que tenía derecho a recibir la asistencia legal de su país.
Ahora el gobierno mexicano de Vicente Fox apura la defensa de sus connacionales presos en espera de la muerte en Estados Unidos, con el envío a comienzos de abril de emisarios para demandar que Washington cumpla con la resolución lograda en la Corte Internacional de Justicia.
Además, la administración de Fox redobló su asesoría jurídica a cada uno de los mexicanos condenados a la pena capital para buscar que se anulen sus ejecuciones.
Si Estados Unidos no acata la resolución de la Corte de La Haya, que es el máximo órgano de justicia de la Organización de las Naciones Unidas, México presentará el caso ante el Consejo de Seguridad de ese foro mundial, advirtió el gobierno de Fox.
Pero observadores sostienen que aún así, la mayoría de los casos de los mexicanos sentenciados no serán revisados.
”De verdad que el gobierno mexicano hizo mucho por nosotros, nos ha asesorado muy bien en esta etapa y ojalá tenga éxito en evitar que maten a mi hijo”, comentó Torres.
”Hablé hace poco con Oswaldo y lo encontré bien. Está fuerte ahora, más que nunca y tiene la esperanza de que no morirá”, relató.
No sucede lo mismo con los familiares de Tomás Verano, otro mexicano condenado a muerte, que guarda prisión en el occidental estado de California.
”Vimos la noticia en la televisión (sobre la resolución de la Corte Internacional de Justicia), pero creo que no va a pasar nada (…) esperamos más un milagro de Dios que una resolución que quite la pena de muerte a nuestro hijo”, declaró Constancia, la madre de Verano, desde su casa del estado de San Luis Potosí, en el centro de México.
Verano, que ingresó a Estados Unidos sin permisos migratorios, fue aprehendido en 1991 y enjuiciado por el asesinato de un oficial de policía que previamente lo había detenido por provocar disturbios en el domicilio de una mujer. El acusado aún no tiene fecha de ejecución, pero su madre cree que eso podría suceder pronto.
”Los mexicanos vivimos muchas injusticias en Estados Unidos, pero la peor es que te metan preso a tu hijo y que de castigo lo quieran matar”, manifestó el padre de Osvaldo Torres.
Las condiciones de pobreza e ignorancia son elementos comunes en los casos de los reos mexicanos que esperan la pena de muerte en cárceles de Estados Unidos, asegura Sandra Bapcock, una de las abogadas contratadas por el gobierno mexicano para llevar los casos.
Se trata de personas que no dominaban el idioma inglés cuando fueron detenidos, que no tuvieron asistencia legal adecuada y que si hubieran recibido apoyo consular no hubieran sido condenados a muerte, afirmó la abogada.
La Corte Internacional de Justicia dio la razón a esos argumentos e indicó que Estados Unidos ”tiene la obligación de permitir una revisión” inmediata de las sentencias de los condenados a muerte, a través de sus propios tribunales.
También para casos futuros le ordenó garantizar el respeto de asistencia consular. No obstante, reconoció que ese país hace actualmente ”esfuerzos considerables” en este sentido.
La última ejecución de un mexicano en Estados Unidos se registró en agosto de 2002 en Texas, estado fronterizo de México, y fue la quinta en ese país desde 1976. Se trató de Javier Suárez, asesino confeso de una agente antinarcóticos.
”A nosotros sólo nos queda sino rogar a Dios y confiar en los abogados para que Osvaldo no sea otro muerto más, (pues) estamos seguros de que es inocente y que no merece que lo maten tan joven”, señaló Roberto Torres.
