Desde que el comandante rebelde Louis Jodel Chamblain, líder de un escuadrón de la muerte, se entregó a las autoridades haitianas, hay un criminal armado menos en el país, pero los observadores de la situación humanitaria no se han vuelto optimistas por eso.
Grupos armados aún controlan varias regiones de Haití, la policía es casi inexistente, el sistema judicial se basa en el Código Napoleónico, sancionado en Francia hace dos siglos, y la desigualdad es flagrante en una sociedad dividida por agudas diferencias políticas y de clase, de modo que el encarcelamiento de una persona no cambiará mucho, alegan.
En el norte, un grupo autodenominado Ejército de Kosovo se dedica a los secuestros para pedir rescates y dispone de una cárcel propia.
En varias ciudades y pueblos, comisarías de policía y cruces de caminos son ocupados por integrantes del insurgente Frente Nacional Haitiano y contingentes de matones armados que se unieron a ese grupo tras la caída del presidente Jean-Bertrand Aristide el 29 de febrero.
La cantidad de integrantes de la notoriamente corrupta y brutal Policía Nacional Haitiana cayó de 7.000 a 1.400.
Esta semana, cuando se abrieron las inscripciones para la academia de ese cuerpo, un joven murió pisoteado y dos docenas más resultaron heridos en un tumulto ante la puerta del frente, mientras oficiales introducían furtivamente por la puerta trasera a amigos y a personas que les habían pagado.
A comienzos de este mes, el ex comandante del ejército Herard Abraham, actualmente ministro del Interior, sorprendió a las organizaciones humanitarias al anunciar que aceptará a ex soldados en la Policía Nacional.
Aristide desmanteló en 1995 las Fuerzas Armadas, una herramienta de anteriores gobiernos dictatoriales desde 1957, responsable durante varias generaciones de toda clase de crímenes y abusos.
En la actualidad, una fuerza multinacional de unos 3.600 integrantes, encabezada por Estados Unidos, hace poco más que patrullar en forma ocasional algunas áreas. Sus esfuerzos por lograr el desarme de fuerzas irregulares lograron hasta la semana pasada reunir apenas unas 150 armas, la mayoría de ellas en mal estado según informes periodísticos.
Unas 3.000 personas liberadas de la cárcel por el Frente Nacional permanecen prófugas, y son cotidianas las denuncias de asesinatos, secuestros, violaciones y robos. Esta semana, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia destacó que las niñas y niños de Haití han sido severamente afectados por la crisis y la violencia, y que unos 2.000 pasaron a vivir en las calles de Puerto Príncipe.
Las autoridades locales designadas por Aristide han desaparecido, quizá por temor a represalias por sus actos cuando gobernaban, y la mayoría de los centros urbanos carece de sustitutos. También dejó de funcionar la mayor parte del Poder Judicial.
"Está claro que este gobierno no controla el territorio nacional", dijo a IPS Eliphaite St. Pierre, secretario general de la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH).
Chamblain se entregó el jueves, con gran cobertura periodística, exactamente 10 años después de que soldados y paramilitares del escuadrón de la muerte Frente para el Avance del Progreso del Pueblo Haitiano atacaron Raboteau, una zona pobre de la septentrional ciudad de Gonaives, donde mataron de ocho a dos docenas de personas.
Investigadores, activistas y periodistas han vinculado a esa organización paramilitar con la estadounidense Agencia Central de Investigaciones (CIA, por sus siglas en inglés) y con numerosos casos de incendios intencionales, violaciones y asesinatos, en el marco de una campaña para aterrorizar y eliminar a seguidores de Aristide en 1993 y 1994, tras un golpe de Estado que lo derrocó en 1991.
Chamblain, número dos del Frente para Avance del Progreso, alega que esa organización es puramente política. El y el líder del grupo, Emmanuel "Toto" Constant, huyeron de Haití cuando el gobierno de Aristide fue restaurado en 1994.
Constant fue a Nueva York, donde aún reside, y Chamblain a la vecina República Dominicana.
Chamblain fue juzgado y condenado en ausencia por la llamada masacre de Raboteau y por el asesinato del empresario Antoine Izmery, partidario de Aristide. Regresó a Haití este año, para ayudar a dirigir el irregular ejército insurgente que mató por lo menos a una docena de personas en febrero, al apoderarse de la mitad de las comisarías del país.
Pese a la condena en su contra, recorrió el país libremente en los últimos dos meses, concediendo entrevistas periodísticas, abogando por la restauración de las Fuerzas Armadas e incluso presidiendo improvisados "tribunales".
En el mismo periodo, el nuevo ministro de Justicia, Bernard Gousse, arrestó o prohibió abandonar el país a docenas de ex funcionarios del gobierno de Aristide, entre ellos el ex ministro del Interior, Jocelerme Privert, y destituyó a grandes cantidades de policías.
Quizás la cuidadosa puesta en escena del arresto de Chamblain buscó aplacar las protestas contra esa dualidad de criterios.
El condenado por asesinato se presentó con un impecable traje gris y lloró al subrayar que llevaba a cabo un "acto heroico".
"Me entrego para ser un prisionero, a fin de que Haití tenga una oportunidad de lograr la auténtica democracia por la que estoy luchando, y la auténtica justicia por la que siempre luché.
El comandante en jefe del Frente Nacional, Guy Philippe, tenía sus manos sobre los hombros de Chamblain, y lloraba tanto que debió abandonar la habitación repleta de periodistas locales y extranjeros.
Chamblain aseguró que un juicio imparcial demostrará su inocencia, e instó a otras personas a entregarse también a las autoridades, entre ellas a ex funcionarios del gobierno de Aristide e integrantes de su partido Familia Lavalas, acusados de violaciones de los derechos humanos y corrupción.
Luego se puso de pie, atravesó la habitación, entregó un arma a un integrante del Frente Nacional, permitió que le tomaran las huellas dactilares y pasó a residir en una celda.
Gousse elogió ante periodistas la "buena y noble decisión" de Chamblain, y aseguró que "se hará justicia, sin que importe de qué bando es uno".
Philippe comentó que esperaba que la policía arrestara también al ex primer ministro de Aristide, Yvon Neptune, y otros miembros de Lavalas por graves violaciones de los derechos humanos.
Muchos observadores humanitarios elogiaron con suma cautela el gesto de Chamblain, y temen que pronto sea absuelto en nuevos juicios anunciados por Gousse.
"Si no es juzgado, o si es juzgado y declarado inocente, será una catástrofe que alentará la impunidad", dijo a IPS Pierre Esperance, director de la Coalición Nacional por los Derechos Haitianos, que integra la POHDH.
El Frente para Avance del Progreso estuvo implicado muchos actos de barbarie, incluyendo el asesinato en octubre de 2003 del entonces ministro de Justicia, Guy Malary.
Esperance expresó su esperanza de que no haya una "comedia judicial".
Por otra parte, es preciso que sean arrestadas personas acusadas de crímenes que se atribuyeron al gobierno de Aristide, entre ellos el ataque del 5 de diciembre de 2003 contra un decano de la universidad estatal, el asesinato en diciembre de 2002 de tres hermanos, del que fueron acusados policías, y la destrucción a comienzos de este año de equipos y antenas emisoras de varias emisoras privadas de radio. ***** +Coalición Nacional por los Derechos Haitianos, en inglés (http://www.nchr.org) +Haití, otro paso atrás – Cobertura especial de IPS (http://www.ipsenespanol.net/focus/haiti/index.asp ) (FIN/IPS/traen-mp/jr/ml/hd ip/04)
