El gobierno de México sentó un precedente mundial al derrotar este miércoles a Estados Unidos en la Corte Internacional Justicia, con sede en La Haya, en un proceso legal interpuesto por los atropellos que habrían sufrido en ese país 51 mexicanos condenados a muerte.
No obstante, observadores locales advirtieron que ese triunfo podría no traducirse en hechos concretos, pues vaticinan que Estados Unidos no acatará el fallo. Esa posibilidad no es descartada tampoco por el gobierno mexicano de Vicente Fox.
La Corte dictaminó este miércoles que Estados Unidos violó los derechos consulares de 51 mexicanos en los respectivos casos que los llevaron a ser sentenciados a muerte en ese país, al no garantizarles la posibilidad de asistencia consular al momento de ser detenidos y procesados.
Estados Unidos debe realizar por medios de su propia elección, una revisión significativa de las sentencias y las condenas, dijo el juez chino Shi Jiuyong, presidente de la Corte Internacional.
Tras conocerse el dictamen, el presidente Fox señaló que su país recibe con júbilo la resolución y la considera un triunfo del derecho internacional y de los derechos humanos.
Por su parte, la cancillería mexicana señaló que el fallo del máximo organismo judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), radicada en Holanda, constituirá una herramienta jurídica única para otros países que deseen defender a sus nacionales en el extranjero.
Aunque afirmó que el dictamen de la Corte es definitivo e inapelable, una fuente del gobierno que prefirió se omita su nombre, declaró a IPS que podría no ser atendido por Estados Unidos. En ese caso, el tema sería puesto a consideración del Consejo de Seguridad de la ONU, tal como lo estipulan las normas del tribunal, indicó.
México acusó en enero de 2003 a Estados Unidos en la Corte de La Haya por su presunto incumplimiento de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, por entender que no había permitido que sus connacionales arrestados en el vecino país del norte recibieran asistencia consular luego de ser detenidos.
El equipo de abogados estadounidenses, liderado por William Taft, consejero jurídico del Departamento de Estado, y Sir Eliu Lauterpacht, profesor honorario de la británica Universidad de Cambridge, sostenían a capa y espada que las acusaciones mexicanas eran infundadas.
Aunque en alguno de los casos la asistencia consular pudo faltar, de haberse dado, no hubieran alterado en nada la sentencia a pena de muerte dictada por los jueces, argumentaban los abogados.
Taft, ex embajador estadounidense ante la Organización del Tratado del Atlántico Norte, declaró en el alto tribunal internacional que la demanda mexicana representaba una intromisión en su sistema de justicia y atentaba contra su soberanía, así como una injerencia a las decisiones que son competencia exclusiva de los estados de su país y no del gobierno central.
Pero en el fallo, la Corte indicó que Estados Unidos tiene la obligación de permitir una revisión inmediata de las sentencias de los condenados a muerte, a través de sus propios tribunales.
Además, para casos futuros le ordenó garantizar el respeto de asistencia consular. No obstante, reconoció que ese país hace actualmente esfuerzos considerables en este sentido.
Por tratarse de cuestiones de principio en torno a la aplicación general de la Convención de Viena, la resolución de la Corte podría beneficiar a otros condenados a muerte en Estados Unidos, que no son mexicanos, pero sí extranjeros en ese país, apuntó la cancillería mexicana.
Según el politólogo mexicano Alfonso Zárate, a pesar de la resolución, Washington seguirá la línea de su política unilateral y no respetará el fallo de la Corte.
La Corte Internacional de Justicia ordenó en 2002 a Estados Unidos suspender la ejecución del alemán Walter La Grand, con el argumento de que no le permitió tener asistencia consular. No obstante, fue ejecutado.
Así, en febrero de 2003, México consiguió que la Corte ordenara a Estados Unidos suspender la ejecución de tres mexicanos condenados a muerte, por considerar que su caso estaba siendo conocido en ese tribunal.
Empero, los procesos en Estados Unidos no sufrieron cambios y uno de los ya condenados tiene incluso fecha para ser ejecutado. Se trata de Osvaldo Torres, quien podría morir en mayo en el estado de Oklahoma.
La demanda original de México contra Estados Unidos en La Haya fue interpuesta para resolver la situación de 54 mexicanos, pero por indultos y otros asuntos quedó reducida a 51.
El activista de grupos humanitarios Patricio Torres opinó que, aunque la resolución de la Corte tiene una fuerza moral importante, difícilmente Estados Unidos la cumplirá.
Estados Unidos fue el primer país en acogerse voluntariamente a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, pero nunca recibió una condena hasta 1986, cuando se emitió el fallo que ordenó el cese de la agresión a Nicaragua y que llevó a Washington a denunciar el acuerdo.
Es casi imposible que Estados Unidos pueda ordenar a los gobiernos y las cortes de uno o varios de sus estados que se revise el caso de los condenados a muerte, pues en ese país hay una tradición federalista muy fuerte, señaló Torres a IPS.
La última ejecución de un mexicano en Estados Unidos se registró en agosto de 2002 en el meridional estado de Texas y fue la quinta en ese país desde 1976. Se trató de Javier Suárez, asesino confeso de una agente antinarcóticos.
México, al igual que la mayoría de los países del mundo, se opone a la pena de muerte, que tiene plena vigencia en Estados Unidos desde 1976, luego de un periodo de cuatro años en el que permaneció suspendida.
La organización humanitaria Amnistía Internacional, con sede en Londres, sostiene que la pena capital es una expresión de barbarie y que su aplicación tiene un fuerte sesgo racista. Casi la mitad de los más de 3.000 sentenciados que aguardan la muerte en Estados Unidos son negros, latinoamericanos o asiáticos.
