Al investigar a una gran empresa constructora del Norte industrial condenada en un país de Africa por corrupción, el Banco Mundial pone a prueba sus mecanismos de control sobre los proyectos de desarrollo.
Activistas que supervisan a organismos multilaterales de crédito urgieron al Banco Mundial a concluir su pesquisa sobre la firma canadiense Acres International, que, según la justicia de Lesotho, sobornó a un funcionario para asegurarse un multimillonario contrato.
"Este es un caso monumental para el futuro de los proyectos internacionales de desarrollo, especialmente los del Banco Mundial. Creo que para esta institución es realmente el momento de la verdad", dijo la activista Patricia Adams, del grupo canadiense Probe International.
El Banco Mundial informó hace dos semanas que había reanudado la investigación sobre Acres International, firma radicada en la sudoriental provincia candiense de Ontario.
La Corte Suprema de Lesotho sentenció el año pasado que la empresa pagó comisiones ilegales a un funcionario para obtener el contrato de construcción de una represa financiada por el Banco Mundial, una obra de miles de millones de dólares.
La compañía perdió en agosto una apelación, aun cuando recordó en su defensa que había ganado el contrato en una licitación supervisada por los gobiernos de Lesotho y Sudáfrica y sometida a la revisión y aprobación del Banco Mundial.
Según la sentencia, la compañía pagó 266.000 dólares al ex gerente general de Lesotho Highlands Water Project, Masupha Sole, condenado el año pasado a 18 años de prisión al ser hallado culpable de recibir soborno.
Una docena de otras empresas estuvieron implicadas, entre ellas las sudafricanas Concor y Group Five, las británicas Keir International y Stirling International y la alemana Hochtief.
El caso se convirtió en una prueba de la franqueza del Banco Mundial y de los gobiernos occidentales cuando advierten a los países en desarrollo de que deben combatir la corrupción.
"Fue el caso más claro de una acusación judicial de corrupción a nivel nacional en que el Banco Mundial está involucrado, y también la primera ocasión en que un país en desarrollo y empobrecido acusa de soborno a una gran multinacional", dijo por e-mail el activista Soren Ambrose, de la organización 50 Años son Suficientes.
Que una nación en desarrollo se resista ante la fortaleza de una compañía occidental también ha sido un fenómeno extraño, dijo Ryan Hoover, de la organización Rivers Network International, con sede en el oriental estado estadounidense de California.
"Este caso demuestra que quien paga sobornos es tan culpable como quienes lo reciben. Esto no sucedió antes, pues los países debían tener coraje para enfrentarse a esas grandes compañías y a sus enormes equipos jurídicos", dijo Hoover.
La unidad de investigación del Banco informó que se encuentra estudiando el caso y que enviará en breve sus conclusiones al Comité de Sanciones de la institución.
Ni el Banco Mundial ni Acres International devolvieron los reiterados llamados telefónicos realizados por IPS para solicitarles detalles sobre el procedimiento de investigación.
El Comité de Sanciones, un órgano internacional del Banco, fue creado en noviembre de 1998. Desde entonces, el Banco ha declarado al menos a 95 empresas e individuos inelegibles para contratos financiados por la institución, permanente o transitoriamente.
La mayoría son firmas del Sur en desarrollo.
La política del Banco Mundial acerca de la corrupción establece que el organismo cortará todo vínculo con cualquier empresa que incurra en tal conducta en un contrato que éste financie.
Pero organizaciones de la sociedad civil muestran preocupación porque las naciones con más poder dentro del Banco, como Canadá, integrante del Grupo de los Siete países más industrializados, pueden librar a sus empresas de eventuales castigos.
Y funcionarios canadienses han advertido que defenderán a la empresa.
Activistas contra la corrupción también muestran preocupación ante un informe del bufete jurídico estadounidense Arnold and Porter, según el cual hay evidencia "razonablemente suficiente" que demuestra la presencia de prácticas corruptas en las actividades de Acres International.
Aun así, el Comité de Sanciones estimó luego que las pruebas para acusar a la firma por corrupción por sus acciones en Lesotho eran insuficientes.
"En los últimos años, el Banco Mundial se ha estado jactando mucho sobre sus medidas contra la corrupción. Con ese discurso, es curioso ver cuán lentamente ha reaccionado", dijo Ambrose.
Canadá, el Banco Mundial y otros países involucrados en el proyecto de represa en Lesotho también están preocupados por las consecuencias del caso en el sector de la energía hidroeléctrica mundial, pues 12 grandes compañías están implicadas.
"Este es el quién es quién de las grandes empresas de la industria de las represas", sostuvo Hoover.
"La posible exclusión de estas compañías por el Banco Mundial ocasionaría un gran daño al sector, porque no hay muchas que puedan hacer lo que ellas hacen", agregó.
Los activistas pronostican una gran batalla si Acres International fuera proscripta por el Banco.
"Estoy seguro de que esas compañías harán todo a su alcance para protegerse. Y ese es el problema. ¿Sucumbirá el Banco a la presión? No lo sé. Seguí las actividades del Banco durante tantos años que nada me sorprendería", dijo Adams.
De todos modos, los activistas urgen al Banco a ceñirse a sus propias políticas y a sus propios discursos para prohibir a la compañía participar en sus proyectos.
"A estas alturas, creo que el Banco Mundial no tiene alternativa", acotó Adams. Aceptar la conducta de Acres International "socavaría, destruiría la credibilidad del Banco", advirtió.
La firma canadiense participa actualmente en los proyectos hidroeléctricos Bujagali, en Uganda, y Nam Theun 2, en Laos, ambos con financiamiento del Banco Mundial. También intervino en el gigantesco proyecto chino Tres Gargantas.
