Un grupo que representa a periodistas y editores de la agencia estatal española de noticias EFE asegura que tuvo información temprana que apuntaba a terroristas islámicos como responsables del ataque de Madrid, y la calló por presión del gobierno de José María Aznar.
«EFE conocía, desde la misma mañana de los atentados del jueves en Madrid, la existencia de un teléfono móvil configurado en árabe, la furgoneta hallada en Alcalá de Henares y sabía que uno de los muertos era un terrorista», sostuvo el lunes el comité de trabajadores de la agencia.
«La difusión de informaciones obtenidas por fuentes propias de los redactores del servicio nacional de noticias y relacionadas con el terrorismo radical extremista (islámico) fueron expresamente prohibidas», según el comité de trabajadores.
Poco más de una hora después de las explosiones en tres trenes, que causaron más de 200 muertos y 1.500 heridos, el gobierno atribuyó la responsabilidad al grupo terrorista vasco ETA, versión que siguieron a pies juntillas los medios de comunicación, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales.
Una larga historia de atentados de ETA, y dos intentos abortados con algún elemento similar al de las explosiones del jueves 11, hacía verosímil la atribución a ETA.
Las ediciones en Internet de los principales diarios españoles titularon con distintas versiones de «Masacre de ETA». IPS tituló su primer despacho «ETA vota con bombas y muertos civiles».
Solo al final de la jornada, el gobierno informó de que la policía había recuperado la furgoneta robada en Alcalá de Henares que contenía detonadores de explosivos y una cinta con versos del Corán en árabe.
También se encontró en el lugar de una de las explosiones una bolsa de deportes con explosivos, un detonador y un teléfono móvil.
Poco más tarde, el diario londinense en árabe Al-Quds Al-Arabi afirmaba haber recibido un mensaje electrónico a nombre de la red terrorista islámica Al Qaeda, reivindicando la responsabilidad de las bombas.
A pesar de ello Aznar llamó en el curso del día a los directores de El País, Jesús Ceberio, y de El Periódico de Barcelona, Antonio Franco, a quienes aseguró que el culpable de la masacre era ETA.
«Fue entonces, con la convicción de que el presidente del gobierno de mi país era incapaz de, en el ejercicio de su cargo, darme seguridades sobre un tema sobre el que no estuviese seguro, cuando decidí el titular: El 11-M de ETA», relató Franco en un artículo editorial.
«El presidente del gobierno empeñó su palabra ante los principales responsables de los medios de comunicación para que presentaran el atentado como obra de la banda terrorista ETA», explicó El País en un editorial del domingo 14.
El Círculo de Corresponsales Extranjeros, que agrupa a una parte los periodistas acreditados en España, denunció también que una decena de sus miembros recibió llamadas telefónicas desde la Secretaría de Estado de Comunicación, «con el explícito pedido de apuntar en nuestras crónicas y difusiones que ETA fue el autor de los atentados».
También los sindicatos de trabajadores de la televisión pública de la Comunidad Autónoma de Madrid denunciaron «una clara manipulación», «censura», «falsificación de noticias» y «ocultamiento» en relación con el atentado. El director de la televisión, Manuel Soriano, rechazó la denuncia. Soriano fue jefe de prensa de la ahora presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, del derechista y gobernante Partido Popular (PP), cuando ésta presidía el Senado.
«Tras el atentado, el presidente de EFE, Miguel Ángel Gozalo, y su director de Información, Miguel Platón, han ordenado la censura previa de toda la información relacionada con la investigación policial», dice su comunicado.
Directivos de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) se reunieron este miércoles con el Comité Intercentros, de periodistas de la agencia EFE, que reclama ahora la renuncia de su director de Información, Miguel Platón.
Periodistas y editores de la agencia acusaron a Platón de haber «impuesto en estos últimos días un régimen de manipulación y censura previa en esta empresa para favorecer los intereses del Partido Popular de cara a las elecciones del 14 de marzo».
La APM está preocupada por esos conflictos y, «mirando hacia el futuro, reclamamos que se respeten las normas éticas para que los periodistas podamos trabajar con libertad y suministrando una información veraz», dijo a IPS su presidente, Fernando González Urbaneja. Ana Vaca de Osma, directora de comunicación de EFE, replicó que «la información difundida por la agencia ha procedido siempre de fuentes oficiales».
El esfuerzo propagandístico se dio en otros frentes.
La canciller Ana Palacios envió el mismo jueves un telegrama a los responsables de las embajadas españolas en todo el mundo con instrucción de que «aprovecharan las ocasiones» que se les presentaran para difundir la versión del gobierno: que «el Ministerio del Interior ha confirmado la autoría de ETA».
Hasta el Consejo de Seguridad de la ONU despachó sin más trámite una resolución de condena a los brutales atentados «perpetrados por ETA», tras el pedido expreso de Madrid, que aseguró manejar pruebas indudables. Ahora el organismo se apresta, avergonzado, a anular esa declaración. El español Javier Solana, máximo funcionario de política exterior de la Unión Europea, dio entrevistas a la televisión aseverando que parecía cierto que ETA era la culpable, por la táctica y el tipo de explosivos empleados.
El jueves el gobierno comunicó erróneamente que el explosivo era dinamita Titadyne (usado por ETA tras robar varias toneladas en Francia).
«Es evidente que hubo presión. Es la primera vez que el jefe del gobierno llamó a todos los grandes medios y que en la agencia oficial (EFE) se aplicó la censura y el control de la información», dijo a IPS el catedrático Enrique Bustamante, miembro del equipo que asesora al candidato del triunfante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), José Luis Rodríguez Zapatero.
Cuando la cadena radial SER, la de mayor audiencia en el país, informó que las pistas del Centro Nacional de Información (de inteligencia militar) apuntaban en 99 por ciento a grupos islámicos, «de inmediato sonó el teléfono y llegó una ´desmentida´ del propio director del Centro», acotó Bustamante.
Mientras el gobierno repetía el nombre de ETA como un mantra, se producía una acumulación de indicios que señalaban con cada vez más claridad a un grupo extremista islámico como perpetrador de la masacre.
El montaje tenía estrecha relación con los comicios convocados en España para el domingo 14, en los que el PP sufrió una contundente derrota en un clima de crispación y sensación de que se dosificaba la información sobre los atentados.
Aunque 83 por ciento de los españoles, según encuestas, se opusieron a la invasión de Iraq conducida por Estados Unidos, el gobierno de Aznar respaldó esa guerra en la que participó con 1.300 efectivos.
El ataque del jueves, procedente en apariencia desde alguno de los frentes radicales islámicos que habían amenazado a los aliados de esa guerra, tuvo el efecto de activar la memoria colectiva antibélica.
En ese panorama de desinformación, el sábado 13 sorprendió la movilización ciudadana contra el terrorismo y las manipulaciones informativas del gobierno, «impulsada con mensajes móviles y a través de Internet», dijo Bustamante.
La convicción inicial sobre la culpabilidad de ETA se puede comparar a lo que ocurrió después de que un coche-bomba destruyera un edificio del gobierno federal en la central ciudad de Oklahoma, el 19 de abril de 1995.
Murieron allí 169 personas. Nadie se responsabilizó del ataque. Pero enseguida se divulgó la versión de que se debía a «terroristas árabes», sostenida por la prensa durante dos días.
En cambio, IPS afirmó, horas después de la explosión, que ciertos indicios conducían a sectores de la ultraderecha supremacista blanca.
«Hubo una cuestión cultural: los estadounidenses no veían a sus jóvenes capaces de la violencia expuesta en el edificio federal, pero, a través de películas, noticias, preconceptos de presuntos expertos en ‘terrorismo’ (muchos de ellos con fobia al Islam), y alguna declaración oficiosa, se impuso la idea del origen árabe», recuerda a IPS el periodista Jim Lobe, autor de aquel despacho. «Nos adelantamos 36 horas al resto de los medios en señalar a las milicias ultraderechistas, pues partimos de nuestra propia experiencia en el sistema judicial con esos grupos», añadió.
«Estaba convencido de que algunos estadounidenses eran perfectamente capaces de cometer ese horror, y de que el blanco mismo, un edificio del gobierno, tenía sentido», dijo Lobe.
«Con nuestro ex colega Pratap Chatterjee, revisamos sitios en Internet, vimos charlas de grupos derechistas y nos dimos cuenta de que el 19 de abril era un aniversario importante. Fue cuestión de unir un punto con otro», recordó Lobe.
El 19 de abril de 1993, 85 personas de una secta fundada por David Koresh murieron en un incendio en Waco, en el estado de Texas, tras resistir 51 días el intento de allanamiento policial.
De modo inverso, los condicionamientos «culturales» de los españoles y el manejo de la información que hizo el gobierno llevaron todos los ojos, en los primeros momentos de confusión, a ETA.
