Horas después de cerrar trato con el FMI, Argentina muestra voluntad de alcanzar un rápido acuerdo con los acreedores privados de la deuda externa, impaga desde hace 27 meses, aunque sin modificar la oferta inicial de una quita de 75 por ciento.
El jefe de gabinete, Alberto Fernández, aseguró que el gobierno negoció con el FMI (Fondo Monetario Internacional) preservando intereses del país, pero admitió que la discusión que llevó a Argentina al borde de la suspensión de pagos con el organismo se centró en un tema ajeno a las metas comprometidas en el acuerdo de septiembre.
Desde Washington, el FMI emitió un comunicado en el que su directora gerenta interina, Anne Krueger, destacó que el país hizo considerables progresos en su economía y crecerá este año 5,5 por ciento. También mencionó que Argentina adoptó un curso de acción específico sobre su deuda con privados.
El proceso por el cual el FMI altera los términos de la discusión a fin de obtener finalmente un poco más de lo que exige su intervención, fue calificado de arbitrario, ilegítimo y preocupante por un amplio abanico de economistas y políticos consultados por IPS.
Coincidieron en esa opinión el economista Eduardo Curia, cercano al ministro de Economía Roberto Lavagna, su colega y diputado Claudio Lozano, de la Central de Trabajadores de Argentina, el profesor Alejandro Vanoli, de la Universidad de Buenos Aires y miembro del grupo de investigadores Plan Fénix, y Adolfo Sutszeneger, vinculado a la opositora Unión Cívica Radical.
Pero, en definitiva, esa forma de operar ha sido aceptada por el gobierno.
En los últimos años, las discusiones entre Argentina y el FMI se empantanaron siempre por exigencias como la aprobación o derogación de leyes, la modificación de políticas de reparto de impuestos con las provincias, el rescate a bancos en crisis o los aumentos de las tarifas de servicios públicos.
Pregúntele al FMI, fue la lacónica respuesta del ministro de Economía, Roberto Lavagna, a IPS cuando unas semanas atrás lo consultó por esta práctica que los argentinos -utilizando una metáfora futbolística- llaman correr el arco: cuando el jugador se apresta a lanzar el balón, el arco se mueve y otra vez empieza la jugada.
La deuda externa argentina ronda los 145.000 millones de dólares, de los cuales más de 80.000 millones se adeudan a bonistas privados, que no ven dinero desde la crisis de diciembre de 2001. Pero cuando el país ostenta un crecimiento económico de 8,4 por ciento en 2003, los acreedores exigen un esfuerzo mayor.
En el último episodio, si bien el gobierno negoció con dureza hasta último momento y rechazó varias condiciones del FMI, no se negó a discutir en detalle su propuesta para canjear la deuda con acreedores privados, que no estaba en principio entre las condiciones para aprobar la revisión de las metas fiscales.
El propio organismo se había declarado presidente en esa negociación.
Pero en las últimas semanas, presionado a su vez por los representantes del Grupo de los Siete países más poderosos del mundo (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón), centró sus exigencias a Buenos Aires en los compromisos no honrados con tenedores de bonos en el país y en el exterior.
En una rueda de prensa este miércoles, la primera después del acuerdo del martes, el ministro Lavagna dijo que el gobierno es el principal interesado en una solución definitiva con los acreedores privados, y situó un posible entendimiento entre fines de mayo y junio.
A partir de entonces, el gobierno deberá volver a discutir con el FMI las metas parciales del acuerdo que rige para este año y será tiempo de negociar el superávit fiscal que se exigirá al país en 2005 y 2006 que, ya se descuenta, el Fondo colocará por encima del tres por ciento de 2003, que admitió a regañadientes.
Lavagna y Fernández anunciaron que el martes se cursó una invitación a 21 grupos de acreedores privados para iniciar conversaciones en Buenos Aires entre el 22 de marzo y el 16 de abril.
Esos encuentros serán individuales, en igualdad de condiciones, y sin privilegiar a ningún grupo en particular, contrariando lo que exigía el FMI.
En esas reuniones se escucharán propuestas y reclamos pero remarcó que no se negociarán los términos de la propuesta básica: una quita de 75 por ciento del capital.
Eso no se modificará en lo más mínimo, advirtió el funcionario, aunque luego aclaró que sí se podría perfeccionar la propuesta en su instrumentación.
Según los ministros, los bancos que colocarán la nueva deuda serán asesores del gobierno, sin atribuciones para modificar la propuesta, y podrán ser removidos de su labor por Argentina si no cumplen a satisfacción con su papel.
En cuanto a eventuales litigios de los acreedores, Buenos Aires cedió: aceptó la jurisdicción de tribunales internacionales.
Finalmente, Fernández aclaró que la exigencia de establecer en 80 por ciento el límite de aceptación de los acreedores privados para considerar exitosa la propuesta de canje, que sostenía el Fondo, también fue rechazada.
Vamos a tratar de obtener el máximo de aceptación posible pero sin parámetros fijos, respondió Lavagna.
