El gobierno y la oposición de Venezuela se acusaron recíprocamente de dar un golpe contra la Constitución luego de que la autoridad electoral colocara en observación este miércoles una cantidad decisiva de firmas para pedir el referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez.
El Consejo Nacional Electoral decidió, por tres votos de sus cinco miembros, observar 1.180.000 rúbricas que están en planillas con caligrafía similar, del total de 3.447.000 presentadas por la coalición opositora Coordinadora Democrática.
Además, otras 800.000 firmas figuran en formularios objetados o invalidados por otras razones, informaron a IPS fuentes de la sala técnica del organismo.
Eso significa que apenas un millón y medio de firmas aprobaron el examen del independiente poder electoral, mientras que para activar el referéndum que ponga en juego el mandato de seis años iniciado en 2000 por Chávez se necesita la voluntad efectivamente expresada con su rúbrica de por al menos 2.436.083 ciudadanos, 20 por ciento del padrón electoral del país.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha consumado un gravísimo fraude contra la Constitución, la ley, y la soberanía popular, señaló la Coordinadora Democrática, que reúne 27 partidos y 40 asociaciones civiles de oposición, en un texto leído por su líder, Enrique Mendoza.
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Desconocemos la autoridad institucional y política de la mayoría oficialista del Consejo, y no los reconoceremos hasta tanto no se produzca una profunda rectificación de los terribles errores cometidos, añadió Mendoza.
Henry Ramos, secretario general del principal partido opositor, el socialdemócrata Acción Democrática, anunció la realización de asambleas de ciudadanos en las calles y manifestaciones a partir de este jueves ante la sede en Caracas que cobijará este viernes y el sábado a la Cumbre del Grupo de los 15, hoy ampliado a 19 países en desarrollo de Asia, Africa, América Latina y el Caribe.
El dispositivo de seguridad que rodeará la cita de gobernantes y representantes del Grupo de los 15 comprende el despliegue de unos 7.000 efectivos militares en la capital venezolana.
El vicepresidente de Venezuela, José Vicente Rangel, acusó a la Coordinadora de poner en marcha el tercer golpe contra la Constitución y la democracia, después de fracasar en sus intentos por desalojar a Chávez del gobierno con el efímero golpe de estado de abril 2002 y la huelga de 63 días iniciada el 2 de diciembre de ese mismo año.
El tono es similar. El llamado al desconocimiento del estado de derecho y a sustituir por cualquier medio a las autoridades legítimamente constituidas, es idéntico, como paso previo para lanzarse otra vez a una aventura golpista, declaró Rangel.
Portavoces de la oposición y de los partidos que apoyan al gobierno multiplicaron en los medios de comunicación las críticas y los apoyos, según el caso, a la decisión que tomó la mayoría del CNE, que en Venezuela es un poder independiente.
En tanto, las misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del estadounidense Centro Carter para la Paz, que observan todas las fases del examen de las firmas en el interior del CNE, pidieron a los contendientes y a los medios de comunicación permitir que ese organismo decida libre de presiones.
Al mismo tiempo, la OEA y el Centro Carter insisten ante el Consejo Electoral en la necesidad de encontrar métodos de reparo que sean transparentes, ágiles y simples, sujetos a la normativa previa y que presuman la buena fe de los firmantes, según un comunicado leído por el jefe de la misión de la OEA, Fernando Jaramillo.
Ese observador pidió también al CNE que acepte su propuesta de examinar una muestra aleatoria de las firmas cuestionadas que sea estadísticamente representativa.
Esa petición fue respaldada por dirigentes de la oposición, como Antonio Ledezma, de Alianza Bravo Pueblo (ex socialdemócratas), y Julio Borges, del centroderechista Primero Justicia, quienes instaron al CNE que acepte de inmediato el estudio de una muestra como indica la dupla OEA-Carter.
Jorge Rodríguez, uno de los miembros del CNE identificado con el oficialismo, se mostró dispuesto a estudiar una fórmula de salida, pero no la planteada por los observadores internacionales, pues, según dijo, es muy deficiente desde el punto de vista estadístico, porque consistía en examinar apenas 170 firmas.
Rodríguez exhibió por televisión este miércoles copias de planillas (cada una con 10 firmas) donde la caligrafía con los datos de los electores no sólo es similar entre ellas, sino que la grafía de decenas de rúbricas es de trazos muy semejantes.
Debemos presumir la buena fe, pero el Consejo tiene una duda razonable. Si no somos cuidadosos, torceríamos la voluntad popular. Por eso no hemos anulado estas firmas, sino que las sometemos a reparos, dijo Rodríguez.
El CNE se disponía a establecer el método y el lapso durante el cual los ciudadanos cuyas firmas resulten objetadas deberán acudir a los centros que el organismo señale para ratificar si efectivamente firmaron o no.
El presidente del CNE, Francisco Carrasquero, quien inclinó la balanza en la decisión 3-2 que objeta la oposición, destacó que no todas las firmas de una planilla plana (en Venezuela, deber escolar repetitivo) deben ser desechadas, sino sólo las que correspondan a idéntica o similar caligrafía.
El Consejo comete un fraude constitucional y presume que el ciudadano es culpable y no inocente, al revertir la carga de la prueba, dijo a IPS el jurista Hermann Escarrá, un opositor que en su momento participó de la redacción de la Constitución de 1999 impulsada por Chávez y en la cual se estableció la figura del referéndum revocatorio de los cargos elegidos en las urnas.
En caso de que finalmente se efectúe la consulta constitucional vinculante, el mandato de Chávez será revocado si por esa opción se pronuncian más ciudadanos que por el contrario y si los votos, además, superan los 3.757.763 que lo llevaron a la presidencia en julio de 2000.
La prisa de la oposición corresponde a otra cláusula de la Constitución, en la que se establece que, si el mandato se revoca antes de la mitad del periodo —que en esta ocasión se cumple el 19 de agosto— se convocarán de inmediato a elecciones presidenciales, pero si se produjese después de esa fecha entonces será el vicepresidente, libremente designado por Chávez, quien gobernará hasta enero de 2007.
Mientras, los reflectores se han alejado de los referendos pedidos contra diputados a la Asamblea Nacional, tanto oficialistas como opositores, que también se nutrieron con miles de planillas planas, según indicó Carrasquero.
