La violencia política pisó de nuevo las calles de Venezuela este jueves, en vísperas del veredicto de las autoridades electorales encargadas del control y recuento de las firmas solicitantes del referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez.
Jóvenes partidarios del gobierno y de la oposición chocaron en Valencia, una ciudad industrial ubicada a 100 kilómetros al oeste de Caracas, y en la andina Mérida, a 600 kilómetros al sudoeste, dejando algunos lesionados, incluido un periodista.
También se realizaron manifestaciones en Puerto La Cruz, principal urbe del oriente del país, en la sudoccidental Trujillo y en La Victoria, pequeña ciudad a 50 kilómetros al oeste de Caracas, donde altos mandos militares y funcionarios del gobierno conmemoraban el Día de la Juventud, que recuerda una batalla de la guerra de independencia.
Además, activistas del grupo "Mujeres por la Libertad" se apostaron en un tramo de una autopista que cruza la capital para repartir panfletos y vocear consignas en demanda de que se convoque el referéndum revocatorio presidencial.
"Tomamos las calles para defender nuestras firmas. No tenemos miedo", afirmó la dirigente del grupo Maeca López. "Tomar las calles es nuestra única opción", dijo Henry Ramos, jefe del mayor partido opositor, el socialdemócrata Acción Democrática.
Es que la oposición calienta sus motores para marchar este sábado en Caracas y otras ciudades con el fin de reclamar al Consejo Nacional Electoral (CNE) que ponga en marcha la consulta constitucional, pues entienden que presentaron más del 20 por ciento de las firmas requeridas para un padrón electoral actual de 12,2 millones de ciudadanos habilitados.
Mientras, a las puertas de la sede caraqueña del CNE montaron un campamento esta semana activistas de la Unión Popular, un grupo de partidarios del presidente Chávez.
"Parte de la oposición, golpista, intenta un tercer asalto a la Constitución", afirmó este jueves el vicepresidente José Vicente Rangel, quien añadió que "quieren repetir el libreto de abril y de diciembre de 2002, pero fracasarán porque el pueblo no lo permitirá".
Rangel aludió así al golpe de estado de abril de 2002 que alejó a Chávez de la presidencia por dos días, concretado luego de los disturbios desatados cerca de la sede del gobierno al arribo de una marcha opositora multitudinaria y que dejaron 19 muertos, y a la huelga general de dos meses iniciada en diciembre de 2002 que afectó en particular a la crucial industria petrolera.
La oposición pronostica que la manifestación convocada para este sábado en Caracas será multitudinaria y dicen temer que haya enfrentamientos cuando pasen por zonas donde prevalecen los partidarios del gobierno.
Las autoridades militares informaron que tomarán medidas especiales, coordinadas con la policía, para evitar desbordes callejeros. Pero se recuerda que parte de los cuerpos policiales son dirigidos por gobernadores y alcaldes que se oponen a la política del gobierno nacional.
La tensión interna en Venezuela también fue abordada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que en un aviso advirtió este jueves que las "manifestaciones políticas, con potencial de violencia, pueden tener lugar en este período de incertidumbre".
"Los ciudadanos estadounidenses deben evitar todas las manifestaciones y áreas donde se están reuniendo los grupos. Además, deben monitorear informativos de radio y televisión por cualquier cambio brusco en la situación política", instó Washington.
El Consejo Nacional Electoral vive días de tensión porque se agota el plazo que se impuso para finalizar el control de las rúbricas presentadas por la coalición opositora Coordinadora Democrática.
La principal y más polémica demora es causada por el debate acerca de las planillas "planas" (nombre de los deberes escolares repetitivos), rellenas con la letra de una misma persona aunque aparezcan en ella nombres y firmas de electores diferentes.
Un criterio laxo dejaría firmas suficientes para avalar la solicitud de referéndum, pero uno estricto anularía centenares de miles, indicó a IPS un miembro de la sala técnica del Consejo. La oposición afirma que recogió más de 3,4 millones de rúbricas, alrededor de un millón más de lo necesario.
El plazo inicial que el poder electoral fijó para terminar su tarea vence este viernes. Sin embargo, en enero el premio Nobel de la Paz Jimmy Carter estimó que la tarea podía extenderse hasta fin de mes.
El Centro Carter, que dirige el ex mandatario estadounidense (1977-1981), y la Organización de Estados Americanos tienen decenas de observadores en los centros de evaluación de las planillas con firmas. También observan de cerca las cancillerías del llamado Grupo de Países Amigos, que encabeza Brasil e integran Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal.
La prisa de la oposición se basa en que, si el referéndum se realiza antes del 19 de agosto y logran reunir los votos suficientes para revocar el mandato de Chávez, la Constitución indica que se debe convocar una nueva elección presidencial. En cambio, si ese resultado se concreta después de esa fecha será el vicepresidente, designado por el mandatario, quien complete el periodo hasta 2006.
Los partidos de gobierno y los opositores han pedido además, con apoyo de miles de firmas en cada caso, que se pongan a referéndum los mandatos parlamentarios de varios legisladores, con la intención de cambiar la actual correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional, que es 84 a 81 a favor de Chávez.
El presidente de Venezuela y sus seguidores han dicho que respetarán la decisión del poder electoral "sea cual sea". En cambio, portavoces de la oposición dicen que no le extienden "un cheque en blanco" a ese organismo.
