El panorama político y militar de Haití, el país más pobre de América, se ha convertido en un rompecabezas difícil de armar.
La mitad del territorio está bajo control rebelde, y bandas armadas controlan ciudades enteras del centro y del sur.
Mientras, el presidente constitucional Jean-Bertrand Aristide se niega a renunciar, como le reclama la oposición política y bandas armadas y le sugieren gobiernos como los de Canadá, Estados Unidos y Francia.
Seguidores armados del presidente parecen fuera de control, y los insurgentes —ex miembros del disuelto ejército que derrocó al propio Aristide en 1991 en un cruento golpe de Estado y convictos por violaciones de derechos humanos cierran el cerco sobre la capital.
Los rebeldes intentan ganar el apoyo ciudadano alentando nuevas esperanzas en los desencantados haitianos, 41 por ciento de los cuales viven debajo de la línea de pobreza.
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Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la expectativa de vida de los haitianos al nacer es de apenas 49,1 años. Apenas 50,8 por ciento de los adultos saben leer y escribir. Menos de la mitad de los habitantes tienen acceso a agua potable, y la mitad están desnutridos.
Aristide ha dejado en claro que abandonará la presidencia sólo "el 7 de febrero de 2006", cuando acabe el periodo para el que fue elegido, "lo cual es bueno para la democracia", según dijo el jueves por teléfono por la cadena de televisión estadounidense CNN.
"Ya tuvimos 32 golpes de Estado. Es suficiente", agregó. Los intentos de lograr un acuerdo que cese la violencia, y que incluían un gobierno compartido con la oposición hasta la celebración de nuevas elecciones fueron rechazados por los opositores, que sólo se conforman con la salida de Aristide.
Varios barrios de la capital están cerrados por seguidores armados del presidente, que levantaron barricadas para defender esta ciudad de dos millones de habitantes del llamado Frente Revolucionario de Liberación Nacional Haitiana.
Este frente es liderado por el ex jefe paramilitar y convicto por asesinato Louis-Jodel Chamblain y por el ex jefe de policía de Cap-Haitien, Guy Phillippe, quien también formó parte del complot contra Aristide en 1991.
"Estamos dispuestos a defender a Aristide hasta morir", dijo el jueves a la prensa un hombre armado con una cachiporra de madera.
La fuerza policial se redujo en los últimos años de 7.000 a 4.000 efectivos mal pagos y peor armados. Pesan sobre la policía acusaciones de corrupción y de efectuar ejecuciones sumarias.
En cambio, los hombres del Frente Revolucionario, que controla cuatro de las 10 provincias de la isla y que este viernes de mañana tomó la localidad de Mierbalais, a unos 60 kilómetros de la capital, muestran armas largas y otros pertrechos militares.
Al menos 70 personas murieron desde que se produjo la última fase del levantamiento hace tres semanas, la mayoría policías.
"Haremos todo lo que sea necesario, pero no quiero ser presidente. Yo sólo quiero que se vaya Aristide", afirmó Philippe.
El gran problema con el "plan de paz" ofrecido por la Comunidad del Caribe y la Organización de Estados Americanos (OEA), según el cual Aristide permanecería en el poder pero lo compartiría hasta el fin de su mandato en 2006, es que excluye al Frente, sostuvo Philippe.
"Nadie intentó contactarnos. Nadie", dijo.
"¡Abajo Aristide! ¡Libertad!", gritaban hombres y mujeres cuando ingresaron a los edificios oficiales de Cap-Haitien y sacaron todos los documentos, muebles y equipos. Organizaciones humanitarias internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han criticado a Aristide por tolerar e incluso estimular la formación de bandas armadas partidarias del gobierno para hostigar a opositores.
"Estamos en contra de la violencia", dijo Micha Gaillard, portavoz de la opositora Convergencia Democrática, que reúne a partidos políticos y asociaciones empresariales.
En otras ciudades, como Gonaives o Hinche, los líderes locales asumieron el control como alcaldes provisionales y sólo un puñado de efectivos los ayuda.
Mientras, el Frente va creciendo en poder y número, integrando a desempleados, ex soldados y algunos antiguos seguidores de Aristide.
El presidente lideró la oposición civil a la sangrienta dictadura que durante décadas encabezó la familia Duvalier. Tras salir triunfante por una abrumadora mayoría en elecciones libres, fue derrocado por un golpe militar en 1991, nueve meses después de alcanzar por primera vez el gobierno.
En 1994, fue restaurado en el poder por 21.000 soldados estadounidenses, en una operación que costó 1.000 millones de dólares al gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
Pero aquella asistencia de Washington estaba condicionada a un severo programa de ajuste económico que deterioró aun más la agricultura del país.
Además, en los últimos años, tanto Washington como el Banco Mundial retuvieron la ayuda prometida, a medida que se agravaba la crisis política.
En los siguientes comicios, el triunfador fue René Preval, también del oficialista partido Lavalas, quien gobernó entre 1996 y 2001.
La actual crisis se originó en los comicios legislativos de mayo de 2000, cuando Lavalas obtuvo un nuevo y contundente triunfo. Aunque observadores internacionales consideraron limpias las elecciones, la oposición cuestionó la elección de ocho senadores oficialistas y denunció fraude.
En noviembre de ese año, Aristide fue nuevamente electo presidente y en 2001 comenzó su actual período de cinco años. Pero la oposición boicoteó el acto electoral, alegando que el caso de los ocho senadores probaba las prácticas fraudulentas.
Desde entonces, la OEA y la Caricom se hicieron cargo, sucesivamente, de muchas gestiones para alcanzar un acuerdo.
Siete de los ocho senadores cuestionados renunciaron y Aristide aceptó la propuesta de la OEA de celebrar nuevas elecciones legislativas. Pero Convergencia Democrática estimó que no había garantías suficientes.
En enero concluyó el mandato de la legislatura electa en 2000. Ante la negativa opositora de participar en nuevas elecciones, el país no tiene hoy Poder Legislativo.
El gobierno señala que la oposición promueve un golpe de Estado porque teme comparecer a elecciones. Los opositores replican que el gobierno de Aristide es ilegal.
El presidente anunció en la Cumbre de las Américas celebrada en Monterrey, México, que habría comicios legislativos a fines de julio, y que permanecería al frente del gobierno hasta el fin de su mandato, en 2006.
