Los responsables de lanzar al mercado semillas transgénicas desde 1994 deben asumir su responsabilidad por el daño que han causado, sostuvo este lunes la organización no gubernamental ambientalistas Amigos de la Tierra Internacional.
Las normas vigentes sobre responsabilidades en la materia son muy insuficientes, alegó el grupo en el informe Cosechas genéticamente modificadas: una década de fracaso (1994-2004).
Es crucial iniciar un proceso acelerado, en el marco del Protocolo de Bioseguridad, para establecer un instrumento internacional vinculante que proteja a los ciudadanos de potenciales daños futuros causados por organismos genéticamente modificados, afirmaron los autores del documento.
El Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad busca proteger la diversidad biológica de potenciales riesgos relacionados con los transgénicos, y establece un procedimiento para asegurar que los países cuenten con información adecuada antes de autorizar la importación de esos organismos.
Ese tratado fue adoptado en 2000 en la sudoriental ciudad canadiense de Montreal, y su nombre se debe a que estaba previsto aprobarlo un año antes en la septentrional ciudad colombiana de Cartagena.
Al contrario de lo prometido por las corporaciones biotecnológicas, la realidad de los últimos 10 años muestra que la seguridad de las cosechas transgénicas no puede garantizarse, que no son más baratas ni de mayor calidad, y que no son la solución mágica del hambre en el mundo, afirmó Juan López, de Amigos de la Tierra, en la presentación del informe.
El mundo necesita con urgencia leyes de responsabilidad, que obliguen a los responsables de contaminación genética a pagar por ella, opinó López.
Se llama contaminación genética a fenómenos como el causado por la diseminación aérea de polen de plantas transgénicos, que genera híbridos imprevistos por cruza con variedades naturales.
Amigos de la Tierra arguye que 10 años de experiencia probaron que los temores expresados por ambientalistas en los años 80 y 90 eran válidos.
El primer cultivo transgénico comercial fue el de tomate Flavr Savr (en inglés, esa marca remite a palabras que significan salvador del sabor, sin algunas vocales), producido en 1994 en Estados Unidos, que fue retirado del mercado por sus posibles riesgos sanitarios y su mala calidad.
De 1996 a 1999, se cultivo un número significativo de organismos transgénicos, sobre todo en Estados Unidos, Argentina y Canadá, mientras científicos, ecologistas y diversas organizaciones de la sociedad civil expresaban temores sobre su eventual efecto negativo sobre la salud, el ambiente y la economía.
Diez años después, se puede concluir que los cultivos genéticamente modificados nos conducen por un peligroso camino que desciende hacia la agricultura no sustentable, según el informe de 51 páginas presentado por Amigos de la Tierra.
Los autores de ese estudio aseveraron que esos cultivos no sólo causan impactos socioeconómicos negativos, sino que también amenazan directamente la biodiversidad y han creado nuevos y alarmantes problemas ambientales, como el de la contaminación genética.
Ni un solo alimento transgénico en el mercado es más barato o de mejor calidad que su contraparte 'natural', y la producción en gran escala que buscan sus fabricantes exacerbaría la vulnerabilidad ecológica asociada con la agricultura de monocultivo, aseguraron.
Los países en desarrollo experimentan problemas especialmente graves relacionados con los cultivos genéticamente modificados, y en varias regiones de India e Indonesia, los agricultores se han quejado de que el algodón transgénico producido por Monsanto (transnacional con sede en Estados Unidos) no da el resultado prometido de mayores cosechas y mejores ingresos, destacó Amigos de la Tierra en su informe.
La prueba de que esos cultivos no son la solución para alimentar al mundo prometida por sus fabricantes es que millones de argentinos aún afrontan hambre y desnutrición, mientras Argentina es el segundo productor mundial de transgénicos, adujo la organización ambientalista.
Según el documento, la mayoría de los consumidores del mundo son reacios a alimentarse con productos genéticamente modificados, y muchos países pobres han rehusado asistencia alimentaria porque incluía alimentos transgénicos.
La Unión Europea (UE) impuso en 1999 una moratoria del cultivo comercial de organismos genéticamente modificados, y lo mismo han hecho varios países de Asia y América Latina.
Según Amigos de la Tierra, es improbable que aumente el consumo europeo de alimentos transgénicos.
La comisaria ambiental de la UE, Margot Wallstrom, señaló la semana pasada que el bloque europeo y Estados Unidos mantienen desde hace años discrepancias sobre los cultivos (genéticamente) modificados, y consideró probable que ese debate se intensifique.
Las corporaciones que producen transgénicos tienen la responsabilidad de establecer algún tipo de norma ética para su uso de la tecnología, y mientras no lo hagan, las cosas serán cada vez más difíciles, afirmó.
También la semana pasada, representantes de la UE rechazaron la oferta de una nueva variedad de maíz genéticamente modificada, llamada NK603, producida por Monsanto y destinada básicamente a la alimentación de animales.
En la actualidad, 24 productos transgénicos esperan la aprobación de la UE, y la mitad de ellos son de Monsanto, que dice estar convencida de que el bloque europeo terminará por autorizarlos.
Amigos de la Tierra pidió a los gobiernos que consideren alternativas viables y prácticas a los cultivos genéticamente modificados, que son casi siempre más baratas, más accesibles, más productivas en ambientes marginales y más aceptables cultural y socialmente.
El fracaso de las compañías biotecnológicas en la última década y la creciente oposición mundial (a los transgénicos) deberían catalizar un cambio de énfasis hacia técnicas agrícolas alternativas y confiables, menos costosas que esa moderna industria de muchos miles de millones de dólares, opinó.
