En un intento de reavivar el alicaído vínculo con México y alentar el voto latino por su reelección, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, propuso este miércoles un plan sobre mano de obra extranjera que podría legalizar a millones de inmigrantes indocumentados.
Más de la mitad de esos inmigrantes, estimados entre ocho y 14 millones, son mexicanos.
El plan afronta un camino cuesta arriba en el Congreso legislativo, donde oficialistas y opositores lo han denunciado como una jugarreta de año electoral. Pero si fuera aprobado, representaría la revisión más importante a las leyes migratorias estadounidenses de los últimos 20 años.
Al hablar este martes poco antes de su reunión de la semana próxima con el presidente de México, Vicente Fox, Bush dijo que su plan ofrecía una respuesta ”compasiva” a un viejo problema, por un camino que también serviría para mejorar la seguridad fronteriza ante la inmigración ilegal.
”Como nación que valora y depende de los inmigrantes, deberíamos tener leyes que funcionen y nos enorgullezcan. Pero aún no las tenemos”, dijo en un discurso ante invitados especiales en la Casa Blanca.
”En cambio, vemos a muchos empleadores que se vuelcan al mercado laboral ilegal. Vemos a millones de hombres y mujeres que trabajan duro condenados al temor y la inseguridad de una masiva economía indocumentada”, añadió.
”Y el ingreso fronterizo ilegal hace más difícil la urgente tarea de proteger nuestra tierra”, dijo Bush.
Su plan, mucho más modesto que las amplias propuestas que discutían Washington y México cuando se cometieron los atentados suicidas del 11 de septiembre de 2001 que congelaron cualquier reforma migratoria, recibió una respuesta fría tanto de organizaciones especializadas como de los conservadores de su propio Partido Republicano.
”En verdad, no es más que un publicitado programa de braceros”, dijo el director del Consejo Nacional de La Raza, Raúl Yzaguirre, promotor de los derechos de los inmigrantes mexicanos.
El plan no fue concebido para conducir a una eventual ciudadanía de los inmigrantes y muchos indocumentados que podrían ser elegibles para acceder a sus beneficios podrían rechazarlo por tal razón, advirtió Yzaguirre.
Los republicanos conservadores reaccionaron aun peor. El representante Tom Tancredo, que preside el Grupo de Congresistas para la Reforma de la Inmigración, cuyos 70 miembros están a favor de controles más estrictos, dijo que el proyecto de Bush constituía una amnistía a los indocumentados, y por tanto un paso atrás.
Tancredo agregó que veía improbable su aprobación este año. ”Las personas que están aquí ilegalmente deben ser deportadas. Las personas que las ocultan deben ser multadas”, dijo a la televisora CNN.
El plan de Bush, basado en gran medida en un proyecto presentado en 2003 por dos legisladores republicanos del sudoccidental estado de Arizona, daría a los trabajadores extranjeros permisos de permanencia de tres años, que los habilitarían a recibir el salario mínimo legal y otras protecciones.
Quienes estén trabajando sin papeles en Estados Unidos podrían aspirar a la visa inmediatamente, presentando sus solicitudes con el respaldo de sus empleadores. Si no los tienen o éstos se niegan a auspiciarlos, serán deportados.
Quienes aún no hayan ingresado al territorio estadounidense podrán solicitar la visa si cuentan con una oferta de trabajo y su potencial empleador puede comprobar que no había aspirantes estadounidenses para cubrir el empleo vacante.
Las visas serían renovables en las mismas condiciones, aunque el programa prevé incentivos financieros, inclusive créditos, para que los inmigrantes retornen a sus países de origen, según Bush.
Mientras la visa esté en vigor, el o la beneficiaria podrá viajar hacia su país y de regreso sin preocuparse por hallar una barrera en la frontera.
Pero obtener este estatus no será precedente válido para solicitar la ciudadanía estadounidense, y quienes deseen aspirar a esa condición deberán procurarla por los canales existentes.
Simultáneamente, Bush dijo que quería aumentar la cantidad anual de ”credenciales verdes”, documento que establece la residencia permanente de trabajadores extranjeros y les permite, tras cierto periodo, aspirar a la ciudadanía. Pero no dio números.
De momento, el gobierno puede otorgar hasta 140.000 credenciales verdes por año, mucho menos que las 250.000 personas poco calificadas que, según expertos, llegan anualmente al país en busca de empleo.
”Para que esta propuesta sea significativa y efectiva, debemos dar a las personas un camino a la residencia permanente”, dijo a IPS la subdirectora del Foro Nacional de Inmigración, Angela Kelley, tras escuchar el discurso de Bush.
”El presidente indicó que el proceso para obtener la ciudadanía debería facilitarse, pero no nos ha dicho cómo”, señaló.
Según Yzaguirre, la desvinculación de la visa propuesta con la residencia permanente y el derecho a la ciudadanía es lo que convierte al plan de Bush en un programa de braceros, similar al que entre los años 40 y 60 del pasado siglo llevó a Estados Unidos a millones de trabajadores agrícolas y sus familias.
Aunque se suponía que debían estar protegidos por la ley federal -con derecho a salario mínimo, entre otros beneficios- esas previsiones casi nunca se cumplieron y muchos braceros se convirtieron en empobrecidos trabajadores ”golondrina”, o itinerantes, que seguían las cosechas a través del país sin capacidad de ahorro ni derecho a crédito, e imposibilitados de enviar a sus hijas e hijos a la escuela.
Muchos analistas ven la jugada de Bush como un gesto político destinado a ganar votos de la comunidad latinoamericana (los ”latinos”) para su campaña de reelección en los comicios generales de noviembre y reparar sus alguna vez efusivas y ahora frías relaciones con Fox y otros líderes latinoamericanos, decepcionados por el desinterés de Washington en la región.
En las elecciones de 2000, Bush obtuvo casi 35 por ciento de apoyo de los votantes latinos, en parte porque promovió como una de las prioridades de su campaña la reforma migratoria.
Es claro que el presidente espera aumentar el respaldo de la comunidad latina, que podría jugar un papel decisivo en estados como el sudoriental Florida y el meridional New Mexico, el nororiental New Jersey y el centro-oriental Illinois, donde los también llamados ”hispanos” suman más de 12 por ciento de la población.
El opositor Partido Demócrata -que respalda una reforma migratoria, en especial desde que la confederación de sindicatos AFL-CIO apoyó una amnistía para trabajadores indocumentados- pedirá medidas más profundas cuando el plan se presente al Congreso.
Uno de los proyectos demócratas pendientes de aprobación prevé la residencia permanente para niñas y niños sin documentos que completen la escuela secundaria y asistan a la universidad o se unan a las Fuerzas Armadas.
”Creo que el largamente esperado compromiso del gobierno con este debate fundamental es genuino, y no una conversión de año electoral. El statu quo migratorio está atrasado, es injusto e inaceptable”, sostuvo el senador demócrata Ted Kennedy.
