En los últimos seis años desapareció de las arcas públicas de Angola el equivalente a un tercio de la recaudación y a casi 10 por ciento del producto de este país petrolero, aseguró la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).
Los 4.220 millones de dólares que se desvanecieron entre 1997 y 2002 también equivalen a todo el gasto social del periodo, aseguró HRW en un informe especial publicado este martes en Estados Unidos. Este país puso fin en 2002 a una guerra civil de 27 años.
La organización de derechos humanos con sede en Nueva York exhortó al gobierno angoleño a controlar mejor los fondos públicos y a la comunidad internacional a ejercer presión para impedir prácticas corruptas en este país africano.
Además de décadas de guerra y de crisis humanitaria, el público angoleño debe soportar el peso del mal manejo que el gobierno ha hecho de miles de millones de dólares en fondos públicos, indica el informe de 93 páginas.
El documento, titulado Alguna transparencia, nada de responsabilidad, se refiere al uso que el gobierno hace de los ingresos petroleros y el impacto de tales prácticas en los derechos humanos.
Angola es el segundo exportador de petróleo de Africa subsahariana detrás de Nigeria. Los ingresos petroleros del Estado aumentaron luego de que compañías como British Petroleum, ExxonMobil y Total ampliaron sus operaciones a fines de los años 90, en las postrimerías de la guerra civil.
Otras empresas se muestran dispuestas a instalarse en Angola, alentadas por la intención de Estados Unidos de diversificar sus fuentes de petróleo.
Según el informe, los ingresos petroleros del Estado sumaron 17.800 millones de dólares entre 1997 y 2002, alrededor de 85 por ciento del total recaudado.
Pero un análisis más detallado sobre la base de cifras procesadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) muestra que 4.220 millones de dólares de ese total se extraviaron. La suma equivale a 9,25 por ciento del producto interno bruto del país del periodo.
HRW acusa en su informe al gobierno angoleño de no establecer los cientos de tribunales necesarios para el funcionamiento adecuado del Poder Judicial, una situación que, a su vez, impide acusar a los responsables de la desaparición del dinero.
En su último informe especializado, la organización no gubernamental Transparencia Internacional indicó que, detrás de la industria de las armas y el equipamiento militar, el sector del petróleo y el gas era el que pagaba mayores sobornos a funcionarios corruptos.
En agosto pasado, la organización humanitaria Catholic Relief Services atribuyó a esos sobornos la perpetuación de dictaduras y las dificultades en la democratización de los países productores.
El FMI había calculado en agosto de 2002 que 4.000 millones de dólares desaparecieron del tesoro nacional angoleño en cinco años. En esa misma ocasión, el organismo multilateral también cuestionó los malos manejos de las cuestiones públicas y la corrupción generalizada.
El gobierno prometió entonces al FMI que haría pública la información financiera del sector petrolero, y que sometería a auditoría las operaciones de la compañía estatal Sonangol.
HRW exhortó a Luanda a seguir las recomendaciones del FMI en materia de transparencia, a pesar de las críticas de organizaciones locales a la institución internacional.
Pese a lo que pueda pensarse en general de las recetas del FMI, es claro que el Fondo ha sido uno de los más consistentes impulsores de la transparencia gubernamental en Angola, concluye el informe.
HRW advirtió que este país, cuyo ingreso por habitante es de apenas 500 dólares anuales, no debería recibir asistencia financiera internacional sin mejorar antes su transparencia.
El gobierno dice que la comunidad internacional debería aportar más financiamiento para construir escuelas, hospitales y tribunales, pero se niega a explicar a dónde fueron a parar miles de millones de dólares en ingresos del gobierno, dijo el director del programa de Empresas y Derechos Humanos de HRW, Arvind Ganesan.
Cualquier asistencia a Angola debería condicionarse en el futuro a requisitos de transparencia presupuestal muy estrictos, agregó Ganesan.
HRW, junto con cientos de organizaciones no gubernamentales, se adhirió a la campaña lanzada por el financista George Soros en junio de 2002 para que los países ricos obliguen a las compañías internacionales a hacer públicos sus pagos a los gobiernos.
Angola, con una población de 13,6 millones de personas, es una de las naciones más pobres de Africa a pesar de su riqueza en recursos naturales minerales como petróleo y diamantes.
La guerra civil de 27 años concluyó en 2002. Pero unos 900.000 angoleños son aún desplazados internos, y millones aún carecen de acceso a la salud y a la educación.
La Organización de las Naciones Unidas indicó que la mitad de los 7,4 millones de niños sufren desnutrición.
