Vestidos de luto y amordazados, periodistas jóvenes realizarán este lunes frente a la Cámara de Diputados en esta capital una protesta por los hechos que este año atentaron en Chile contra la libertad de expresión.
”Los debutantes”, como se hacen llamar estos profesionales, eligieron el Palacio Ariztía, sede de la cámara baja en Santiago, en repudio a la aprobación por parte de los diputados el día 9 de una controvertida ley de privacidad que obstruye el derecho a la información.
El gobierno de Ricardo Lagos dio garantías de que introducirá en el Senado profundos cambios a esta ley, cuya aprobación en primera instancia se produjo dos días antes del arresto del periodista Alejandro Guillier.
El día 11, la jueza Gabriela Pérez dispuso el procesamiento del gerente y cuatro periodistas del canal Chilevisión, y envió a la cárcel a Guillier, jefe de prensa de la estación, mientras la corte resolvía sobre su libertad bajo fianza.
”La detención de Alejandro Guillier fue la culminación de un año negro para la libertad de expresión”, dijo a IPS el periodista Luis Conejeros, uno de los convocantes a la protesta del lunes.
En su balance crítico, Conejeros citó una disposición judicial que impidió al programa ”Enigma” de Canal 13 difundir un reportaje sobre un crimen no resuelto y la orden de los tribunales de incautar ”La vida en llamas”, biografía no autorizada de la cantante Cecilia Pantoja, del periodista Cristóbal Peña, que aludía al lesbianismo de la artista.
”Este marco restrictivo evidencia que la censura todavía impera en Chile. Peor aún, puede verse robustecido hasta el punto de asfixiar el libre ejercicio de la profesión (periodística) y el derecho a estar informados de manera pluralista, oportuna y veraz”, dijo Conejeros.
La causa contra Chilevisión se fundamenta en que el canal difundió una conversación filmada con cámara oculta, en que el juez Daniel Calvo, a cargo hasta comienzos de noviembre de la investigación de una red de paidofilia, admitió que concurría con frecuencia a un sauna donde se concertaban y realizaban relaciones homosexuales.
La jueza Pérez fundamentó los autos de procesamiento en una reforma al Código Penal que data de 1995, promovida por el entonces senador derechista Miguel Otero, que prohíbe y penaliza hasta con cinco años de presidio la grabación de audio o filmaciones de conversaciones privadas.
Guillermo Torres, presidente del Colegio de Periodistas, recordó en conversación con IPS que esta es la primera vez que se aplica la llamada ”ley Otero”, considerada una ”aberración jurídica” y que el gobierno de Lagos se había comprometido a derogar.
Precisamente el conducto para la derogación era el proyecto de ley de Protección Civil a la Privacidad, propuesto por Lagos, pero las reformas que le introdujo la Cámara de Diputados amenazan con que el remedio pueda resultar peor que la enfermedad.
El diputado y periodista Esteban Valenzuela, del oficialista Partido Por la Democracia, tiene el mérito de haber sido el único legislador que se abstuvo en la noche del día 9, cuando otros 89 pares suyos aprobaron la Ley de Privacidad, en una coincidencia de todo el espectro político.
”El único mea culpa que, como gobierno, podemos hacernos en esto es que (los diputados) nos cambiaron totalmente el proyecto que enviamos” al Poder Legislativo, dijo visiblemente molesto el presidente Lagos el día 15 en un desayuno con corresponsales extranjeros.
Mientras la iniciativa del Ejecutivo ponía el acento en el interés público y en el derecho a la fiscalización de funcionarios estatales y cargos de representación popular, el texto modificado por la cámara baja se concentra en la protección de la privacidad.
Así, solo se podrán difundir aspectos relativos a la vida privada de una persona o familia solo en situaciones en que haya delito, e incluso el propio implicado puede determinar en su relación con los medios lo que ”está reservado para sí mismo y su familia”.
Junto con penar el uso no autorizado de equipos y dispositivos de escucha, filmación u observación, considera intromisión ilegítima la captación, reproducción o publicación de la ”imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos”.
El último aspecto, se puntualiza en otro artículo donde se señala que la intromisión ilegítima no es tal si se trata de personas que ejercen cargos públicos o tienen notoriedad o proyección, ”siempre que la imagen se capte en un acto público o en lugares abiertos” y que la imagen o grabación ”no afecte la dignidad de las personas”.
Uno de los reclamos más duros de los periodistas y propietarios de medios planea que con esa disposición todos las oficinas de los poderes del Estado pasarán a ser recintos secretos, donde no se podrán hacer coberturas informativas sin la autorización de un ministro, un juez u otro funcionario.
Los afectados en su honra por ”intromisión ilegítima” podrán plantear ante la ley acciones indemnizatorias y las grabaciones sin consentimiento podrán ser castigadas con presidio de 61 días para sus autores y multas a los medios que las difundan hasta por 23.000 dólares.
Si esos criterios se transforman en ley, el empresario Claudio Spiniak, eje de la red de paidofilia donde se supone que están implicados parlamentarios, podría demandar una indemnización a Canal 13, que difundió imágenes de su captura que el Consejo Nacional de Televisión consideró sensacionalistas y denigratorias.
Lo mismo podría hacer el juez Calvo, ya que tanto el Consejo Nacional de Televisión como el Consejo de Etica de los Medios sancionaron a Chilevisión por el uso de la cámara oculta para que el magistrado reconociera sus inclinaciones homosexuales, lo cual motivó su remoción del caso de paidofilia.
El Tribunal de Etica del Consejo Metropolitano (Santiago) del Colegio de Periodistas absolvió, en cambio, a Guillier, considerando que utilizó medios subrepticios de grabación con ”un fin superior y de interés público”, ya que se removió a juez que podía ser manipulado o extorsionado por la red de paidofilia que investigaba.
”Nosotros consideramos que la libertad de prensa, la libertad de expresión, tienen igual valor que la honra, la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas”, dijo a IPS Lidia Baltra, presidenta del Tribunal Nacional de Etica del Colegio de Periodistas de Chile.
”La ética trata justamente de la colisión entre esos dos derechos, que son igualmente valiosos y hay que preservar en la sociedad, porque ambos son derechos humanos”, añadió Baltra.
Para el sociólogo Eduardo Tironi, Secretario de Comunicación y Cultura bajo el gobierno de Patricio Aylwin (1990-94), lo que está ocurriendo refleja un saludable proceso de destape en la sociedad chilena que ha tenido diversos carriles, uno de los cuales ha sido el escrutinio de los medios sobre quienes ejercen cargos públicos.
”La prensa ha sido la ganzúa de nuestro destape”, dijo Tironi en un artículo publicado esta semana por la revista El Sábado del diario El Mercurio.
Los errores de los medios no debieran conducir a ponerles restricciones, como las de la Ley de Privacidad, acotó el experto. ”Así como no hay un 'mercado perfecto', tampoco hay una 'prensa perfecta', y en ambos casos la aspiración de una corrección total puede tener más costos que la aceptación de las equivocaciones”, sentenció.
Por lo pronto, el gobierno de Lagos amagó el incendio retirándole urgencia al polémico proyecto, que en mayo de 2004 comenzará a ser tratado en segundo trámite por el Senado, con un enfoque en el cual se espera un efectivo respaldo legal a la labor fiscalizadora de los medios, señaló el Colegio de Periodistas.
