Con una lluvia de vagas promesas, Oscar Berger, de la derechista Gran Alianza Nacional (Gana) y Alvaro Colom, de la centroderechista Unión Nacional de la Esperanza (UNE), disputarán este domingo la presidencia de Guatemala, en segunda vuelta.
Los expertos consultados por IPS coincidieron en señalar el escaso contenido de la campaña, que incluyó debates sobre las virtudes y defectos personales de ambos candidatos a gobernar el país de 2004 a 2008.
La discusión de los grandes problemas como el acceso a la tierra, el desarrollo rural, la corrupción, las relaciones étnicas, la fragilidad de la economía, la pobreza, la violencia y la reforma fiscal fue relegada a un segundo plano, manifestó el analista Alvaro Velásquez.
Cuando se tocaron esos temas se hizo de manera muy superficial y retórica, sin explicar de manera contundente la forma de llevar a la práctica lo prometido, resaltaron Fernando Solís, analista independiente, y Orlando Blanco, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Guatemala.
Según las últimas encuestas divulgadas por los medios de comunicación guatemaltecos, Berger se perfila como el favorito, ya que mantiene una ventaja que Colom no logró acortar en el mes y medio transcurrido desde la primera vuelta, efectuada el 9 de noviembre.
Entre los consultados en la última encuesta del diario La Prensa Libre, por ejemplo, 59,3 por ciento preferían a Berger.
En la primera fase electoral, Berger obtuvo 38,39 por ciento de los votos, y Colom 26,38 por ciento. El tercer lugar lo ocupó el general retirado Efraín Ríos Montt, del gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y dictador de 1982 a 1983, con 19,32 por ciento.
Desde 1985, siempre ha sido necesario realizar segundas vueltas para elegir presidente, en ausencia de mayoría absoluta para un candidato en la primera.
La Gana, respaldada por el sector tradicional del empresariado, está integrada por el Partido Patriótico, el Movimiento Revolucionario y el Partido de Solidaridad Nacional. La UNE la conforman fuerzas de derecha ligadas también al área empresarial y algunos ex socialistas.
Cinco millones de personas están habilitadas para elegir al sucesor del actual mandatario, Alfonso Portillo, quien entregará el poder el 14 de enero.
En un país en el que el 57 por ciento de los 12,4 millones de habitantes viven en la pobreza, con grandes diferencias de desarrollo entre las áreas urbanas y las rurales, las discusiones se quedaron en la epidermis de los grandes males, sostuvo Velásquez.
Ambos contendientes reiteraron su compromiso de atacar a la corrupción enquistada en el Estado, pero carecen del respaldo y los medios para alcanzar ese fin, opinó.
Durante el gobierno de Portillo, quien asumió en enero de 1999, se han reiterado acusaciones de corrupción contra funcionarios presuntamente relacionados con narcotráfico, robo de automóviles, secuestros, tráfico de influencias e irregularidades en las aduanas.
En 2002, el gobierno de Estados Unidos señaló a Guatemala como uno de los países más corruptos de América Latina y le retiró la certificación de combate al narcotráfico.
Velásquez consideró que tanto Berger como Colom carecen de la apertura necesaria para profundizar en los acuerdos de paz firmados en 1996, que pusieron fin a un conflicto armado de 36 años con unas 200.000 víctimas.
Entre los objetivos de aquellos acuerdos estaba una reforma del Estado mediante cambios en la Constitución y el sistema tributario, disminución sustancial del ejército, resarcimiento de las víctimas, y reinserción de los ex combatientes.
Según Velásquez, al menos la mitad de los acuerdos permanecen incumplidos.
Guatemala retornó a la institucionalidad democrática el 14 de enero de 1986, cuando el general Oscar Humberto Mejía entregó el poder a Vinicio Cerezo, elegido mediante el sufragio.
Blanco admitió que entre las organizaciones de derechos humanos existe preocupación por el posible nombramiento del general Otto Pérez Molina como coordinador de seguridad en un eventual gobierno de Berger.
El general está vinculado con hechos de represión durante el conflicto armado y algunos lo relacionan con las mafias que funcionan como un Estado paralelo en el país, dijo Blanco.
El activista humanitario apuntó que si Berger triunfa, su equipo de gobierno funcionará con cinco coordinadores, por encima de los ministros, y que muy probablemente uno de ellos será Pérez.
La presencia de ex generales en el Congreso es otra de las preocupaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, aseveró.
En Guatemala, la cantidad de parlamentarios varía en función del número de habitantes, y eso determinó que para el próximo periodo de gobierno se haya elegido a 158, casi el doble de los 80 surgidos de los comicios de 1995.
Ningún partido logró mayoría parlamentaria. La Gana obtuvo 47 diputados, seguida por el FRG con 44, la UNE con 32 y el derechista Partido de Avanzada Nacional con 17.
Las 18 bancas restantes se repartieron entre cinco partidos.
Los planes de gobierno de Berger y Colom se quedan muy cortos en relación con las necesidades que tiene Guatemala. Se evadieron las discusiones sobre los derechos humanos, los indígenas y la reconversión militar , advirtió Blanco.
En su criterio, el resurgimiento de las Patrullas de Autodefensa Civil, grupos paramilitares creados durante el gobierno de facto de Ríos Montt, podría complicar aun más el clima de inestabilidad que afecta al país.
Al limitarse los partidos políticos a canalizar sólo sus intereses electorales, las organizaciones civiles y de derechos humanos hemos actuado como intermediarias para hacer un equilibrio con el Estado, destacó.
En opinión de Solís, las dos interrogantes que predominan en el universo político de los guatemaltecos se relacionan con la falta de claridad de los planes para afrontar los grandes males del país y el desconocimiento de quiénes integrarán el próximo equipo de gobierno.
Lo primero que debería hacer el nuevo presidente es convocar a un pacto nacional para evitar que el país se vaya por el despeñadero de la ingobernabilidad, sostuvo.
En Guatemala ya no basta con la buena voluntad para gobernar. Urgen grandes consensos, sobre todo en un panorama en el que el partido vencedor tendrá la obligación de negociar con las otras fuerzas en el Congreso, manifestó Solís.
