El juez español Baltasar Garzón pedirá la extradición de cuatro detenidos en Guantánamo, el enclave militar estadounidense en la isla de Cuba, poniendo en un brete tanto a Washington como a Madrid, uno de los principales aliados en su cruzada antiterrorista mundial.
La solicitud de Garzón debe cumplir todavía varias etapas para arribar a Estados Unidos, si es que finalmente llega, pero ya ha despertado interés, debido a que entre otras razones se fundamenta que los más de 600 presos que malviven en esa base están privados de todos sus derechos jurídicos.
Expertos entienden que la demanda tiene muy pocas posibilidades de prosperar, ya que la decisión final de conceder o no la extradición es prerrogativa del gobierno estadounidense. Pero desde que en 1998 decidió procesar al ex dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y logró que se lo detuviera en Londres, la voz de Garzón suena muy fuerte en el escenario internacional.
Una voz que en este caso se une con argumentos jurídicos a quienes reclaman al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, que respete la legalidad, gravemente infringida en este caso al mantener a esos presos aislados del mundo exterior, sin acusaciones y sin gozar de un derecho considerado fundamental, como es el de ser llevados ante un juez y poder contar con un abogado defensor.
Garzón pide la extradición de Lahcen Ikassrien o Chef Hasan, Jamiel Abdul Latif al Hanna o Abú Anas, Omar Deghayes y Hamed Abderrahmn o Hmido, este último de nacionalidad española, ninguno de los cuales está sometido a tribunal de justicia alguno, ya sea estadounidense o de cualquier otro país.
Esta medida se inscribe en un proceso iniciado en España por Garzón el 17 de septiembre, en el que están involucrados al líder de la red extremista islámica Al Qaeda, Osama bin Laden, y otros 34 acusados de pertenecer a esa organización.
Sobre todas esas personas recae la acusación de haber participado en la preparación de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington. Una preparación que, dice la acusación, en parte se realizó en España, lo cual constituye un delito y da base a que sean procesados en este país.
Los cuatro presos en Guantánamo reclamados están acusados en esta causa española de pertenecer a una organización terrorista, hecho calificado como delito en el país. Según Garzón, existen indicios de culpabilidad contra los mismos lo cual impone la necesidad legal de que el gobierno de España reclame sin dilación su extradición.
Fuentes oficiales consultadas por IPS dijeron que el gobierno de José María Aznar todavía no ha recibido esa solicitud, lo cual fue confirmado por una persona muy próxima al juzgado número cinco, a cargo de Garzón, al explicar que el pedido no fue aún trasladado al Ministerio de Justicia porque falta terminar de traducirlo al inglés, y son varias páginas.
En el original en español, al que tuvo acceso IPS, el juez destaca que Guantánamo es un territorio sometido a la jurisdicción estadounidense, aunque sea una base militar.
Por ello, considera que se cumplen los requisitos establecidos en el tratado de extradición entre España y Estados Unidos, el cual dispone que personas acusadas por delitos cometidos en este país y que no tengan otros procesos pendientes en territorio estadounidense deben ser entregadas a la justicia española.
Garzón puntualiza que no consta que exista proceso contra los reclamados en Estados Unidos ni han sido juzgados, ni tampoco es delito estrictamente militar, pues la pertenencia a una organización terrorista no tiene carácter militar ni en el Código Penal (español), ni a nivel internacional, ni en el marco de la legislación interior norteamericana.
Por eso en la solicitud se sostiene que corresponde la extradición, aunque ella no haya sido planteada ni por el fiscal ni por las acusaciones acreditadas en el proceso.
Empero, el presidente de la Liga Española pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso Martínez, discrepa con esa postura pues, destacó a IPS, esa decisión debería haber sido analizada previamente por el Consejo General del Poder Judicial y, en el caso de ser procedente, correspondería al gobierno iniciar el trámite para impulsar un juicio justo a los detenidos.
Alonso Martínez recordó que Garzón, en un viaje a Estados Unidos para dar una conferencia, mantuvo contactos con funcionarios del gobierno y la judicatura de ese país y que, pese a su insistencia, no pudo aclarar la nacionalidad de los detenidos cuya extradición demanda ahora.
Garzón se debería moderar y analizar con más cuidado los temas antes de tomar decisiones como ésta, para no volver a tener fallos y equivocaciones, sentenció el activista humanitario, aludiendo a casos en los que el juez tomó iniciativas que finalmente fueron paralizadas por instancias jurídicas superiores o por el propio gobierno de Aznar.
Por otro lado, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Enrique Bacigalupo señaló a IPS que, existiendo razones para enjuiciar en España a los detenidos, se puede pedir su extradición. Sin embargo, advirtió de que la decisión final de acuerdo a los tratados internacionales corresponde al gobierno de Estados Unidos.
El trámite que debe seguir el pedido de Garzón pasa por elevarlo al Ministerio de Justicia, éste después lo somete a consideración del Consejo de Ministros (gobierno) el que debe decidir si le da curso o no. En caso de rechazarlo, el tema finaliza ahí.
Pero, si la solicitud logra sortear el Consejo —donde la opinión de Aznar, muy próximo a Bush, será decisiva— pasa al Ministerio de Asuntos Exteriores, el que a través de su embajada en Washington lo presenta al gobierno estadounidense, el que ahí tendría la última palabra.
Según Bacigalupo, el gobierno de Bush puede rechazar el pedido de extradición sólo con alegar que tiene motivos para juzgar a los demandados en su país. Pero hasta que adopte una decisión se recorrerán las otras instancias y cada medida que se tome resonará en el ámbito internacional.
