Grupos de derechos humanos y de libertades civiles de Estados Unidos celebraron la decisión judicial de que el presidente George W. Bush no está facultado para detener combatientes enemigos en su guerra contra el terrorismo sin otorgarles garantías básicas.
Según esos grupos, los veredictos pronunciados por dos tribunales federales de apelación constituyen una victoria para los derechos que fueron pisoteados por el gobierno de Bush desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.
No uno, sino dos tribunales federales censuraron al presidente por creer que puede encerrar personas sin darles acceso básico a la justicia y sin la aprobación del Congreso, festejó Anthony Romero, director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Ningún presidente puede asumir esa autoridad unilateral sobre la libertad de la gente, especialmente en tiempos de amenaza a nuestro bienestar nacional, declaró Romero el jueves.
La organización Human Rights Watch, con sede en Nueva York, también celebró las sentencias de las cortes de apelación del segundo y el noveno circuito como una importante reivindicación de libertades básicas.
Ambas decisiones contrarían la opinión de la administración Bush de que una metáfora de guerra puede justificar las restricciones a los derechos básicos de la justicia penal lejos de un campo de batalla, dijo al diario The New York Times el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth.
Por otra parte, funcionarios del Departamento de Justicia consideraron defectuosos los veredictos y anunciaron que los apelarán. Ambos casos podrían terminar en la Corte Suprema, según analistas legales de ambas partes.
La primera de las sentencias respondió a una apelación de los abogados de José Padilla, un ciudadano estadounidense arrestado en Chicago en mayo de 2002 como testigo material en investigaciones antiterroristas del gobierno, y posteriormente designado por Bush combatiente enemigo.
Posteriormente fue transferido a una base naval de alta seguridad en Charleston, Carolina del Sur, donde permanece desde hace 18 meses sin permiso para comunicarse con su familia, un abogado o cualquier funcionario no militar.
El gobierno sostiene que Padilla se reunió con miembros del grupo terrorista Al Qaeda en Afganistán y Pakistán, donde desarrollaron un plan para construir y detonar una bomba sucia radiológica en Estados Unidos.
Según la administración de Bush, Padilla regresó a este país para llevar a cabo el plan, aunque el acusado no llevaba armas ni explosivos cuando fue detenido en el Aeropuerto Internacional O'Hare, de Chicago.
Sus abogados arguyeron que como ciudadano estadounidense detenido en el país, su cliente tenía derecho a todas las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución, y que el Poder Ejecutivo no se las puede negar de manera unilateral.
La segunda sentencia respondió a una petición de habeas corpus del hermano de un ciudadano libio, Salim Gherebi, capturado en Afganistán hace dos años y detenido junto con otros 600 llamados combatientes enemigos en la base naval de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo, en Cuba.
El abogado de Gherebi alegó que, aunque su cliente está detenido fuera del territorio estadounidense, Washington está obligado a asegurarle los derechos básicos que establece la ley, entre ellos el derecho a responder a su acusación ante un tribunal estadounidense.
En otro caso el año pasado, la Corte de Circuito de Apelaciones para el Distrito de Columbia apoyó la posición del gobierno de que los combatientes enemigos detenidos en la Bahía de Guantánamo no tenían derecho a que un tribunal revisara su detención, pero esa sentencia no obliga al noveno circuito, con sede en San Francisco.
Los dos casos ponían en cuestión la autoridad del Poder Ejecutivo para detener individuos considerados combatientes enemigos sin autorización explícita del Congreso y sin permitirles recurrir a la justicia. En ambos casos, los tribunales se pronunciaron contra la posición del gobierno.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, con sede en Nueva York, dictaminó explícitamente que el presidente carece de facultades para autorizar la detención unilateral de un ciudadano estadounidense.
El presidente, por sí solo, no posee ninguna autoridad constitucional inherente para detener ciudadanos estadounidenses capturados en Estados Unidos, lejos de una zona de combate, como combatientes enemigos, sentenció la mayoría del tribunal y ordenó liberar a Padilla de la custodia militar en 30 días.
Sin embargo, aclaró que el acusado podría continuar bajo custodia civil si, por ejemplo, se lo acusa de un delito ante un tribunal civil.
La sentencia en el caso de Gherebi fue más allá, al determinar que la detención indefinida y sin cargos de una persona por el Poder Ejecutivo, desafía los principios básicos de la jurisprudencia nacional.
Aun en tiempos de emergencia nacional… el Poder Judicial tiene la obligación de garantizar la preservación de nuestros valores constitucionales e impedir que el Poder Ejecutivo infrinja los derechos de ciudadanos y extranjeros por igual, escribió Stephen Reinhardt, uno de los dos jueces que aprobaron la sentencia.
En otro revés para el gobierno de Bush, la corte federal de apelaciones del noveno circuito, considerada la más liberal en su tipo, declaró inconstitucionales partes significativas del estatuto penal antiterrorista, la llamada Ley Patriota.
El Departamento de Justicia anunció que apelará la decisión.
