Grupos de la sociedad civil se unieron a legisladores de Estados Unidos para rechazar el acuerdo de libre comercio que Washington negocia con cinco países de América Central, porque a su criterio no resuelve problemas laborales, ambientales ni de salud pública.
El representante comercial estadounidense, Robert Zoellick, y los ministros de Comercio de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua celebran en Washington la ronda final de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre América Central y Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), que abatirá aranceles y otras barreras comerciales entre los miembros para fines del año próximo.
El borrador del acuerdo se mantiene en secreto, al igual que el contenido de las conversaciones, pero funcionarios comerciales aclararon que los países involucrados recibirán una copia de la versión final.
La administración de George W. Bush espera presentar el CAFTA al Congreso legislativo en los primeros seis meses de 2004.
El acuerdo se basa en el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre México, Canadá y Estados Unidos.
Los críticos arguyen que el TLCAN no mejoró la vida de millones de mexicanos pobres y le costó el empleo a numerosos trabajadores de Canadá y Estados Unidos. El CAFTA no será mejor, porque no es ”ni justo ni libre”, sostienen.
Oxfam America, la Federación Estadounidense de Trabajadores-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO), la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), World Vision, Health GAP y más de 20 grupos religiosos, entre ellos el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo, prometieron el martes oponerse al acuerdo comercial.
La oposición al CAFTA se relaciona con los antecedentes estadounidenses de proteccionismo agrícola, de imposición de su propia agenda respaldada por las empresas multinacionales y de falta de protección al ambiente, la salud pública y los derechos de los trabajadores en los acuerdos comerciales que promueve.
Grupos de agricultores estadounidenses señalan también que acuerdos como el CAFTA sólo benefician a las grandes compañías agrícolas y distorsionan las condiciones del mercado.
”Nos oponemos a la política agrícola y comercial de Estados Unidos que crea dependencia de los subsidios financiados por los contribuyentes, hunde los precios y beneficia a los grandes comerciantes de granos”, declaró Kathy Ozer, de la Coalición Nacional de Granjas Familiares.
Algunos legisladores estadounidenses expresaron el martes su oposición al tratado por carecer de normas laborales, y solicitaron al gobierno que lo modifique, a riesgo de ser rechazado en el Congreso.
”Estoy aquí para decirle al gobierno que modifique el acuerdo”, dijo a la prensa el representante Sander Levin, del estado de Michigan. ”El CAFTA no será aprobado por el Congreso estadounidense en 2004 si no se le incluyen normas laborales clave”, advirtió.
”En el calendario de negociaciones de esta semana, las condiciones laborales sólo tienen unas horas, mientras a los otros asuntos se les dedica mucho más tiempo”, señaló.
Ana Sol Gutiérrez, representante del estado de Maryland, previno que el tratado convertirá a los trabajadores de su país de origen, El Salvador, en máquinas al servicio de empresas multinacionales estadounidenses.
”Los seres humanos se han convertido en… máquinas que pueden producir más rápido y más barato, sin importar cómo vivan ni lo que les ocurra. El Salvador ha llegado al punto en que debería cambiar su nombre por 'El Salvador, Inc.'”, dijo Gutiérrez.
Por otra parte, sindicatos estadounidenses temen que el ofrecimiento a países centroamericanos de acceso ”limitado” al mercado nacional ponga en peligro la frágil situación del empleo en este país.
El capítulo preliminar sobre trabajo del CAFTA exige a los gobiernos que hagan cumplir sus normas laborales, pero no les exige que revisen sus leyes para ajustarlas a las normas internacionales.
Bush, a instancias de la comunidad empresarial, usa como cebo para los países centroamericanos la posibilidad de más acceso al mercado estadounidense, a los efectos de imponer la agenda empresarial sobre normas de inversión, derechos de propiedad intelectual, servicios y contratación pública, afirmó Thea Lee, de la AFL-CIO, la mayor federación sindical de Estados Unidos,
Según la AFL-CIO, el CAFTA exigirá a sus miembros que apliquen sus propias leyes laborales, cualesquiera que sean. Esto significa que los países ”pueden no tener normas laborales”, o ”prohibir los sindicatos y eliminar toda protección al trabajo infantil”, por ejemplo, señaló Lee.
La organización de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch exhortó a los funcionarios que negocian el pacto comercial a garantizar los derechos de los trabajadores, en especial en El Salvador, donde esos derechos son violados sistemáticamente, sostuvo.
Mientras, activistas contra el sida bloquearon el tránsito el martes en Washington, en protesta porque el CAFTA fortalecerá los derechos de patente de las compañías farmacéuticas sobre medicamentos indispensables para tratar a los infectados con VIH y otras enfermedades.
Los manifestantes se ubicaron frente al hotel Mayflower, donde se realizan las conversaciones entre funcionarios comerciales de Estados Unidos y América Central, e instalaron allí un improvisado pabellón de hospital.
”Abajo las patentes, traten a la gente”, cantaban.
