El gobierno de Colombia no pasó el examen en materia de derechos humanos. Sus aliados, los grupos paramilitares derechistas, reprobaron derecho internacional humanitario, y otro tanto ocurrió con las guerrillas insurgentes de izquierda.
Así lo indica la evaluación de una alianza de las principales organizaciones sociales del país, y también mensajes, públicos y privados, de la Unión Europea (UE) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La mayoría de las críticas está dirigida al Estado.
En abril, el gobierno acordó un documento con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), con sede en Ginebra. Ese compromiso contiene 27 recomendaciones que Colombia debía comenzar a cumplir este año, y de ellas, 24 se basan en obligaciones internacionales asumidas por el Estado en tratados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.
Son 27 de cientos (de recomendaciones) que se han promovido desde los años 80, dijo a IPS Alirio Uribe, director del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y ganador en 2003 del premio Martin Ennals.
Ese premio es otorgado por las 10 principales organizaciones internacionales humanitarias: Amnistía Internacional, Defensa de los Niños Internacional, Diakonia Alemania, Human Rights Watch, Huridocs, International Alert, la Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Servicio Internacional para los Derechos Humanos y la Organización Mundial Contra la Tortura.
Incluso hay libros que recopilan las recomendaciones de la ONU a Colombia en derechos humanos. Los gobiernos colombianos, incluyendo el actual, sistemáticamente se han sustraído de su cumplimiento, puntualizó.
En una reunión realizada en Londres en julio, los 15 Estados miembros de la Unión Europea, junto con otros países e instituciones potencialmente donantes a Colombia acordaron condicionar sus aportes de cooperación internacional al cumplimiento, por parte del Estado colombiano, de las recomendaciones de la ONU.
Del encuentro surgió un grupo de trabajo de 10 países para supervisar el cumplimiento de esa condición.
Colombia es el tercer receptor mundial de asistencia militar estadounidense, país que desde 2000 aprueba cada año partidas de apoyo a Bogotá mediante una exoneración (waiver, en inglés), en aras del interés nacional, de las exigencias de respetar los derechos humanos fijadas por el Congreso para recibir esa asistencia.
Con un déficit fiscal del 3,2 por ciento del producto interno bruto (PIB), una deuda pública que consume el 55 por ciento del mismo y un gasto militar del 4 por ciento del PIB según cifras oficiales, con un incremento del presupuesto bélico en el último año del 38 por ciento, el gobierno del presidente Alvaro Uribe fracasó hasta ahora en la obtención de aportes internacionales a través de una mesa de donantes.
No se necesita una mesa de donantes, dijo la semana pasada Nicola Bertolini, representante de la Comisión Europea en Colombia.
Lo más importante es que se vean avances en los temas de derechos humanos y en las recomendaciones que Naciones Unidas le hace a Colombia, agregó.
Bertolini precisó que la UE busca que si se trabaja en proyectos productivos, al mismo tiempo se trabaje en derechos humanos
En Colombia, de 44 millones de habitantes, 10 millones carecen de ingresos suficientes para cubrir necesidades alimentarias básicas, y el número de quienes ganan dos dólares o menos por día es 22 millones.
Hay unos 31.000 homicidios al año, y unos 8.000 de ellos se deben en forma directa a la guerra, que ha causado desplazamientos forzados de dos millones de personas según datos oficiales, y de tres millones según fuentes independientes.
Para el 10 de este mes, Día Internacional de los Derechos Humanos, una alianza en formación que ya suma a 150 organizaciones sociales hizo un balance pormenorizado del cumplimiento de las recomendaciones de la ONU.
De las 27 recomendaciones dirigidas al gobierno, ninguna ha sido cumplida totalmente, siete están siendo cumplidas parcialmente y 17 están siendo incumplidas, lo cual se agrava porque, en relación con 10 de esas 17, se realizan acciones que las contradicen abiertamente, sostuvo.
La alianza aglutina a asambleas ciudadanas de resistencia civil contra la guerra, asociaciones campesinas, de desplazados, juveniles, comunitarias, ambientalistas, sindicales, cooperativas populares, movimientos de mujeres, organizaciones indígenas, de derechos humanos, religiosas e iniciativas por la paz.
A su vez, Michael Frühling, director de la oficina en Colombia del ACNUDH, presentó el 1 de este mes su apreciación en Bruselas, en una mesa redonda en la que participaron el vicepresidente colombiano Francisco Santos y representantes de gobiernos europeos, de la ONU y de esa alianza de organizaciones sociales.
El funcionario indicó que se ha logrado menos de lo que esperábamos, y llamó la atención sobre las violaciones de los derechos humanos por parte de guerrilleros y paramilitares.
Cuatro de las 27 recomendaciones se dirigen a todas las partes actuantes en el conflicto, o sea a las Fuerzas Armadas, los insurgentes izquierdistas que están en armas desde hace 40 años, y los escuadrones de la muerte activos desde mediados de los años 70, que se transformaron en grupos paramilitares derechistas a partir de los 80.
La alianza y Frühling coincidieron en que todas esas partes han violado las normas internacionales que rigen los conflictos internos.
Las recomendaciones al Estado incluyen poner fin a la connivencia entre los escuadrones de la muerte y sectores de las Fuerzas Armadas, y lograr que la fuerza pública respete el derecho internacional humanitario.
En su informe de abril, el ACNUDH indicó que los autores de muchas violaciones sistemáticas y masivas de los derechos humanos en Colombia son agentes del Estado comprometidos en graves abusos de poder, en omisión o en abierta connivencia con el paramilitarismo.
Esos abusos abarcan ejecuciones extrajudiciales, masacres, homicidios de carácter individual o selectivo, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones que implican el empleo desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias, entre otros crímenes, explicó.
El gobierno de Uribe debería abstenerse de introducir normas que faculten a los miembros de las fuerzas militares para ejercer funciones de policía judicial, y otras que sean incompatibles con la independencia de la justicia, apuntó el ACNUDH, en alusión a un polémico proyecto de ley antiterrorista.
La agenda de diálogo y negociación del gobierno, que por ahora adelanta únicamente con los paramilitares, tendría que incluir el tema de los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, se lee en el compromiso.
Además, el Estado debería aplicar sanciones disciplinarias a los funcionarios que pongan en riesgo la labor de los defensores de los derechos humanos, verificar trimestralmente la exactitud y objetividad de los archivos de inteligencia militar sobre esos activistas humanitarios, y publicar los resultados.
Esos son, según la alianza, algunos de los puntos en los que el gobierno colombiano no sólo incumplió sus compromisos, sino que tomó acciones en contra de los mismos.
Frühling afirmó que podría haber avances inminentes en la decisión de abrir al control civil los archivos de inteligencia, pero la alianza alegó que esos informes y los militares aún se usan para acusar a activistas humanitarios.
Por otra parte, muchos de los defensores de derechos humanos cuyos nombres aparecen registrados en esos documentos han sido asesinados, destacó.
En septiembre, el presidente Uribe llamó voceros del terrorismo y traficantes de los derechos humanos a los activistas humanitarios, irritado por sus críticas.
Ni los peores dictadores en el mundo habían señalado a los defensores de los derechos humanos como lo hizo el presidente, dijo Alirio Uribe, para quien ese ataque fue el incumplimiento más crucial de las recomendaciones de la ONU y se tradujo en un incremento de las amenazas.
La alianza apuntó que el presidente de la república no ha sido investigado ni sancionado por las declaraciones que pusieron en riesgo la labor de los defensores.
