Cinco turistas extranjeros dejaron este lunes de ser rehenes de la guerrilla izquierdista colombiana ELN, pero unas 200.000 personas, entre campesinos e indígenas, continúan cautivas de la guerra civil en la septentrional Sierra Nevada de Santa Marta.
Tres meses después de que el ELN (Ejército de Liberación Nacional) secuestrara a un grupo de turistas mochileros, el gobierno de Colombia pactó el sábado con un portavoz del grupo insurgente los mecanismos para la liberación, cumplida este lunes.
El acuerdo humanitario benefició a cuatro israelíes y un británico, entregados este mediodía a una comisión integrada por prelados de la Iglesia Católica, funcionarios de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Los liberados son los israelíes Erez Altawil, Beni Daniel, Ido Guy y Ortaz Ohayon y el británico Mark Henderson.
Habían sido capturados por el 12 de septiembre, cuando visitaban la Ciudad Perdida, sitio arqueológico en la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre el mar Caribe, con otros tres excursionistas también tomados como rehenes.
Otro británico, Matthew Scott, escapó de sus captores el mismo día del secuestro, y la alemana Reinhilt Weigel y el español Azier Huegun Etxeberria fueron liberados el 24 de noviembre.
Weigel escandalizó a la prensa alemana al posar sonriente y como combatiente en una fotografía tomada durante su secuestro. Ya liberada, se manifestó impactada por la crisis humanitaria y la miseria que encontró a su paso.
El ELN había condicionado la libertad de los demás turistas a que una comisión de la verdad acudiera a la zona para verificar las graves consecuencias de la guerra.
Como parte de las gestiones por la liberación de los rehenes, la semana pasada se publicó el Informe de la Comisión de Observación de la crisis humanitaria en la Sierra Nevada de Santa Marta.
Ese documento fue presentado por el obispo Héctor Fabio Henao, director de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal, el defensor del Pueblo Volmar Ortiz y el sacerdote Darío Echeverry, secretario general de la Comisión de Conciliación Nacional de la Iglesia Católica, al presidente Alvaro Uribe y al portavoz del ELN Francisco Galán, prisionero en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.
”El ELN nos lo avaló, y ya había sido avalado por el presidente de la república”, dijo Henao.
Para lograr la liberación de los rehenes, la comisión, que se declaró autónoma, viajó a la Sierra Nevada a fines de noviembre y, acompañada de la ONU, visitó seis lugares y dialogó con la población.
Los testimonios fueron recabados ”con advertencias de reserva de identidad, temor ante posibles represalias y discreción en el manejo de cierta información”.
Así, la comisión tomó conocimiento de ”ejecuciones extrajudiciales, amenazas, desapariciones, torturas, ataques a la población civil y a sus bienes, desplazamiento forzado generalizado, ocupación de las fincas de las víctimas”, además del ”pillaje de las reses y enseres de los pobladores, reclutamiento de menores y uso de minas antipersonal”.
El informe describe la Sierra Nevada como lugar ”estratégico” para la guerra civil de cuatro décadas, pues su cercanía al mar facilita ”el aprovisionamiento de armas y de municiones así como el narcotráfico”.
El texto consigna ”una crítica situación humanitaria generada por una grave y masiva violación de los derechos humanos, la sistemática infracción a las normas del derecho internacional humanitario” y ”la falta de presencia real y efectiva del Estado”.
En el actual conflicto armado colombiano intervienen el ELN, la principal guerrilla izquierdista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupos paramilitares de derecha y fuerzas gubernamentales, que se disputan el control del territorio.
El narcotráfico, creciente fuente de ingresos de los grupos insurgentes, ha sido también el motivo para la intervención estadounidense en el conflicto, mediante el represivo Plan Colombia, pues Estados Unidos es el principal destino de las ventas de narcóticos, sobre todo cocaína.
En la Sierra Nevada, con actividad guerrillera desde la década de 1980, se vive hace dos años una ofensiva paramilitar y un avance del ejército, señalan los comisionados.
Actualmente, los paramilitares ”están en una avanzada hacia las zonas más altas, que han sido controladas tradicionalmente por la guerrilla”, según el informe.
Además del ELN, en la Sierra permanecen activas las FARC. Ambos grupos están en armas desde hace 40 años.
En el decenio pasado comenzaron a ingresar al territorio grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), formados en parte por milicias de narcotraficantes y en parte por escuadrones que manifiestan públicamente su alianza con el Estado.
Los paramilitares surgieron en las regiones de cultivos ilegales y narcotráfico y se consolidaron, según el informe, ”en represalia por la movilización social de los campesinos y las organizaciones sindicales” del área.
Según la Comisión, las exportaciones de cocaína producida en la zona se calculan en 1.200 millones de dólares anuales.
En el último año, ”las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario se han incrementado de tal modo que los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta afrontan una de las crisis humanitarias más graves del país”, consigna el informe.
En las estribaciones de la Sierra habitan 160.000 campesinos. Además, es la tierra ancestral de cuatro pueblos indígenas, que hoy suman unas 50.000 personas: arhuacos, arzarios, kankuamos y koguis.
Los atropellos más graves se cometen en las áreas donde hay presencia de paramilitares y guerrilleros, asevera el informe de 64 páginas.
La comisión encontró a una población inerme, expuesta a que la guerrilla o los paramilitares la consideren en cualquier momento auxiliar del bando opuesto.
En cuanto a la expansión territorial de los paramilitares, ”conlleva el interés de extender los cultivos de coca y de presionar al campesinado para que colabore en tal propósito; de lo contrario, (la población es) objeto de desplazamiento o desaparición forzada”, dice el texto.
La denuncia más reiterada en el documento se refiere a la actuación conjunta de militares y paramilitares.
Estos últimos ”tienen campamentos reconocidos, presencia regular en las veredas (vecindarios rurales) y mantienen ataques sistemáticos contra la población sin que por parte de la fuerza pública se realicen acciones reales y efectivas en su contra; por el contrario, diversos testimonios afirman sobre la colaboración entre ellos”, señala el documento.
El informe registra incluso la actuación criminal de un grupo de efectivos militares.
”Hemos visto que se disfrazan de paramilitares, usan el nombre de 'Los Arrasadores', pero son del Batallón Córdoba” del ejército, dice un testimonio anónimo recogido por la comisión.
Ante estos hechos, ”la población está paralizada por el temor y no se atreve a denunciar las violaciones ante las entidades del orden municipal y departamental”, sostiene el informe.
En la Sierra Nevada hay pueblos fantasmas, veredas desocupadas, fincas abandonadas, casa vacías y comercios cerrados.
”Todas las instalaciones están saqueadas y expuestas a la depredación causada por los grupos que atacaron la población”, señala.
Los paramilitares cobran impuestos por dejar pasar productos agrícolas, al tiempo que roban parte de los cargamentos y destruyen cualquier elemento que consideren útil a la guerrilla. ”No dejan pasar ni las botas de los niños”, dice un testigo.
Las guerrillas ”también atacan y roban pertenencias de las personas y en ocasiones montan retenes en los que ejercen presiones similares”, afirma la comisión.
Las AUC no permiten ”subir alimentos (a la montaña) porque consideran que son para la guerrilla”. Los habitantes de la Sierra viven de la caza y de la malanga, un tubérculo comestible, informa.
”Se considera apremiante, urgente, conseguir asistencia humanitaria y el desbloqueo para que estas familias puedan sobrevivir con un mínimo de seguridad alimentaria y suministros básicos, aun en medio del conflicto armado”, exhortan los comisionados.
Una de las principales violaciones de derechos humanos son los asesinatos selectivos múltiples o individuales, llamados ejecuciones extrajudiciales ”perpetradas especialmente por las AUC”.
Para los asesinatos selectivos múltiples los perpetradores ”escogen a sus víctimas entre un conjunto numeroso de personas aprehendidas y luego las asesinan individualmente o en pequeños grupos, dejando esparcidos los cadáveres en diferentes lugares”.
En los asesinatos selectivos individuales ”las víctimas son ejecutadas según su inclusión en listados” previamente elaborados, agrega el documento.
A pesar del peligro, la Sierra Nevada atrae turistas por sus lugares arqueológicos y su diversidad étnica y biológica.
En el macizo montañoso se yergue, a sólo 42 kilómetros del mar, el pico más alto de Colombia, de 5.775 metros de altura. En 2002, buena parte de esta rica región natural fue declarada reserva de biosfera por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
