El silencio oficial rodea lo que podría ser uno de los mayores casos de corrupción detectados en Cuba en más de una década.
Un desfalco que distintas fuentes calculan en decenas o miles de millones de dólares involucra a altos funcionarios del estatal grupo hotelero Cubanacán, que maneja alrededor de 40 por ciento del turismo hacia la isla.
Juan José Vega, hasta hace poco presidente del grupo y representante de Cuba en varios negocios con capital extranjero, está ”retenido” en su domicilio como parte de un proceso cautelar, al igual que unos 15 altos funcionarios del grupo.
Según trascendidos, la investigación está bajo la supervisión directa del general Raúl Castro, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y hermano del presidente Fidel Castro.
Como suele suceder en la isla, la información se transmite fragmentada de boca en boca, y no hay fuentes disponibles para confirmar o desmentir los rumores, mientras se espera la aparición de alguna nota oficial que informe sobre el caso.
”El rumor anda desde hace varios días en los niveles de dirección, en los medios empresariales y en el sector del turismo”, comentó a IPS una fuente cercana al gobierno.
Los detalles de la operación delictiva descubierta no están claros aún, pero varias versiones coinciden en que se trata de un desvío de fondos de la industria turística a cuentas bancarias personales en el extranjero.
De todos modos, es posible que no todos los funcionarios retenidos estén involucrados en el desfalco, y que el monto del mismo no sea tan alto como se calcula.
”Más que la cantidad sustraída, al gobierno le preocupa la naturaleza del delito cometido”, afirmó una fuente.
Cubanacán es un grupo empresarial de turismo y comercio representado en nueve países de Europa y América, 23 empresas mixtas para el desarrollo de hoteles y otros negocios, y 15 compañías en Cuba.
El grupo maneja 51 hoteles, 52 restaurantes y cafeterías, una cadena de más de 300 tiendas, 10 centros de buceo y nueve bases de pesca, una agencia de viajes y otra de transporte, un centro de convenciones y 15 centros de entretenimiento, entre ellos cabarés y clubes temáticos.
También posee un bufete internacional que brinda asesoría y asistencia jurídica para inversiones extranjeras, creación de empresas mixtas, asociaciones económicas y sociedades mercantiles, registros de sociedades extranjeras y otros contratos comerciales.
Más de un millón y medio de turistas visitaron Cuba de enero a octubre de este año, o sea 189.582 más que en igual periodo del año anterior. La industria turística es la principal fuente de ingresos de la isla, con 1.313 millones de dólares el año pasado.
Según algunas versiones, el monto del desfalco está cerca del aporte anual total del turismo a la economía cubana, algo considerado poco probable por observadores en la isla.
Tras la crisis económica de la pasada década y la ulterior apertura de la isla socialista al capital extranjero, el gobierno intentó evitar la corrupción al aprobar en 1996 un Código de Etica que debe ser firmado por empleados públicos, empresarios y políticos de todos los niveles.
Según el vicepresidente Carlos Lage, Cuba aspira a mantenerse alejada de la corrupción y, al mismo tiempo, seguir su proceso de apertura al capital extranjero y relacionarse con un mundo donde ”los vicios y la corrupción no son excepciones”.
Fuentes oficiales aseguran que el caso cubano está muy lejos de acercarse a lo que se da en otros países y que la corrupción se concentra en niveles intermedios y empresariales, no en las altas esferas del gobierno.
Recibir comisiones o regalos por la negociación favorable de un contrato, una práctica usual en muchos países, está prohibido en la isla y puede ser causa de sanción judicial para los implicados por la parte cubana.
Otras iniciativas para evitar la corrupción han sido la creación en 2001 del Ministerio de Auditoría y Control, el incremento de las verificaciones fiscales y el aumento de los operativos del Ministerio del Interior.
En 1997, una reforma del Código Penal estableció la pena de ocho a 20 años de prisión para los hallados culpables del delito básico de corrupción administrativa tipificado como ”cohecho”.
La legislación vigente prevé también sanciones contra el tráfico de influencias, la malversación y el desvío de recursos, definidos como formas de incumplimiento del deber de preservar los bienes del Estado.
Otra reforma aprobada en 1999 estableció la pena de muerte para los empleados públicos a los que se halle involucrados en acciones de narcotráfico.
El mayor caso de corrupción detectado en Cuba data de 1989, cuando el proceso a un grupo de militares por ese delito y por narcotráfico culminó con la pena de muerte para el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez y el mayor Amado Padrón.
En 2001, el entonces ministro de la Industria Pesquera, Orlando Rodríguez Romay, fue destituido al detectarse algunos casos de corrupción en la entidad que dirigía.
El ministro no habría estado directamente involucrado en esos ilícitos, pero entre los implicados había familiares suyos.
Según se comentó en forma extraoficial, un hermano de Rodríguez Romay que estaba al frente de una empresa adscripta al Ministerio aceptó regalos de un socio extranjero.
