Las muertes e incidentes de los últimos días en la caliente frontera entre Venezuela y Colombia revelan que los paramilitares colombianos de derecha desplazan en la zona a las guerrillas izquierdistas, indicaron fuentes en Bogotá y Caracas.
Siete guardias nacionales de Venezuela murieron en emboscadas a mediados de mes. El viernes se produjo un incidente no aclarado: el presunto ingreso de fuerzas venezolanas a territorio de Colombia detrás de un automóvil robado, negado por Caracas. Y durante el fin de semana sicarios colombianos mataron a seis jóvenes en la fronteriza San Antonio del Táchira.
”Fueron paramilitares los autores de la muerte de los guardias nacionales”, declaró en Caracas el secretario del Consejo de Defensa de la Nación, general Melvin López, aunque ”eso no quiere decir que narcotraficantes u otros grupos subversivos no hayan atacado en otras oportunidades”.
”El paramilitarismo opera a lo largo de la frontera, del lado venezolano y del lado colombiano, y parece ser que las únicas entidades estatales que lo están atacando son las venezolanas”, dijo a IPS el diputado colombiano Gustavo Petro, del izquierdista Polo Democrático Independiente.
Petro perteneció al insurgente M-19, que en 1990 selló un pacto de paz con el gobierno.
El parlamentario explicó que el nororiental departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, ”todavía es una zona de conflicto entre paramilitarismo y guerrilla. Pero en (los departamentos de) Norte de Santander, Cesar y parte de La Guajira, el control es paramilitar”.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), son el grupo paramilitar más importante, con unos 12.000 combatientes, en este país de 44 millones de habitantes que vive en guerra civil desde hace cuatro décadas.
Según Petro, este progresivo avance paramilitar ”sobre la frontera se da desde antes del ascenso al poder del presidente de Venezuela Hugo Chávez”, en febrero de 1999.
La frontera entre ambas naciones, de 2.219 kilómetros, es a menudo descrita como un ”tercer Estado” en el que campean narcotraficantes, secuestradores, ladrones de ganado, guerrilleros y paramilitares.
Según Petro, en la zona ”va creciendo el poder paramilitar, controlando progresivamente los negocios (ilegales), básicamente el lavado de dólares y la exportación de cocaína a través de territorio venezolano”.
Además, ”el contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia es manejado completamente por el paramilitarismo”, y los ”pimpineros”, muchachos que transportaban a pie tres o cuatro galones en recipientes plásticos llamados pimpinas, ”han pasado de moda”, aseveró.
”Hoy, los pimpineros están uniformados y jerarquizados militarmente. Sus jefes son paramilitares. A los que no quisieron hacer parte del paramilitarismo, los mataron”, agregó.
Norte de Santander, frente al sudoccidental estado venezolano de Táchira, la más viva frontera entre países andinos y que estuvo en el pasado en manos guerrilleras, ”ha quedado prácticamente bajo control paramilitar”, describió.
Los hechos de violencia se suceden vertiginosamente. En San Antonio del Táchira, separada por un pequeño río de Cúcuta, capital de Norte de Santander, sicarios colombianos dispararon el fin de semana contra un grupo de jóvenes y mataron a seis.
Según el comisario policial venezolano Eddie Ramírez, paramilitares colombianos habían amenazado de muerte a quien permaneciera en el lugar, sitio de distribución de droga.
Las víctimas, de entre 17 y 24 años, ”sólo se encontraban libando cerveza”, dijo Ramírez.
Los siete efectivos de la Guardia Nacional (policía militarizada de Venezuela) perecieron al parecer en emboscadas tendidas por grupos paramilitares en zonas rurales.
Según habitantes del caserío colombiano de Montelara, en el extremo noreste, guardias nacionales venezolanos traspasaron la frontera en persecución de un auto robado y se enfrentaron a tiros con paramilitares.
La versión ”es un invento de narcotraficantes”, según el embajador venezolano en Bogotá, Carlos Santiago.
El presidente de Colombia Alvaro Uribe reconoció que en la zona no hay suficiente presencia estatal y pidió ”un acuerdo institucional al mayor nivel” para mejorar la seguridad en la frontera, incluida la posibilidad de que tropas de un país persigan a delincuentes más allá de los límites nacionales.
Del lado venezolano de la frontera han escalado los delitos de secuestro y asesinato por parte de sicarios. Decenas de ganaderos y comerciantes fueron secuestrados en el último año.
Además, en la zona hay entre 100.000 y 150.000 colombianos que huyeron de la guerra, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
La organización humanitaria Provea destaca que viven en condiciones muy precarias, sobre todo aquellos que solicitan tratamiento de refugiados, sólo obtenido entre enero y agosto por 664 familias.
Provea deploró que en un acuerdo firmado por Bogotá y Caracas en abril, se los calificara como ”personas desplazadas en territorio colombiano que llegan a la frontera venezolana” para evitar darles el estatus internacional de refugiados.
Según Petro no son ciertas las versiones atribuidas en abril a servicios de inteligencia colombianos, según las cuales las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de 17.000 miembros, mantienen bases y campos de entrenamiento en Venezuela, amparadas por Chávez.
”La retaguardia de la guerrilla colombiana es el interior de Colombia”, sostuvo. En las regiones fronterizas donde aún está presente, la guerrilla ”no se establece, sino que transita por el lado venezolano” y ”esto ha sido así desde hace 20 años”, añadió.
Por otra parte, Petro advirtió el peligro de que las negociaciones de paz entre el gobierno de Uribe y las AUC, actualmente en curso, desemboquen en una concentración de fuerzas irregulares en Norte de Santander.
Si Bogotá permite al jefe paramilitar Salvatore Mancuso concentrar sus tropas en Norte de Santander tal como éste ha pedido, ”podrían sumarse de seis a 7.000 hombres en la frontera”, dijo Petro.
Mancuso es uno de los paramilitares que negocia su desmovilización, mientras Washington pide a Bogotá su extradición por narcotraficante. El rebelde ”tiene un interés directo y de primer orden en mantener su control sobre la exportación de cocaína vía Venezuela”, afirmó Petro.
* Con aporte de Humberto Márquez (Venezuela)
