El gobierno de Zimbabwe se muestra satisfecho por el resultado de su polémica reforma agraria, pero beneficiarios de las tierras repartidas hace tres años advierten que el proceso se corrompió en beneficio de allegados al presidente Robert Mugabe.
La reforma se implementó mediante la ocupación (”jambanja”), a menudo violenta, de haciendas de agricultores blancos y su entrega a integrantes de la mayoría negra, en particular combatientes en la guerra por la independencia contra Gran Bretaña, finalizada en 1980.
Ahora, los negros ricos se volvieron contra esos campesinos. Se han registrado choques violentos entre los ocupantes de las tierras y allegados a la gobernante Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF).
Por su parte, los ex guerrilleros y actuales campesinos amenazan con tomar medidas de represalia.
”Camaradas (ex combatientes) son ahora expulsados de la tierra que ocuparon para abrirle paso a algunos civiles que se habían distanciado de la jambanja”, afirmó el secretario general de la Asociación de Veteranos de la Guerra de la Liberación de Zimbabwe, Endy Mhlanga.
Mhlanga invitó a todos los ex guerrilleros desplazados de sus tierras recién ocupadas a efectuar denuncias ante la Asociación, la cual ”está preparada para pelear”, pero también se ubica ”en la misma línea que el partido (ZANU-PF) y que el gobierno”.
”Hemos descubierto muchas anomalías en el esquema” de la reforma agraria, agregó. ”Respetamos al presidente y no podemos revelar la información hasta que hablemos con él. El podrá decírsela a quien quiera después… No queremos lavar la ropa sucia en público”, sostuvo el ex combatiente.
De todos modos, algunos de esos incidentes ya son públicos, como el desalojo de cinco ex combatientes discapacitados de una hacienda en Beatrice, cerca de Harare, la capital, y su entrega a la viuda de un legislador.
Hace tres meses, la policía incendió 1.000 viviendas en la hacienda Windcrest, en la sudoriental región de Masvingo, para obligar a sus ocupantes desde 2001 a regresar a sus antiguas comunidades y dejar el lugar a un funcionario de la cancillería.
Un fallo judicial pende sobre cientos de colonos de la hacienda Little England, en el oriental distrito de Zvimba, poblado natal de Mugabe. La viuda de un sobrino del presidente y otras 70 personas fueron elegidas para apropiarse de las 6.000 hectáreas. Los desalojados se resisten a aceptarlo.
”A los ocupantes, a los veteranos de guerra, los usaron para sacarle las haciendas a los blancos. Ahora los obligan a unirse a cientos de obreros agrícolas desamparados que perdieron trabajo y viviendas en las invasiones”, dijo un líder tradicional de Zvimba que solicitó reserva de su identidad por temor a las represalias.
Alrededor de un millón de obreros perdieron su empleo cuando el gobierno de Mugabe se incautó de las tierras de 4.500 hacendados blancos entre 2000 y 2002, informaron organizaciones de derechos humanos.
El anciano dijo que el problema agrario en Zimbabwe es ”un dolor de cabeza”. ”Hay demasiados escándalos que involucran a muy altos funcionarios del partido (ZANU-PF) y del gobierno. Algunos están incluso vendiendo las haciendas a aspirantes a colonos y piden sobornos”, explicó.
Un contador jubilado que solicitó ser identificado sólo como Nyani sostuvo que ”lo que el mundo escucha y lee es muy diferente a la realidad en el terreno”. ”Nadie en Zimbabwe está en contra de la redidtribución de tierras, pero el modo en que se ha realizado no es el correcto”, dijo.
La propiedad de múltiples haciendas es otro problema que siembra discordias sobre la reforma agraria. Circulan versiones sobre ministros con propiedades registradas a nombre de sus hijos.
Mugabe ordenó en julio a altos funcionarios que habían ocupado más de una hacienda que entregaran todas menos una, en una política denominada ”un hombre, una granja”. Al parecer, esta política ha sido ignorada, aunque el presidente de ZANU-PF, John Nkomo, aseguró que se devolvieron 60.000 hectáreas.
Si el gobierno no establece pautas claras, el conflicto se agravará, advirtió Bright Garikai Mombeshora, un analista de cuestiones agrícolas.
”El problema fundamental en el sector agrícola ahora es la dirección que el gobierno desee tomar. No parece tener una política clara”, comentó.
Según Mombeshora, no había necesidad de destruir la infraestructura establecida por los granjeros blancos para realizar la reforma agraria.
Las autoridades debieron simplemente registrar los nombres y el número de las personas interesadas en obtener tierras y la superficie necesaria para atender sus necesidades, sin eliminar a los productores ya establecidos, opinó.
Además, las instituciones financieras que trataban con el sector agrícola comercial antes de las invasiones de tierras también precisan saber quién saldará las deudas que dejaron atrás los granjeros blancos expulsados, señaló Mombeshora.
Ex combatientes habrían desafiado en 2000 órdenes del vicepresidente Joseph Msika, el entonces ministro del Interior John Nkomo y el ministro de Agricultura Joseph Made de no invadir granjas. El presidente Mugabe estaba fuera del país cuando comenzaron las ocupaciones.
A su regreso, Mugaba declaró que las invasiones eran una ”manifestación” contra la distribución injusta de la tierra y prohibió el desalojo de los invasores, lo que sumió al país en el caos y provocó escasez de alimentos, combustible y otros alimentos esenciales.
Pero el presidente necesitaba el apoyo de los veteranos de guerra y las masas de campesinos para las elecciones presidenciales del año pasado.
El gobierno sostiene que la persistente sequía es lo que ha frustrado la producción agrícola en varias partes del país, pero no explica la reducción de la irrigación en las granjas confiscadas, que en muchos casos fueron saqueadas por sus ex empleados o por los nuevos ocupantes. Los equipos robados son revendidos a muy bajo precio.
Un informe que Mugabe encargó a funcionarios públicos retirados para revisar el programa de reubicación sostiene que la minoría blanca ocupaa ahora tres por ciento de las tierras cultivables. Antes de la invasión, ocupaban 30 por ciento, u 11 millones de hectáreas.
El gobierno afirma que 300.000 familias fueron reubicadas, pero el estudio sostiene que fueron sólo 127.200.
Muchos de los granjeros que huyeron de sus granjas junto con sus empleados se instalaron en los vecinos Zambia o Mozambique. Otros alquilaron viviendas en las ciudades, a la espera del resultado de sus peticiones judiciales contra las expulsiones.
Algunos dirigentes del ZANU-PF experan que Mugabe, en el poder desde la independencia d eGran Bretaña en 1980, anuncie su retiro el mes próximo, en la conferencia anual del partido.
