En el proceso electoral más violento desde que se firmaron los acuerdos de paz de Guatemala en 1996, la ciudadanía elegirá este domingo un nuevo gobierno, que deberá regir un país marcado por la corrupción y la pobreza.
Con un saldo de 29 muertes, denuncias de compra de votos y de intentos de manipular a los electores, y una petición de la Procuraduría de Derechos Humanos de medidas cautelares para proteger a periodistas, culminó la campaña electoral convocada en mayo.
El temor a sabotajes de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil —resucitadas por el derechista y gobernante Frente Republicano Guatemalteco (FRG) que aspira a mantenerse en el poder—, es una de las preocupaciones de misiones internacionales que siguen el proceso electoral.
Misiones de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Unión Europea (UE) y del estadounidense Instituto John F. Kennedy, entre otras, reiteraron llamados a celebrar comicios libres y limpios.
Se estima que unos 10.000 observadores nacionales e internacionales controlarán la jornada electoral.
Pero hechos de las últimas tres semanas, como bloqueos de caminos de los paramilitares, secuestros de periodistas y amenazas de actos violentos, presagian una jornada de votación agitada.
Los paramilitares —que en los años 80 y 90 llegaron a contar con un millón de miembros para combatir a las guerrillas izquierdistas— exigen indemnizaciones prometidas por el gobierno en pago por sus servicios durante el conflicto armado.
La guerra civil de 36 años, concluida en 1996, dejó 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad auspiciada por la Organización de las Naciones Unidas.
Las urnas se abrirán a las 7.00 de la mañana local y cerrarán según el criterio de los fiscales de mesa, por lo cual la votación podría prolongarse en algunos lugares hasta la medianoche, de acuerdo a lo dispuesto por el Tribunal Supremo Electoral.
Un total de 5,7 millones de guatemaltecos están convocados a votar en las 8.910 juntas receptoras establecidas en todo el país. Además del nuevo gobierno, serán electos 158 diputados del Congreso legislativo y alcaldes de 332 municipios.
Pero la carrera presidencial, según analistas consultados por IPS, exigirá una ”segunda vuelta electoral” el 27 de diciembre porque ninguno de los aspirantes obtendría este domingo el mínimo de 51 por ciento de sufragios para alcanzar la presidencia.
Según la última encuesta difundida por los medios de comunicación, la derechista Gran Alianza Nacional (GANA) de Oscar Berger, que representa a la oligarquía tradicional, encabeza las intenciones de voto con 30,9 por ciento.
Le sigue la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), de centro derecha, cuyo candidato Alvaro Colom obtuvo 28,5 por ciento de intenciones de voto.
El ex dictador Efraín Ríos Montt —del gobernante FRG— sería relegado a una tercera posición con 11,4 por ciento de los votos, por lo que su partido debería entregar el poder el 14 de enero al presidente electo.
Ríos Montt, que gobernó entre 1982 y 1983 tras encabezar un golpe de Estado, es acusado de haber promovido un genocidio contra miles de campesinos e indígenas.
Su candidatura violentó el artículo 186 de la Constitución, que prohíbe a ex golpistas o dictadores postularse a la presidencia del país.
En la campaña hubo todo tipo de intentos de manipulación a los votantes, en especial en las comunidades indígenas, afirmó a IPS el director de la Fundación Rigoberta Menchú, Gustavo Meoño.
”Miembros del FRG han atemorizado a la población rural mayoritariamente indígena para que vote por ellos, los han amenazado con que se dar n cuenta a qué partido respaldaron, y esto evita que haya un proceso electoral transparente”, afirmó Meoño.
Con todo, Meoño confía en ”que los indígenas no se dejen amedrentar por las presiones del Frente Republicano y que tengan claro que su voto es secreto”.
Ante la cantidad de intimidaciones registradas, representantes indígenas no descartan llamar a la ciudadanía a anular sus votos como medida de protesta.
El procurador de Derechos Humanos de Guatemala, Sergio Morales, dijo a IPS que teme actos de violencia en 182 municipios, según hechos reportados en las últimas semanas.
”Hemos recibido una notificación por parte de la UNE de que su candidato, Alvaro Colom, ha sido amenazado de muerte, una manifestación clara del clima en que se desarrolló la campaña electoral”, expresó Morales.
Varias delegaciones de la Procuraduría han sido invadidas por partidarios del FRG e incluso la sede central, en ciudad de Guatemala, fue allanada en días anteriores por las autoridades.
”Grupos cercanos al FRG nos han secuestrado personal y hay un ambiente de confrontación muy marcado entre los distintos partidos”, añadió Morales.
Para el procurador, las misiones internacionales de observación cumplir n una función determinante, porque contribuir n a que en las elecciones no haya fraude.
El jefe adjunto de la Misión de Observación de la UE, Rafael López Pintor, dijo a IPS que al margen de la violencia inevitable, espera que predomine el ”civismo” del pueblo guatemalteco.
”Nos preocupan los grados de violencia, pero confiamos en que los mecanismos establecidos permitan un adecuado desarrollo de las elecciones”, afirmó López Pintor.
También la misión de la OEA descartó en un comunicado el peligro de fraude.
El veto que el presidente Alfonso Portillo aplicó a un decreto que prohibía cualquier actividad productiva antes, durante y un días después de las elecciones, fue celebrado por los observadores, porque ayudar a disminuir la tensión el día de los comicios.
Representantes de los 11 partidos políticos que aspiran a la presidencia y organizaciones no gubernamentales habían denunciado que el asueto, que impedía hasta el transporte y la actividad periodística, era una maniobra más del FRG para enturbiar el ambiente.
El primer gran logro de las elecciones ser ”enterrar el mito de Ríos Montt”, dijo a IPS Marco Barahona, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies).
”Esa será la primera victoria de los guatemaltecos en las elecciones, a pesar de que es probable que el FRG alcance a elegir unos 40 diputados en el Congreso”, puntualizó.
En su opinión, por el estancamiento económico, político y social en que se encuentra Guatemala, con 80 por ciento de la población pobre, lo primero que debería hacer el nuevo gobierno es convocar a una agenda nacional concertada.
”Se deben establecer las prioridades que regir n al gobierno en los próximos cuatro años”, agregó.
El GANA, de Berger, es el partido que más ha insistido en la necesidad de retomar una agenda nacional y respaldar políticas incluyentes, lo que podría conducir a un mayor espacio para los indígenas.
”El próximo gobierno encontrará un país muy comprometido por medio de empréstitos, no se pueden esperar cambios significativos, pero sí una transición real hacia la democracia”, precisó.
Para Francisco García, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (INCEP), un triunfo de Berger podría impulsar el desarrollo empresarial.
En caso de que ganara Colom, García considero que el gobierno podría retomar los compromisos de los acuerdos de paz de 1996, por ejemplo la necesidad de incluir a las comunidades indígenas en un nuevo proyecto de desarrollo nacional.
”Los acuerdos de paz son la mejor agenda que cualquier partido podría impulsar una vez que asuma el gobierno y Colom se ha manifestado por reforzar este proceso”, dijo García.
Pero los especialistas insistieron en que dado el nivel de corrupción e impunidad que reinó en el período de Portillo, es imposible que Guatemala experimente progresos rápidos.
