El indulto concedido este jueves por el presidente de México, Vicente Fox, a un militar condenado a muerte no aplacó a los grupos humanitarios que reclaman eliminar esa pena de la legislación nacional y cuestionan a los tribunales castrenses que la aplican.
El gobierno indicó en un breve comunicado que, en atención a que "los sentenciados a esta pena (de muerte) siempre han sido indultados por el presidente" en la últimas décadas, se anulaba el fallo en ese mismo sentido dictado contra el subteniente Herón Varela, de 24 años y acusado de asesinar el 14 de febrero a un coronel.
Las autoridades mexicanas se oponen a la pena de muerte en foros internacionales, pero continúa vigente en la Constitución del país y en el Código de Justicia Militar.
El caso del subteniente del ejército Varela se transformó en los últimos días en la bandera que organizaciones humanitarias locales y extranjeros ondearon para reiterar su oposición a la pena capital y denunciar a los tribunales militares mexicanos, en lo que ven un hoyo de impunidad y abusos.
"No hay congruencia en este país respecto a la pena de muerte, pues hacia el exterior la rechaza, pero en casa la mantiene en sus leyes", dijo a IPS Alfonso García, portavoz de la filial mexicana de Amnistía Internacional, la organizaciones humanitaria internacional con sede central en Londres.
"El indulto concedido por Fox lo celebramos, pero eso no soluciona el problema de legislación", se lamentó García.
Para Fabián Sánchez, abogado de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CMDPDH), el gobierno y los legisladores debería acordar lo más pronto posible la derogación formal de la pena de muerte.
"Su aplicación no puede depender la voluntad de un presidente, por más tradición que haya en el indulto", señaló Sánchez a IPS.
Abogados locales explicaron que, con base en las leyes mexicanas, el indulto a Varela no implica la liberación del inculpado sino la conmutación de la pena de muerte por 20 años de prisión.
La CNDPDH y otras 30 organizaciones defensoras de los derechos humanos acordaron denunciar el caso del subteniente Varela en foros internacionales por la sentencia aplicada y las irregularidades que dicen haber detectado en el proceso judicial.
"El Fuero Militar no reúne las características orgánicas mínimas que garanticen el debido proceso", señalaron en un comunicado.
Varela sostiene que los magistrados que lo procesaron en un Consejo de Guerra validaron sólo las pruebas presentadas por los acusadores militares, quienes habrían amenazado a miembros del ejército que estaban dispuestos a hablar a su favor.
Según resolvió el Consejo de Guerra, el militar condenado cometió el delito de "insubordinación con vías de hecho, causando la muerte de un superior", lo que amerita la pena de muerte.
El joven subteniente reconoció que disparó contra el coronel Salvador Juárez, pero aseguró que lo hizo cuando su superior intentó sacar una pistola para agredirlo.
Varela asegura que Juárez lo mantenía castigado de forma constante por haberse negado a aceptar las invitaciones que otro militar de rango superior le hacía para mantener relaciones homosexuales. "Una invitación de un superior es una orden", le habría dicho el coronel cuando el subteniente denunció el hecho.
"Solicitamos que se revoque la sentencia (contra Varela) y se reponga el proceso respetando las garantías de debido proceso de acuerdo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, lo cual implica que en ningún caso se dicte la pena de muerte como sentencia", dijeron los grupos humanitarios que se ocupan del caso del subteniente.
García, de Amnistía Internacional, aclaró que esa organización no tiene una posición definida sobre el fuero militar mexicano ni sobre los presuntos hechos irregulares registrados en el juicio seguido a Varela, pero sí respecto a la pena de muerte. "En este y en cualquier otro caso la rechazamos tajantemente", expresó.
Amnistía Internacional opina que la pena capital es una expresión de barbarie.
El gobierno de México sostiene algo similar, por lo que en 2002 solicitó a la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, pedir a Estados Unidos la anulación de las sentencias de muerte que enfrentan más de 50 de sus connacionales en ese país, donde esa pena tiene vigencia.
En enero, la Corte, máximo organismo judicial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ordenó a Estados Unidos anular la ejecución de los mexicanos con el argumento de que la justicia de ese país impidió a los acusados recibir asistencia consular. Sin embargo, la orden no fue acatada.
"La pena de muerte está en contra de múltiples acuerdos internacionales en materia humanitaria, pero también lo están los procesos que se llevan adelante en los fueros militares", expresó Sánchez, de la CMDPDH.
En su informe "el derecho internacional y la justicia militar: caso México" de 2001, también el grupo humanitario Human Rights Watch indicó que "no existe la necesaria independencia cuando son las autoridades militares las que investigan los abusos cometidos por el personal militar y los procesan en tribunales militares".
Esta organización internacional, con sede en Estados Unidos, denunció que los juicios realizados en el fuero militar mexicano están plagados de abusos e irregularidades.
En 1998, la relatoría especial sobre Tortura de la Organización de las Naciones Unidas emitió un informe sobre México en el que afirmó que "el personal militar parece ser inmune a la justicia civil y generalmente protegido por la justicia militar".
Otro dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala, a su vez, que, "cuando un estado permite que las investigaciones las dirijan los órganos potencialmente implicados, la independencia y la imparcialidad se ven claramente comprometidas."
El resultado es entonces "una impunidad de facto que supone la corrosión del imperio de la ley", concluye esa Comisión que pertenece al sistema de la Organización de Estados Americanos.
Pero en México los tribunales militares siguen actuando para juzgar a los suyos, como en el caso del subteniente Varela, y hasta el momento no existe ninguna iniciativa política o legislativa en concreto que apunte a revisar o a derogar su funcionamiento.
