La aglomeración este mes de ejecuciones de enfermos mentales condenados a muerte en Estados Unidos pone en evidencia, según expertos en salud pública y abogados, la generalización de una grave violación de derechos humanos en este país.
Joseph Keel, condenado por el asesinato de su suegro en 1990, fue muerto el viernes 7 mediante inyección letal en el centroriental estado de Carolina del Norte. Su ejecución fue la número 59 en Estados Unidos desde el 1 de enero, y la segunda de este mes.
Keel sufría daños cerebrales y problemas psicológicos, pero sus abogados no lograron que esos hechos fueran considerados atenuantes en el tribunal.
Finalmente, el condenado perdió el plazo para solicitar que se revisara el juicio, lo cual debería haberse formulado a causa de la impericia demostrada por sus primeros representantes legales.
Uno de cada seis residentes del pabellón de la muerte de Carolina del Norte ha dependido de la representación de abogados luego expulsados del fuero, suspendidos o sancionados por las autoridades judiciales, según un estudio.
Keel tenía tres clases de incapacidad mental —retardo, enfermedad mental y daño cerebral— y era tratado antes de su ejecución por ”episodios psicóticos”, dijo a IPS su último abogado, Jay Ferguson.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos prohibió el año pasado la ejecución de personas con retardo mental —es decir, con un coeficiente intelectual de menos de 70—, pero muchos que padecen otros tipos de incapacidad psicológica grave permanecen en el pabellón de la muerte, según creen activistas de derechos humanos.
Al menos 370 condenados sufren esquizofrenia, desorden bipolar, psicosis, depresión grave y tendencia suicidas, entre otras enfermedades mentales que no implican retardo, según la Asociación Nacional de Salud Mental.
Algunas personas con enfermedades mentales, como Keel, sufren tanto daños cerebrales como desórdenes serios de personalidad y cierto grado de retardo.
”Un problema es que la definición de retardo mental difiere de estado a estado. Carolina del Norte es tajante en un máximo de coeficiente intelectual de 70, y el de Keel era de 78. En ese punto, el gobernador tenía la última palabra”, dijo Ferguson.
El gobernador Mike Easley se reunió con los abogados de Keel el martes, pero no firmó un decreto de clemencia.
Easley tendrá también que decidir por el destino de John Dennis Daniels, cuya ejecución está prevista para el día 14. Psiquiatras acreditaron que el condenado tiene ”el desarrollo emocional y social de un niño de 11 o 12 años”. Será el tercer enfermo mental ejecutado en apenas dos semanas.
Carolina del Norte se ubicó este año como el tercer estado del país por su cantidad de ejcuciones, detrás de Texas y de Oklahoma.
El tercer condenado, James Willie Brown, fue ejecutado en el meridional estado de Georgia el jueves 6. Brown recibió en 17 oportunidades un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero, en última instancia, se lo consideró capaz de afrontar un proceso judicial.
”La cuestión es que prohibimos la ejecución de retardados mentales, pero personas mentalmente enfermas pueden ser aun más incapaces e incluso así pueden ser ejecutados”, dijo el director del Centro Sureño para los Derechos Humanos con sede en Georgia, Stephen Bright.
”La mayoría de los defensores no muestran conocimientos y los tribunales no aportan recursos para contratar expertos competentes a cargo de pruebas psicológicas y neurológicas. Todo se decide en el contexto de juicios muy emotivos donde las pasiones del momento parecen precipitarlo todo”, dijo Bright.
La organización de derechos humanos Amnistía Internacional calculó que entre cinco y 10 por ciento de los presos condenados a pena capital sufren enfermedades mentales serias.
Pero el problema no se restringe al pabellón de la muerte. La organización Human Rights Watch (HRW) calculó que uno de cada seis presos estadounideses tienen enfermedades mentales, y que muchos son esquizofrénicos y maníaco-depresivos.
Esto significa que hay en las cárceles estadounidenses tres veces más enfermos mentales que en los hospitales psiquiátricos, y muy pocos de ellos reciben tratamiento, según HRW.
”El sistema judicial no puede identificar adecuadamente a las personas con enfermedades mentales”, dijo a IPS Hazel Moran, de la Asociación Nacional de Salud Mental. ”No hay profesionales calificados para evaluar la capacidad mental de las personas. El diagnóstico es arbitrario.”
Ochenta por ciento de los menores infractores muestran síntomas de enfermedades mentales, agregó la experta.
”Es realmente necesario ampliar las instalaciones de salud mental disponibles. Desafortunadamente, los presupuestos se recortan. Los servicios sociales son los últimos en recibir fondos para su expansión, o deben limitarse a continuar apenas con el trabajo que ya hacen”, sostuvo Moran.
Más de 90 por ciento de las camas del sistema hospitalario psiquiátrico se desvanecieron en las últimas décadas, y ésa es, para los expertos, una de las principales razones por las cuales las cárceles se llenan de enfermos mentales.
”La Corte Suprema estableció un criterio increíble para la ejecución de los enfermos mentales. Básicamente, uno apenas tiene que entender que será ejecutado”, dijo el activista David Elliot, de la Coalición Nacional para Abolir la Pena de Muerte.
”Uno puede estar tan 'ido' que no puede ayudar a sus abogados, recordar su coartada, dónde estaba o qué estaba haciendo… pero aun así uno puede ser condenado a muerte”, agregó.
De todos modos, Elliot consideró que la Corte Suprema de Justicia está cerca de abolir la pena de muerte para el caso de infractores juveniles.
Desde 1994, Amnistía Internacional documentó 20 ejecuciones de menores en cinco naciones, 13 de los cuales en Estados Unidos y el resto en República Democrática del Congo, Irán, Nigeria y Pakistán. La mitad de los estados de este país admite la pena capital para menores de 18 años.
Si la Corte Suprema elimina esa posibilidad, ”habrá que ir al tribunal a volver a analizar el problema de las enfermedades mentales severas, representación legal inadecuada, racismo”, dijo Elliot.
Una condena a muerte depende, en buena medida, del lugar donde el delito fue cometido.
El pintor de camiones Gary Leon Ridway admitió el miércoles 5 haber asesinado a 48 mujeres en el noroccidental estado de Washington. A cambio de la confesión, fue condenado a cadena perpetua. Según sus propias palabras, Ridway es el asesino serial más prolífico de la historia estadounidense.
”Este sistema se reserva, supuestamente, para los crímenes más atroces, para los delincuentes más incorregibles. Pero vea el caso de Ridway: no hay pena de muerte porque se confesó culpable. Esto no tiene ningún sentido”, dijo Bright.
