En 2001, el ex presidente argentino Carlos Menem (1989-1999) debió suspender su luna de miel para ir preso por contrabando de armas. Ahora, cuando acaba de ser padre a los 73, lo acosa el fantasma de un nuevo proceso por el estallido intencional de una fábrica de armas en 1995.
Menem recibió este jueves a periodistas en su residencia de Chile, donde vive con la ex miss Universo Cecilia Bolocco, ciudadana de ese país, y se dejó fotografiar distendido con su pequeño hijo Máximo Saúl, mientras en una conferencia de prensa realizada en la central provincia argentina de Córdoba se dio a conocer un informe estremecedor.
”La explosión del 3 de noviembre de 1995 en la fábrica militar de Río Tercero (en el centro de la provincia de Córdoba) fue intencional”, aseguró Ana Gritti, querellante en la causa por aquel siniestro que dejó siete muertos y 300 heridos.
”Había que volar la fábrica para borrar pruebas sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia”, añadió, en alusión a la presunta intención de encubrir el faltante de pertrechos bélicos contrabandeados a esos países.
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A ocho años de aquel episodio, en el que llovieron explosivos sobre la pequeña ciudad de provincia, como si fuera escenario de una guerra no declarada, se confirmó que la explosión fue provocada, como siempre se sospechó.
Este jueves el diario ”La Nación” dio a conocer el informe oficial que cuatro peritos de la Universidad Nacional de Córdoba elevaron ante la justicia federal.
Los expertos concluyeron que el siniestro ”fue intencional”, y no un accidente como había afirmado el juez de primera instancia, tras la pesquisa correspondiente. Ahora se probó incluso que las explosiones fueron causadas por un sistema de detonación controlado mediante telefonía celular.
”La iniciación del primer fuego en el tambor de trotyl, el sorpresivo y vigoroso incendio del resto de los tambores con el mismo explosivo y las explosiones simultáneas que sucedieron a continuación fueron intencionales y organizadas con conocimiento sobre explosivos y el efecto de las detonaciones”, reza el informe.
Trotyl es uno de los nombres del trinitrotolueno, también conocido como TNT.
El juez Luis Martínez, que llevó adelante la instrucción, ya había elevado la causa a juicio oral, por considerar que había existido un ”estrago culposo” o ”negligencias”, pero no intencionalidad, y en orden a esa línea de investigación procesó a cinco personas, tres militares y dos civiles.
Pero la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó reorientar y profundizar la investigación, siguiendo los pasos de un perito de parte que había sido imputado por ”falso testimonio”, tras realizar una investigación cuya conclusión fue que el episodio había sido provocado.
La revelación del informe pericial fue confirmada este jueves por Gritti, que es abogada y estaba casada con una de las víctimas de la explosión de Río Tercero. Su esposo intentaba evacuar una escuela en la que trabajaba como maestro cuando tuvo un infarto, atribuido a la conmoción que le causó un fuerte estallido.
Aquel episodio dejó miles de viviendas y comercios destruidos, y unas 10.000 personas damnificadas, en un total de 44.000 habitantes.
Los funcionarios judiciales que investigaban el trasiego ilegal de armamentos intentaron conseguir copias de la causa de Río Tercero, pero sus pedidos fueron siempre rechazados por el juez y los fiscales cordobeses.
Gritti y los denunciantes en la causa por la venta de armas mencionaban siempre como dato sugestivo que Menem, presidente cuando se produjo la explosión, aseguró a periodistas, pocas horas después del siniestro, que había sido ”un accidente” y que ellos tenían la ”responsabilidad” de informarlo.
La causa por el contrabando comenzó en 1995, a partir de una denuncia periodística del diario Clarín, que fue presentada ante la justicia por el abogado penalista Ricardo Monner Sánz.
Clarín dio a conocer que 8.000 fusiles FAL y 75 toneladas de municiones que debían ser enviadas a Venezuela terminaron en Ecuador, cuando éste país estaba en conflicto con Perú por un problema de límites.
Más tarde se supo que otras 6.500 toneladas de armas de guerra,. que tenían como supuesto destino Panamá, habían sido llevadas a Croacia, en violación de un embargo impuesto por la Organización de las Naciones Unidas.
En ambos casos, Menem y al menos cuatro de sus ministros habían firmado decretos secretos para autorizar las presuntas ventas a Venezuela y Panamá..
Ocho meses después de que comenzara la investigación por ese contrabando, estalló la fábrica de Río Tercero.
Tiempo después, el nuevo interventor de Fabricaciones Militares, el general Juan Carlos Andreóli (reemplazante de Luis Sarlenga, detenido por la causa del contrabando), murió en un accidente de helicóptero.
También falleció, de manera misteriosa, el capitán de navío Horacio Estrada, imputado en la misma causa, quien apareció muerto en su escritorio con un disparo en la sien izquierda, y era diestro.
”Si no hubieran existido los decretos presidenciales que permitieron vender de manera ilegal las armas a Ecuador y Croacia, el papel de la Fábrica Militar habría sido otro y no habríamos tenido ese 3 de noviembre de 1995”, opinó Gritti.
La causa por el contrabando de armas estuvo casi detenida hasta 2001, cuando la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó al juez de primera instancia que acelerara la investigación y tratara de identificar a los ”máximos responsables” de ese delito.
Entonces el juez federal Jorge Urso ordenó la detención de Menem, apenas dos semanas después de su matrimonio.
El ex presidente iba a pasar su luna de miel en Francia y a Siria, y el magistrado indicó que adelantaba el pedido de indagatoria por temor a que se fugara. Tras la indagatoria ordenó su detención.
Menem estuvo preso cinco meses, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que se dedicaba a la venta ilegal de armas, presuntamente mediante otros delitos, entre ellos falsificación de documentos, malversación de fondos públicos y creación de empresas fantasmas para disimular el cobro de comisiones ilegales.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo muy controvertido, ordenó al juez que dejara libre a Menem, por considerar que no estaba probada la figura de asociación ilícita en la causa.
Para Monner Sánz y otros penalistas, la sentencia fue ”un entierro” de la causa. Un año después, Menem anunció su tercera candidatura a la presidencia, por la que compitió en mayo con el actual presidente Néstor Kirchner.
Ahora, con la certeza de que en Río Tercero hubo un atentado y no un accidente, y con sospechas firmes de que ese atentado intentó ocultar pruebas del faltante de armas que habían salido con destino a Ecuador y Croacia, se reabre la posibilidad de enjuiciar a Menem y a otros altos funcionarios de su gobierno.
En diálogo con IPS, Monner Sánz consideró como ”una extraordinaria noticia” el informe de los peritos. Y sostuvo que esa investigación plantea una ”novedad absoluta” en materia de procedimiento penal, porque ”requiere devolver al nivel de instrucción una causa que ha girado su sentido en 180 grados”.
”El Código de Procedimiento Penal no contempla qué hacer en este caso insólito, pero yo entiendo que la causa debe volver al nivel de instrucción y se debe recusar a Martínez, para que un nuevo magistrado tome el informe y vuelva a investigar con la hipótesis ya probada de un atentado”, indicó el abogado.
Monner admitió que la causa por la venta ilegal de armas está ”en extinción” en Buenos Aires, pero apuntó que la situación cambiará si en Córdoba se hace una nueva instrucción y se profundiza la investigación con nuevos testimonios.
”No digo que Menem quedaría involucrado de inmediato, pero tampoco digo que eso sea imposible”, alertó.
