El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, se manifestó optimista en que será reelegido en 2006, si bien aseguró que acatará lo que decida el tribunal electoral luego de que la oposición confirmara la solicitud de un referendo revocatorio de su mandato.
”Que decida el pueblo. Eso es lo maravilloso de los procesos democráticos”, dijo Chávez en tono optimista, para luego, en un breve aparte con IPS, señalar confiado que estará ”en la presidencia hasta el año 2013”.
El comentario se refiere a que el Consejo Nacional Electoral aceptó la solicitud de la coalición opositora Coordinadora Democrática para que se convoque un referendo revocatorio del mandato de seis años de Chávez, que finaliza en 2006.
La consulta se realizará en febrero o marzo del año próximo en caso de que la oposición logre recoger más de 20 por ciento de firmas de los ciudadanos habilitados para votar, necesarias para habilitar esa herramienta constitucional.
Pero el Consejo también aceptó la petición del gobernante Movimiento V República (MVR) para organizar referendos revocatorios de los mandatos de siete de los 23 gobernadores del país, del alcalde mayor de Caracas, Alfredo Peña, y de 38 de los 81 diputados de la oposición en el parlamento de 165 escaños.
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Francisco Ameliach, presidente del parlamento y principal dirigente del MVR, anunció que solicitarán referendo revocatorios para 680 cargos elegidos, que incluye legisladores, gobernadores, alcaldes y concejales.
Por su parte, líderes de la oposición llaman a sus seguidores a concentrar todos los esfuerzos en el referendo contra el presidente.
”La estrategia política es como la militar”, comentó Chávez, evocando sus días de comandante de paracaidistas.
Apuntó que ”los esfuerzos deben concentrarse en dominar las colinas críticas, y para nosotros lo prioritario es recuperar el parlamento”, donde el oficialismo perdió su holgada mayoría de hace dos años con el pase a la oposición de grupos e individualidades del propio MVR.
La Constitución de 1999, impulsada por el propio Chávez, estableció que el mandato de todo funcionario elegido puede ponerse a consideración popular una vez cumplida la mitad de su periodo.
Para convocar ese tipo de referendo se requiere que sea pedido por al menos 20 por ciento del padrón electoral respectivo.
Así, el funcionario perderá el cargo sólo si votan a favor de la revocación más ciudadanos que la cantidad de sufragios logrados cuando fue elegido.
El padrón electoral venezolano suma hoy unos 12 millones de votantes, por lo cual en el caso de la presidencia se requiere juntar 2,4 millones de firmas para que se habilite la consulta.
Sin embargo, el Consejo Electoral dictó un reglamento según el cual sólo se podrán recoger firmas durante cuatro días y bajo su supervisión.
Según su cronograma, esas jornadas podrían cumplirse dentro de aproximadamente un mes, y será una medición de fuerzas antes de la consulta electoral propiamente dicha.
En tanto, para apartar por esta vía a Chávez del gobierno los votos en ese sentido deben superar los 3.757.763, que fue el caudal que lo puso en la casa de gobierno en agosto 2000.
La Constitución también permite la reelección presidencial, ante lo cual ya Chávez manifiesta confiado su intención de competir en las elecciones de 2006.
De ese modo y como el cambio presidencial está previsto para enero de 2007, es que el actual mandatario asegura que los votantes le permitirán gobernanr hasta 2013.
”Yo sigo creyendo que es importante que a mitad de periodo la gente tenga la oportunidad de revocar el mandato, según las reglas que establezca el árbitro” electoral”, sostuvo Chávez.
”El MVR y fuerzas aliadas queremos aprovechar para fortalecer políticamente al pueblo y desalojar a los traidores. Esperemos la respuesta del pueblo venezolano”, agregó.
El presidente venezolano señaló que algunos dirigentes de la oposición ”creen que somos mochos (mancos), pero tenemos un ejército de cientos de miles de activistas que saldrán a buscar firmas para recuperar el parlamento”.
”El pueblo sabrá utilizar de manera sana los referendos revocatorios”, insistió.
Esa vía para zanjar la crisis política de Venezuela fue pactada por el gobierno y la Coordinadora el 29 de mayo, a instancias del secretario general de la Organización de Estados Americanos, César Gaviria, con apoyo del estadounidense Centro Carter y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Esa mesa de negociación se instaló meses después de que la oposición lanzara en diciembre de 2001 una ofensiva para desalojar a Chávez del gobierno.
La estrategia confrontacional opositora se puso en marcha luego de que Chávez dictara 48 decretos, con fuerza de ley, que afectaron intereses empresariales de varios sectores productivos, incluyendo nuevas normas de reforma agraria, de pesca y de manejo de la vital industria de hidrocarburos.
Marchas y paros parciales desembocaron el 12 de abril de 2002 en un golpe de estado cívico-militar, que desalojó a Chávez del gobierno por 47 horas, luego que una gigantesca marcha opositora el día 11 se disolviera en el centro de Caracas con un confuso tiroteo que cobró 19 vidas y dejó decenas de heridos de bala.
Entre diciembre de 2002 y febrero se desató otra huelga general contra Chávez, convocada por asociaciones empresariales y sindicatos, y que incluyó a la mayoría de los gerentes de la firma estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Esa medida le costó a la economía de los venezolanos casi 10.000 millones de dólares, 10 por ciento del producto bruto interno.
El líder del socialcristiano Copei Enrique Mendoza, cabeza de la Coordinadora y gobernador del oriental estado de Miranda, destacó que ”la oposición ha logrado activar el mecanismo revocatorio y se va a efectuar, porque vamos a recoger al menos cuatro millones de firmas” en respaldo de su solicitud.
Por su parte, Jesús Méndez, presidente de la socialdemócrata Acción Democrática, aseguró que 82.000 activistas de ese partido participarán de la recolección de firmas, y César Pérez, titular del Copei, aseguró que 40.000 de los suyos también harán lo propio.
A su vez, Antonio Ledezma, de la Alianza Bravo Pueblo (socialdemócratas disidentes), y Felipe Mujica, del centrista Movimiento al Socialismo, advirtieron que el oficialismo ”pretende confundir e intoxicar al Consejo Electoral” con la solicitud de cientos de revocatorios regionales y locales.
La consigna de la Coordinadora es ”no embestir los trapos rojos”, que en su opinión esgrime el oficialismo para distraerles de la tarea de revocar el mandato de Chávez, en alusión a la acción tradicional de los toreros.
