El Consejo Nacional Electoral de Venezuela redujo el próximo duelo político entre oficialistas y opositores a referendos sobre la continuidad de los mandatos del presidente Hugo Chávez y de parlamentarios, al disponer que no se realice ese tipo de consulta sobre gobernadores de estados y alcaldes.
El presidente del Consejo, Francisco Carrasquero, explicó este martes que se tomó la decisión porque a mediados del año próximo habrá comicios regionales y municipales.
Esa fue la opinión unánime de los cinco integrantes del organismo, en el que dos miembros son considerados oficialistas, otros dos opositores, y Carrasquero hace de fiel de la balanza.
Con base en el acuerdo que apadrinó en mayo César Gaviria, secretario general de la Organización de Estados Americanos, el gobierno y la coalición opositora Coordinadora Democrática decidieron buscar una salida electoral a la crisis política, mediante referendos que pueden revocar el mandato de autoridades electas.
La posibilidad del referendo revocatorio fue establecida en la Constitución de 1999, que impulsó Chávez para reemplazar a la de 1961. Ese procedimiento puede aplicarse, por iniciativa popular, a todo funcionario electo, a partir de la mitad de su mandato y si se cumplen requisitos indicados en el propio texto constitucional, en leyes y en reglamentos.
La solicitud debe ser presentada con las firmas de 20 por ciento de los habilitados para votar, para que el referendo sea válido debe sufragar 25 por ciento del electorado, y la revocación de un mandato exige, además de la mayoría simple de los votantes, una cantidad mayor que la de los ciudadanos que originalmente invistieron al funcionario impugnado.
Por lo tanto, un referendo sobre el mandato de Chávez requiere la firma de unos 2,4 millones de personas, en un total de 12 millones de habilitados, y el presidente debería dejar su cargo si la oposición logra por lo menos 3,8 millones de votos, que deberían ser, además, un número superior al de quienes voten por su permanencia en el cargo.
La Coordinadora solicitó al Consejo Electoral, que se instaló en septiembre, organizar un referendo revocatorio del mandato de Chávez (2000-2006), que según sus cálculos podría efectuarse en marzo o abril del año próximo.
En paralelo, los partidos oficialistas solicitaron consultas revocatorias de los mandatos de parlamentarios nacionales, gobernadores y alcaldes que militan en la oposición. Luego, un partido opositor, el socialdemócrata Acción Democrática, solicitó referendos del mismo tipo para los mandatos de diputados que respaldan al gobierno.
Pero una cascada de votaciones sobre la continuidad de todos esos mandatos "implicaría una carga onerosa para el erario público", y podría desbordar las capacidades del poder electoral, dijo Carrasquero.
Además, según el cronograma electoral de Venezuela, debe haber elecciones regionales y municipales a mediados de 2004, para la Asamblea Nacional en 2005 y presidenciales en 2006.
El Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que los actuales gobernadores y alcaldes pueden postularse para un nuevo periodo de gobierno, pero que para ello deben dejar sus cargos en el primer trimestre de 2004, de modo que los eventuales impugnados ya no estarían en sus cargos, o estarían a punto de terminar su mandato.
"No compartimos la decisión del Consejo, porque viola nuestros derechos consagrados en la Constitución, de solicitar referendos revocatorios contra alcaldes, gobernadores y concejales de la oposición", dijo el parlamentario Wilian Lara, dirigente del Movimiento V República, el partido de Chávez.
Sin embargo, "no vamos a caer en la tentación de atacar al árbitro y, sin estar de acuerdo con esa decisión, vamos a acatarla", dijo Lara.
El Consejo aún no decidió si los referendos sobre el mandato de Chávez y de los parlamentarios se harán juntos o en diferentes jornadas, y aún es posible que varios diputados objeten el procedimiento para quitarles su banca, pues no se ha aprobado una ley que regule la materia según pautas de la Constitución.
Ese panorama deja como próxima medición de fuerzas entre el oficialismo y la oposición a las jornadas de recolección de firmas de electores que soliciten referendos contra uno u otro bando.
Los oficialistas deberán recoger firmas del 21 al 24 de noviembre, y los opositores del 28 de noviembre al 1 de diciembre, con planillas que el Consejo entregará a cada parte y en unos 2.700 centros de recolección en todo el país.
La Coordinadora sostiene que recogerá mucho más de 2,4 millones de firmas, y sus líderes llegan a prometer que serán seis millones.
El "firmazo" opositor "será un referendo adelantado, y una demostración contundente e inescapable de la voluntad popular", reiteró este martes el líder socialcristiano de la Coordinadora, Enrique Mendoza, gobernador del estado de Miranda (al este de Caracas) y principal organizador de las marchas callejeras de los opositores contra Chávez.
El secretario general del oficialista partido Patria Para Todos, José Albornoz, pronosticó en cambio que "la recolección de firmas (para revocar los mandatos de parlamentarios opositores) será una demostración de nuestra fuerza y del respaldo al presidente".
En la Asamblea Nacional hay actualmente fuerzas casi parejas, con 83 legisladores oficialistas, 79 opositores y tres independientes. Lara vaticinó que la relación de fuerzas cambiará tras los referendos y la elección de sustitutos de aquellos cuyo mandato sea revocado, y que puede llegar a haber 98 oficialistas.
Los líderes de partidos opositores multiplican sus reuniones, que presentan como una búsqueda de acuerdos unitarios para "la era post-Chávez", y de su lado el mandatario, también triunfalista, dijo en un acto este martes que sus oponentes "tienen la derrota pintada en la cara".
"Los volveremos a vencer", aseguró.
