Comunidades indígenas de Ecuador y la compañía petrolera estadounidense ChevronTexaco midieron fuerzas en la primera etapa del juicio por la contaminación en las nororientales provincias de Sucumbíos y Orellana.
Ahora depende del juez decidir si continúa las indagaciones.
Luego de nueve años en los tribunales de Estados Unidos, el litigio planteado por las comunidades indígenas se trasladó a la Corte Superior de Justicia de la septentrional ciudad ecuatoriana de Nueva Loja, en la frontera con Colombia.
El 7 de mayo el presidente de ese tribunal, el juez Alberto Guerra, aceptó la demanda y días después las partes se reunieron en una audiencia de conciliación, en la que no llegaron a ningún acuerdo.
Desde el 21 de este mes, el tribunal de Nueva Loja recibe testimonios y pruebas de las comunidades demandantes y el descargo de ChevronTexaco, acusada de la contaminación con residuos de petróleo en la zona nororiental de Ecuador, debido a la explotación de crudo efectuada entre 1967 y 1990 por la entonces compañía Texaco.
Chevron y Texaco se fusionaron en 2001.
Los litigantes, que representan a 30.000 campesinos e indígenas, reclaman una compensación de 1.000 millones de dólares y la eliminación de 600 vertederos de residuos de crudo.
Ricardo Reis Viega, vicepresidente del Consejo General de ChevronTexaco para Productos de América Latina, solicitó desestimar la querella pues ”los demandantes no han logrado presentar ninguna evidencia sustancial y creíble (sobre los daños ambientales) que respalde sus demandas contra ChevronTexaco”.
En 1998, luego de un programa de limpieza ambiental que costó 40 millones de dólares, la entonces compañía Texaco y sus subsidiarias fueron liberadas de cualquier responsabilidad por sus operaciones en Ecuador por el gobierno ecuatoriano de entonces, dijo Reis Viega.
”Puesto que el gobierno liberó a la compañía de obligación o responsabilidad, cualquier demanda debería ser presentada en contra del gobierno y no en contra de la compañía”, añadió Reis Viega.
Según la querella, la compañía utilizó métodos ”que habían sido para entonces abandonados o prohibidos en otros países, por sus efectos letales para el ambiente y para la salud humana”, lo que ”causó daños ambientales, perjudicó la salud de los habitantes y produjo perjuicios patrimoniales”.
La demanda admite que Texaco realizó trabajos de reparación ambiental, pero fueron insuficientes o no se ejecutaron adecuadamente.
En un recorrido por tres vertederos en la zona donde se arrojaron desechos de crudo, IPS pudo constatar que todavía permanecen abiertos y llenos de hidrocarburos.
Los demandantes aseguran que Texaco ignoró prácticas habituales de la industria, como la reinyección de los residuos líquidos al yacimiento, y en cambio los vertió en pozos excavados en el suelo, cuyo contenido se filtró luego a ríos y arroyos.
”Por eso luchamos. Sólo queremos justicia. Que limpien el crudo, que arreglen todo el daño causado”, dijo Alfonso Ureña, quien vive cerca de uno de los vertederos.
El riesgo de contraer cáncer es tres veces superior en zonas cercanas a las áreas de extracción de petróleo donde operó Texaco respecto de otros lugares del país, según un estudio realizado entre 1999 y 2001 por un equipo dirigido por los médicos Miguel San Sebastián y Anna-Karin Hurtig, del Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria Manuel Amunarriz, de Coca, capital de la provincia de Orellana, 220 kilómetros al este de Quito.
”Se confirma y amplía otro informe realizado en 1999, según el cual se registraba una alta incidencia de cáncer en las comunidades indígenas que habitan áreas cercanas a la producción petrolera en las provincias de Orellana y Sucumbíos, donde explotó Texaco”, había dicho San Sebastián al presentar el estudio.
La investigación, con apoyo del Vicariato de Aguarico y de la organización internacional Medicus Mundi, se realizó en las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana, Napo y Pastaza, donde viven unos 280.000 campesinos.
De acuerdo con el informe, el riesgo de padecer cáncer de laringe en esas zonas de explotación petrolera es 30 veces mayor que en otros sitios del país, el de vías biliares, 18 veces mayor, el de hígado y piel, 15 veces, y el de estómago, cinco veces.
El estudio se basó en el análisis químico y biológico del agua de los ríos, el examen médico de las poblaciones afectadas, el de los efectos cancerígenos de los componentes del petróleo y la investigación estadística de la incidencia de cáncer respecto del aumento de la explotación petrolera en los últimos 30 años.
San Sebastián atribuyó la incidencia de cáncer a la elevada contaminación con residuos de petróleo que presentó en los últimos 20 años la zona estudiada, y advirtió sobre el riesgo de continuar la explotación sin control ambiental.
La extracción de crudo en la Amazonia ecuatoriana estuvo a cargo de Texaco entre 1967 y 1990. Luego tomaron el control la compañía estatal Petroecuador y otras 10 empresas extranjeras.
La investigación reveló que ”los ríos habitualmente utilizados por los residentes están contaminados con petróleo en una proporción 200 y 300 veces mayor al límite permitido para el agua de consumo humano”, señaló San Sebastián.
”El petróleo crudo es una mezcla de químicos, muchos de los cuales son cancerígenos, por lo que si uno está expuesto permanentemente a ellos corre un riesgo mucho mayor de tener cáncer”, aseguró la doctora Anna-Karin Hurtig.
El agricultor Alejandro Soto, que habló ante el juez, vio como en la propiedad de su padre, ubicada cerca de uno de los pozos perforados por Texaco, se regaba petróleo que iba a los vertederos para luego prenderle fuego.
”Pescábamos en el río que pasa por la finca. Había gran cantidad de animales, guantas, peces. Luego de la perforación había derrames y nunca limpiaban. El río se volvía negro y los peces saltaban, al otro día estaban muertos”, aseguró.
José Lucitante, un indígena cofán de 53 años, dijo en su testimonio que varios miembros de su familia murieron por beber agua del río Aguarico, contaminada con residuos petroleros.
De acuerdo a su relato, todo comenzó cuando la Texaco inició en 1995 la perforación de pozos cerca del río. Allí también se excavaron vertederos para colocar residuos, que rebosaron con las lluvias y llegaron hasta los afluentes del Aguarico.
Gloria Estrada y su familia, habitantes de la comunidad 28 de Marzo, tienen un pozo para abastecerse de agua, pero cada vez que llueve, ésta se mezcla con el petróleo de un vertedero cercano.
Estrada vive a metros de los vertederos abiertos por Texaco. Allí hay además esteros con carteles que indican ”No apta para consumo humano. Veneno”.
Testimonios similares fueron presentados ante el juez Guerra.
Pero los abogados de la multinacional petrolera aseguraron que sus operaciones cumplieron con las leyes y regulaciones ecuatorianas y con las prácticas técnicas que eran por entonces estándares en la industria.
”Los daños fueron causados por acciones de sabotaje o de fenómenos naturales pero en ningún caso por mala práctica petrolera”, alegó el abogado Adolfo Callejas, de ChevronTexaco.
El ejecutivo Reis Viega dijo en rueda de prensa en Nueva Loja que ”Texaco sólo era el operador del consorcio que explotaba el petróleo de la Amazonia ecuatoriana”.
”Es decir, era un agente que cumplía órdenes, las cuales fueron aprobadas por la mayoría y por la compañía petrolera estatal del Ecuador, que además era el socio mayoritario y quien decidía en última instancia”, aseguró Reis Viega.
El proceso, iniciado en Estados Unidos, incorporó 71.000 documentos internos de Texaco, entregados a los abogados de los demandantes en el período que en los tribunales estadounidenses se aplica para indagar y presentar pruebas antes del inicio del juicio.
Entre los documentos constan comunicaciones internas, algunas escritas a mano por los ejecutivos de Texaco, hasta términos para contratar a los técnicos para los pozos de petróleo.
El tribunal de apelaciones de Nueva York, que trató el caso antes de que éste pasara a la justicia ecuatoriana, ordenó a la petrolera que entregara copias de las transcripciones de las reuniones de la junta de directores de Texaco entre 1964 y 1986.
En estas se aprecia que las decisiones para las operaciones en Ecuador se conocían en la sede de Texaco, en Nueva York.
Esteven Dozinger, abogado de los demandantes, aseguró que ”los argumentos técnicos y jurídicos de Texaco no son suficientes. Tiene que responder por los 600 vertederos de aguas tóxicas que contaminan los ríos y esteros de la zona”.
El juez Guerra deberá resolver en las próximas semanas si continúa las indagaciones o dicta sentencia.
