Las dos principales fuerzas policiales de Argentina, la de la provincia de Buenos Aires y la Federal, están acéfalas porque sus ex jefes aparecieron involucrados en hechos de corrupción.
El pedido de renuncia al jefe de la Policía Federal, Roberto Giacomino, se precipitó en la noche del jueves, cuando el Ministerio de Justicia informó que, según resultados de una pesquisa, ese comisario general otorgó a empresas de familiares suyos, sin licitación y a precio superior al del mercado, un millonario negocio informático con el hospital policial Churruca.
Giacomino, que recibió la noticia en Francia, fue el único miembro de la cúpula de esa fuerza policial que permaneció en su puesto en junio, cuando el presidente Néstor Kirchner dispuso, poco después de asumir su cargo, el relevo de otros 11 altos oficiales, en el marco de un intento de viraje hacia políticas con énfasis en la prevención del delito.
El ministro de Justicia, Gustavo Béliz, sostuvo este viernes que el gobierno se tomará "siete días" para suplantar a Giacomino y prometió que "va a haber más cambios en la Federal". Béliz quiere disponer una intervención administrativa en la fuerza y anticipó que pedirá al nuevo jefe una declaración patrimonial antes de asumir.
La población "debe darse cuenta que el gobierno no será más cómplice de estos sinvergüenzas", enfatizó el jefe de gabinete de Kirchner, Alberto Fernández, quien opinó que "cuando hay un corrupto hay que sacarlo enseguida, no hay que permitirle seguir adelante".
La Policía Federal es la segunda fuerza policial en número de integrantes, con unos 33.000, la mayoría de ellos en la capital. La mayor es la Policía Bonaerense, que actúa en la provincia de Buenos Aires con más de 45.000. Esa institución perdió en agosto a su jefe, Alberto Sobrado, por un hecho de corrupción.
El gobierno de la provincia pidió a Sobrado la renuncia cuando la revista Veintitrés divulgó que había depositado 330.000 dólares en un banco de Bahamas. El jefe policial alegó que había recibido una herencia, pero fue acusado de evasión fiscal y enriquecimiento ilícito.
Desde entonces, las autoridades provinciales dispusieron investigaciones de las declaraciones juradas de patrimonio de 135 jefes policiales, a fin de corroborar si son compatibles con las remuneraciones que reciben del Estado. Este viernes fueron relevados dos de ellos por "crecimiento injustificado de patrimonio".
El sociólogo Gustavo Palmieri, experto en temas policiales del Centro de Estudios Legales y Sociales, señaló a IPS que "el gobierno tiene dificultades para reemplazar a los policías que separa por denuncias de corrupción, porque las cúpulas de estas fuerzas son muy conflictivas".
La corrupción y las violaciones a los derechos humanos son los principales males enquistados en las fuerzas policiales, afirmó.
Palmieri remarcó que la destitución de Giacomino no tiene precedentes, en referencia a casos en que altos oficiales de policía fueron denunciados por corrupción en medios de comunicación pero mantenidos en sus puestos por las autoridades civiles, o relevados en forma tardía y alegando otras razones.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, alegó en el caso de Sobrado una necesidad de "renovar" la fuerza.
El Ministerio de Justicia indicó que la oficina de Asuntos Jurídicos había advertido a Giacomino sobre irregularidades en la contratación que tenía prevista, pero el ex jefe policial procedió de todos modos a autorizarla.
La necesidad de renovación de las fuerzas policiales es subrayada porque la inseguridad mantiene en vilo a la sociedad argentina. En los últimos dos meses, el número de secuestros, pasó de uno cada 36 horas a uno cada 24 horas, y en los últimos 16 días hubo 17 casos.
Palmieri apuntó que los propios son "parte importante del problema de la seguridad", y que muchos de ellos están involucrados en los delitos que persiguen. Ya son varios los policías procesados por participar en organizaciones dedicadas al secuestro extorsivo (con pedido de rescate), la explotación de trabajadoras sexuales o el juego clandestino.
También hay graves denuncias por maltrato en comisarías y en las detenciones callejeras. De acuerdo con la estadística que lleva la sección de Asuntos Internos de la policía bonaerense, en el último año se iniciaron casi 1.100 causas contra policías, de las cuales 257 fueron por enriquecimiento ilícito y 124 por apremios ilegales.
La desconfianza de la población hacia la policía provocó en los últimos años un inédito incremento del número de empresas de seguridad y vigilancia privadas, muchas de ellas comandadas por policías retirados que realizan la custodia de firmas, transportes o casas particulares a cambio de un pago mensual.
Según investigaciones periodísticas, hay alrededor de 70.000 guardias privados, de los cuales sólo la mitad tienen los debidos permisos para portar armas y cumplir la función por la que cobran.
