Un tribunal de Venezuela absolvió este miércoles a los cuatro partidarios del presidente Hugo Chávez acusados de disparar el 11 de abril de 2002 sobre una marcha opositora, disuelta con un saldo de 19 muertos.
Desde esa fecha, en la cual se produjo también un fallido golpe de Estado contra Chávez que duró 47 horas, la búsqueda de la verdad sobre los llamados ”sucesos de abril” dominó el debate político en el país hasta diciembre, cuando la relegaron otros intentos de desalojar al presidente del poder.
Esos intentos fueron primero una huelga de dos meses, y luego la búsqueda, aún en curso, de un referendo que revoque en forma anticipada su actual mandato de seis años, iniciado en 2000.
”Lamentablemente, los temas de verdad, justicia y derechos humanos están fuera de la agenda de Venezuela en la actualidad. La impunidad y la debilidad de instituciones como los poderes Judicial y Ciudadano (Fiscalía, Contraloría y Defensoría del Pueblo) son la mayor amenaza a nuestra democracia”, dijo a IPS Liliana Ortega, directora de la organización humanitaria Cofavic.
Henry Atencio, Rafael Cabrices, Richard Peñalver y Nicolás Rivera fueron procesados por los delitos de intimidación pública y uso indebido de armas, pero el juez Alfredo Batista no encontró pruebas suficientes contra ellos y decidió absolverlos.
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La emisora privada de televisión Venevisión, dirigida por opositores, registró y divulgó el 11 de abril de 2002 imágenes en vídeo de Atencio, Cabrices y Peñalver cuando disparaban con pistolas desde el puente Llaguno, próximo al palacio de gobierno en Caracas, en dirección a la avenida por donde avanzaban cientos de miles de personas que pedían la renuncia de Chávez.
En torno a la casa de gobierno se habían congregado partidarios del presidente para apoyarlo.
Derrocado Chávez en la medianoche del 11 al 12 de abril, el vídeo de ”los pistoleros de Llaguno”, como les llamaron desde entonces los medios de comunicación opositores, que son amplia mayoría, se convirtió en la imagen más difundida, dentro y fuera del país, para acusar al bando oficialista del derramamiento de sangre en esa jornada.
Cuatro manifestantes que integraban grupos opositores y tres sin partido, entre ellos el reportero gráfico Jorge Tortoza, murieron ese día en la avenida avistada desde Puente Llaguno. Junto al puente perecieron baleados cuatro oficialistas, y otras personas fueron tiroteadas en calles cercanas.
Hubo decenas de heridos, y se abrieron procesos judiciales contra distintos actores de la refriega callejera, entre ellos ocho agentes de la Policía Metropolitana de Caracas, dirigida por el alcalde opositor Alfredo Peña, acusados de dar muerte a dos personas y herir a otras 35.
Cuando Peña fue elegido, era partidario de Chávez.
La Fiscalía acusó el año pasado a quienes dispararon desde Llaguno por homicidio calificado, uso indebido de armas e intimidación, y los cuatro estuvieron en la cárcel seis meses, incluido Rivera, quien no apareció en los vídeos.
Una corte ordenó en abril juzgarlos en libertad, y el Tribunal Supremo de Justicia decidió que el proceso se efectuase en la ciudad de Maracay, al oeste de Caracas, para reducir la presión de marchas callejeras por su liberación o condena.
La acusación de homicidio fue desestimada porque la marcha opositora se realizó a más de 200 metros del puente, lejos del alcance de las pistolas de los acusados.
El tribunal de Batista acogió la tesis de la defensa, según la cual los cuatro partidarios de Chávez actuaron en legítima defensa y en estado de necesidad, porque unidades de la Policía Metropolitana disparaban en dirección a la casa de gobierno, mientras avanzaban, con automóviles blindados, como vanguardia de la manifestación opositora.
El fiscal Danilo Anderson anunció que apelará el fallo.
Centenares de seguidores de Chávez aclamaron la sentencia absolutoria a las puertas del tribunal, y Peñalver anunció querellas contra los medios de comunicación ”que difundieron una mentira para convertirnos en criminales”.
”Nosotros estábamos defendiendo un pueblo (a los partidarios de Chávez que rodeaban el palacio de gobierno ese 11 de abril) y sin nuestra actuación Llaguno sería un camposanto”, afirmó.
”Nuestra absolución es una condena para la Policía Metropolitana”, alegó Rivera.
El abogado oficialista Fabián Chacón dijo a IPS que se iniciarán juicios contra la Policía Metropolitana y ”acciones civiles, por daños y perjuicios, contra los medios que contribuyeron a crear una posibilidad de derrocamiento (de Chávez) y distorsionaron la verdad confundiendo al mundo entero”.
El secretario general de la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela, Manuel Cova, deploró en cambio el fallo de Batista, y lo calificó de ”una prueba más de la impunidad que campea en Venezuela”.
Mohamed Mehri, padre de una de las víctimas, dijo que la decisión ”es un golpe a la justicia”, lamentó que el tribunal no haya aceptado oírlo cuando tomó la iniciativa de presentarse en Maracay, y aseguró que los familiares de los caídos seguirán ”buscando que se juzgue a los autores materiales e intelectuales” de las muertes de abril del año pasado.
Versiones concordantes dan cuenta de que aquella tarde dispararon civiles y uniformados, incluidos agentes de la militarizada Guardia Nacional, así como francotiradores apostados en azoteas de edificios del centro de la ciudad, por donde avanzaba la marcha, y cuya identidad sigue sumida en el misterio.
En los desórdenes, saqueos y represiones de los días 12 al 14 de abril, que culminaron con el retorno de Chávez al poder, perecieron por lo menos otras 60 personas.
La violencia política, sobre todo en la occidental frontera con Colombia, ”ha causado la muerte de unas 70 personas y heridas a otras 300 sin que nadie haya sido condenado”, deploró Ortega.
”Tenemos un cuadro de inseguridad jurídica, en el que los cuerpos de investigación están subordinados a un poder ejecutivo que opina por anticipado sobre causas que están en curso”, agregó.
El famoso vídeo recibió el premio de periodismo Rey de España en su más reciente edición, pero el tribunal lo desechó como prueba porque sus autores declararon que no pudieron captar si los imputados disparaban contra los civiles de la marcha o contra policías que también hacían fuego desde vehículos blindados.
El periodista venezolano Luis Fernández, quien recibió ese premio, reconoció en el proceso judicial que no podía saber contra quiénes disparaban los acusados porque no estaba en el lugar de los hechos, y que hizo su reportaje con filmaciones que vio en la sede de Venevisión, pero simulando que transmitía desde el puente Llaguno.
Diputados oficialistas venezolanos se entrevistaron este miércoles en Madrid con el presidente del jurado de ese premio, Miguel Angel Gozalo, de la agencia noticiosa española EFE, para exponerle sus apreciaciones sobre el manejo del vídeo por parte de grupos y medios de comunicación opositores.
”Se pudo haber cometido un error al entregar el galardón a este periodista venezolano (a Fernández), pero creo que es mejor dejarlo así porque el remedio puede ser peor que la enfermedad”, dijo Gozalo según la agencia oficial venezolana Venpres.
