El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, volvió a cargar contra activistas de derechos humanos este jueves, cuando se esperaba una rectificación a su discurso del lunes, en el que los acusó de defender el terrorismo.
Uribe habló en Chita, oriental departamento de Boyacá, adonde acudió acompañado de la cúpula de las Fuerzas Armadas para conocer los estragos que dejó un ataque atribuido por fuentes castrenses a las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
El ataque con explosivos causó ocho muertos, 15 heridos y 34 viviendas destruidas.
El mandatario declaró que ejercer el gobierno con transparencia le da ”derecho a ser firme y exigir respeto para todos los colombianos en el mundo, sin importar la 'bulla' (ruido) que hagan los defensores del terrorismo”.
”Desoímos a los defensores del terrorismo, desoímos a los patrocinadores de los defensores del terrorismo y desoímos a los que están engañados porque conocen a Colombia a través de informaciones desviadas por el terrorismo”, afirmó.
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Uribe había afirmado el lunes que las organizaciones no gubernamentales (ONG) de derechos humanos defienden al terrorismo, reaccionando a la publicación del libro ”El embrujo autoritario”, que critica el resultado de su gestión en la materia.
Sus nuevas declaraciones cayeron como un baldazo de agua fría a los participantes nacionales e internacionales del encuentro ”Colombia insiste en los derechos humanos”, que sesionó desde el martes hasta la tarde de este jueves en Bogotá.
El encuentro convocó, entre otros, al relator para Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Robert Goldman, a la directora para América Latina de Amnistía Internacional (AI), Susan Lee, al magistrado francés Philippe Texier, y al director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco.
Tanto la CIDH como HRW pidieron a Uribe durante la semana que rectificara sus dichos.
Simultáneamente, la Unión Europea, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, AI y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), manifestaban su respaldo a la labor de los activistas colombianos de derechos humanos.
El vicepresidente Francisco Santos había confirmado su asistencia al cierre del encuentro ”Colombia insiste…”, celebrado en un hotel al norte de la capital, con el fin de recibir de primera mano las conclusiones de tres días de sesiones.
Pero los organizadores consideraron que tras el renovado ataque verbal de Uribe no había condiciones para recibir al vicepresidente, y que éste no sería bienvenido.
”Lejos de retractarse o de matizar sus declaraciones del lunes, (Uribe) ha declarado una guerra contra las ONG”, dijo a IPS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), con estatus consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
”Uribe utilizó nuevos adjetivos para descalificar a las organizaciones de derechos humanos”, argumentó el activista. ”En esas circunstancias, no hay un ambiente propicio para que en este momento el vicepresidente esté presente aquí”, agregó.
Vivanco, de HRW, afirmó que las declaraciones de Uribe ”no son bienvenidas, son desafortunadas”.
Espero ”que el presidente revise estos conceptos y especialmente constante que nuestras organizaciones, a las pocas horas (del atentado en Chita), incluso antes de ningún pronunciamiento gubernamental, ya estábamos condenando estos hechos como un acto terrorista”, añadió.
Para Gallón, ”las palabras de Uribe no son un desliz, sino la expresión fiel del pensamiento suyo y de la política de seguridad del gobierno”.
”El gobierno está empeñado en hacer la guerra a las ONG de derechos humanos, a las organizaciones de la sociedad civil y a los pobladores de las zonas de influencia de los grupos guerrilleros, antes que actuar directamente contra quienes empuñan las armas”, aseveró.
”El gobierno está desarrollando una guerra contra civiles desarmados y ante todo contra las organizaciones no gubernamentales. Lo hace con estas declaraciones, también con detenciones arbitrarias”, dijo Gallón.
”Con sus palabras lo que está anunciando el presidente es una nueva etapa en la cual esto se va a intensificar”, advirtió.
Los dichos de Uribe ”ponen en riesgo nuestra vida y hemos dejado consignado hoy que cualquier agresión, cualquier ataque, cualquier amenaza contra los defensores de derechos humanos en Colombia, es producto de esas declaraciones del presidente de la República”, apuntó Gloria Flores, de la organización Minga.
”Llamamos al presidente a la sensatez, a la cordura, a que trate como es debido a los defensores de derechos humanos, a los líderes sociales y sindicales”, agregó.
”Nuestra labor es legítima, está en función de garantizar la democracia y de que en este país se respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario”, concluyó Flores.
Por otra parte, Gallón dijo que la actitud de Uribe ”es un incumplimiento flagrante de los compromisos adquiridos por el gobierno colombiano con los países que tienen agencias de cooperación activas con Colombia”.
”Una de las recomendaciones que ha formulado reiteradamente el Alto Comisionado de la ONU está orientada a garantizar el trabajo legítimo de los defensores de derechos humanos”, recordó.
”Las organizaciones no gubernamentales mantenemos nuestra disposición a la interlocución con el (Poder) Ejecutivo, que es un derecho que hemos reivindicado y que hemos logrado afianzar con el esfuerzo de muchos años”, aseguró.
”Es el gobierno el que ha roto esa comunicación y ha creado unas condiciones muy difíciles para que esa comunicación se dé en el futuro”, añadió.
Las sesiones de ”Colombia insiste en los Derechos Humanos” fueron descritas por Gallón como ”de mucha altura”.
”En un ambiente de reflexión y gran serenidad se miró de forma detenida y con profundidad muchos aspectos que nos aquejan en este momento”, finalizó.
