En un virulento discurso, el presidente de Colombia, Alvaro Uribe, arremetió contra los autores de un libro que analiza su primer año de gestión en materia de derechos humanos, acusándolos de «politiqueros» y «traficantes de los derechos humanos».
El balance, editado como libro por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, una red de 80 organizaciones no gubernamentales (ONG), contrasta la política presidencial con sus efectos sobre la sociedad, mediante análisis y cifras.
El informe "El embrujo autoritario: primer año de gobierno de Alvaro Uribe Vélez" critica las políticas gubernamentales respecto del Estado, la justicia, la economía y los derechos civiles y políticos.
También señala falencias en educación, salud, trabajo, vivienda y seguridad alimentaria, atribuyendo al gobierno la radicalización de políticas neoliberales iniciadas a comienzos de los años 90 que agudiza, según los autores, la dificultades para acceder a los derechos económicos, sociales y culturales.
Según "El embrujo autoritario", Uribe está desmontando todas las políticas públicas diseñadas en los ocho años anteriores para prevenir y enfrentar el desplazamiento forzado por la guerra civil, que afecta hoy a unos 3 millones de personas.
En el capítulo dedicado al sindicalismo, se admite que han disminuido las muertes, desapariciones forzadas y secuestros de trabajadores y dirigentes, pero se incrementaron las detenciones, las amenazas de muerte y los allanamientos sin orden judicial.
En política agraria, el informe señala que Uribe no tiene ninguna estrategia para revertir el proceso de expansión del latifundio, que en 1996 ocupaba 44 por ciento de la tierra cultivable y en 2001 llegaba a 62 puntos porcentuales. En el campo colombiano viven en la pobreza 12,4 millones de personas.
Para Uribe, los autores del libro publicado el lunes pertenecen al "sector politiquero de los derechos humanos", que están "al servicio del terrorismo" y copiaron muchas de sus críticas "de la página de Internet de las (izquierdistas) FARC", Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Esta guerrilla de origen campesino que cuenta con unos 17.000 combatientes, según las fuerzas militares colombianas, lleva 39 años alzada en armas.
Entre los autores del libro se encuentra el jesuita Centro de Educación e Investigación Popular (Cinep), a través de su Banco de Datos, la principal fuente periodística y académica sobre violaciones a los derechos humanos en Colombia.
También firma el trabajo el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que recibió el premio internacional Martin Ennals 2003, concedido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch, entre otras organizaciones.
Según el diario bogotano El Tiempo, los fundamentos del libro "son una categórica ruptura con la mayoritaria popularidad de la gestión presidencial según las encuestas de opinión".
Uribe dijo, refiriéndose al informe, que "la opinión pública siempre nos acompañará, no obstante las voces que tratan de desorientarla". La última encuesta de opinión sitúa a Uribe con un 73 por ciento de popularidad.
Desde julio de 2002 fueron asesinadas en Colombia al menos 7.000 personas por razones políticas, sostuvo Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, otra de las organizaciones coautoras del libro y con estatus consultivo ante la ONU. Uribe asumió el poder el 7 de agosto del año pasado.
"Esa cifra duplica la de hace cinco años, cuando se inició el gobierno de Andrés Pastrana" (1998-2002), apuntó Gallón. Apenas entre 25 y 30 por ciento de esas muertes fueron en combate.
Gallón calificó de "muy grave" la situación humanitaria en Colombia y agregó que la política de seguridad nacional de Uribe "ha originado la violación sistemática a los derechos humanos", y sostuvo que algunos datos gubernamentales "no son ciertos".
La reacción de Uribe tuvo lugar en la comandancia de la Fuerza Aérea. En un discurso de 25 minutos, pronunció 36 veces la palabra "terrorismo", y 19 veces "terroristas" y "terrorista".
En defensa de su gestión, el presidente formuló una original definición de terrorismo.
"Este gobierno está haciendo un gran esfuerzo para enfrentar un cuadro clínico de terrorismo: alto déficit fiscal, alto desempleo, aguda pobreza y alto endeudamiento", aseveró. "Y eso no se corrige de la noche a la mañana", agregó.
El mandatario opinó que quienes prepararon el informe son "escritores y politiqueros" que "le sirven al terrorismo y se escudan cobardemente en la bandera de los derechos humanos".
El agresivo tono de Uribe dio pie a pronunciamientos de la Unión Europea (UE), AI, la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo (ombudsman) y los aludidos.
El impacto del discurso de Uribe fue mayor pues tuvo lugar en la víspera de la instalación del encuentro nacional e internacional "Colombia insiste en los derechos humanos", con la presencia en Bogotá de José Manuel Vivanco, de Human Rights Watch, Susan Lee, de AI, el magistrado francés Philippe Texier, y Brian Tittemore, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
"La cooperación de los defensores de derechos humanos tiene la mayor importancia para la oficina del Alto Comisionado", sostuvo el director de la delegación de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en la materia, Michael Frühling.
"No se registran todavía hechos concretos" por parte del gobierno en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en abril por la ONU, añadió.
En un inusual comunicado, la delegación de la UE en Colombia reiteró su apoyo a la sociedad civil comprometida con los derechos humanos y la democracia y recordó que esos fundamentos son esencia de las relaciones exteriores del bloque.
Y la organización AI, con sede en Londres, señaló que los defensores de derechos humanos colombianos "han sido víctimas de asesinatos extrajudiciales y blanco de amenazas de las fuerzas de seguridad y de sus aliados paramilitares, quienes los tildan de subversivos para silenciar sus campañas en pro de los derechos humanos y la justicia".
"Es lamentable que el gobierno lance una campaña que los deja más expuestos al peligro", advirtió.
"Uribe se quitó la máscara ante el país", expresó Agustín Jiménez, del Comité de Defensa de los Presos Políticos, organización protegida por el Estado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. "Esta es la verdadera cara de Uribe", agregó.
El jurista Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados citado expresamente por el presidente, pidió al mandatario que pruebe en qué parte del texto se cita a las FARC. "Nos ponemos en las manos del presidente para cumplir el derecho de defender los derechos humanos en Colombia", señaló.
El abogado lamentó que Uribe "no acepte la crítica juiciosa de las ONG. Que lea el informe, porque no lo ha leído, puesto que apenas se está presentando públicamente en este momento", señaló.
